Normativa fue impulsada por cabeza del Ministerio Público
«Es una norma pedida por los fiscales para resguardar la integridad de sus investigaciones y no afecta las investigaciones sobre platas políticas porque, en general, estas son de carácter público», sostuvo el senador PPD.
El senador PPD Felipe Harboe, miembro de la Comisión de Constitución del Senado, fue el primero en proponer una sanción exclusiva para fiscales o sus ayudantes cuyas actuaciones afectasen el cauce de una investigación penal.
«Es una norma pedida por los fiscales para resguardar la integridad de sus investigaciones y no afecta las investigaciones sobre platas políticas porque, en general, estas son de carácter público», dijo Harboe, como consigna La Segunda.
La idea del senador fue recogida por el Fiscal Nacional subrogante, Andrés Montes, que luego propuso ampliar el castigo a los intervinientes, es decir, imputados y querellantes. “Muchas filtraciones de la carpeta investigativa son realizadas por personal ajeno”, dijo en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
En ese momento, Javiera Blanco, la titular de Justicia, planteó redactar una indicación que patrocinaría el Poder Ejecutivo. La modificación ingresada en enero llevaba la firma del Vicepresidente de la República, el DC Jorge Burgos.
Pero de acuerdo a Hernán Larraín, miembro de la Comisión de Constitución y presidente de la UDI, no solo Montes recogió la idea de Harboe, sino que la normativa fue impulsada por el titular del Ministerio Público. «Se fueron viendo cada uno de los temas propios de esta agenda con la presencia del Fiscal Nacional y el Ministerio Público y con la presencia del Ejecutivo, y cuando surgieron estos temas fueron ellos los que plantearon la conveniencia de avanzar en sancionar con más fuerza las filtraciones», dijo.
La ley actual dice que toda persona que por cualquier motivo tenga conocimiento de las actuaciones de la obligación, tiene el deber de guardar secreto respecto de ellas. Pero luego explicita que, de romper la reserva, solo podrán ser sancionados los empleados públicos involucrados.
La indicación al artículo 182 del Código Procesal Penal, la nueva “ley mordaza”, sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio a cualquier persona que viole las normas sobre secreto establecidas en ese artículo.
«Esta indicación obedece a las sugerencias que han surgido durante la discusión», dijo Blanco durante el debate de la indicación que establece penas para cualquier persona sin precisar su función, y que fue aprobada por unanimidad.
Felipe Harboe, por su parte, insiste en que la norma no debería aplicarse a los medios de comunicación, sino que circunscribirse exclusivamente a las declaraciones secretas del Ministerio Público, en causas relacionadas con narcotráfico, lavados de activos, etc.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el PS Alfonso de Urresti, se sumó a su par PPD y agregó que «eso se aplica a los que tienen deber de resguardar el secreto. En ese caso la culpa no es la del que la recibe. No pondría el problema en la prensa».
La utilidad de la ley en casos de narcotráfico es uno de los argumentos esgrimidos para justificar la modificación de la norma que sanciona filtraciones de información. Sin embargo, la ley 20.000 sobre drogas contemplaba estos resguardos con antelación. En su artículo 31° dispone que, para proteger a los testigos, el tribunal debe decretar la prohibición de revelar la identidad en cualquier forma.
«La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá, además, a su director, una multa de 10 a 50 UTM», dice la ley.
El jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, tuiteó el fin de semana que «hay buenas razones para sancionar filtraciones, proteger presunción de inocencia, calidad de investigación, secretos de las víctimas, etc.». La declaración de Castillo ha sido lo más cercano a información proveniente del Ejecutivo, ya que el Gobierno como tal no se ha pronunciado al respecto.
El senador independiente y ex presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, dijo anoche en TVN que “le pasaron un gol” con la norma que sanciona las filtraciones. Luego agregó que “es tal la presión del medio, del Gobierno y el propio Congreso que ocurren estas cosas».
Finalizó diciendo que hay que sacar un aprendizaje de esto para que “los proyectos de ley se discutan con seriedad, artículo por artículo».
Hernán Larraín respondió a Guillier diciendo que la nueva norma «no pasó nada de colada, la discutimos largamente en la comisión, porque si un fiscal decreta la reserva de una investigación que dura 40 días prorrogable por otros 40, si el mismo fiscal o alguien de su equipo la filtra, obviamente está haciendo trampa en solitario».
A lo anterior, Larraín agregó que “algunos fiscales trabajan la investigación en forma reservada, pero van soltando información y haciendo una especie de doble juicio por la prensa”. Luego aseguró que la iniciativa legal es una forma de evitar “este juego, que deja en la indefensión a los imputados”.
