Nepotismo, arbitrariedades y pitutos
Más de diez proyectos de reforma al sistema notarial y registral en Chile se encuentran en primer trámite en la Cámara desde 2008. Nepotismo, tarifas altísimas e ineficacia en la fiscalización son solo algunos de los problemas que encierra el mundo de notarios, conservadores y archiveros judiciales. Hay quienes acusan lobby, tráfico de influencias, falta de voluntad de parte del Ejecutivo y legisladores, y entre todos se culpan. Por la razón que sea, ninguna modificación ha logrado ver la luz. Hace un mes dos notarios fueron removidos de su función por irregularidades en la certificación de firmas de candidatos presidenciales. ¿Qué tiene que pasar para hacer del negocio de la fe pública un servicio a la comunidad?
Un hombre entra en la notaría de una ministra de fe pública recientemente destituida y se acerca a un mesón. Es temprano y, desde que abrió, la oficina está llena.
–Oiga, no poh, si me dijeron que aquí no hay que traer carné –le dice molesto a una funcionaria cuando esta le pide que se identifique para realizar un trámite.
–Lo que pasa es que cambió la notaria, ¿no sabía? –le responde la empleada en voz baja.
Más temprano que tarde todos nos relacionamos con notarios, conservadores de Bienes Raíces o archiveros judiciales, los llamados auxiliares de la administración de justicia. Prácticamente no existen trámites legales en Chile que puedan hacerse sin la intervención de un ministro de fe pública. En definitiva, poco podemos hacer sin pagarles, pues dependemos de sus firmas, lo que hace del ejercicio notarial y registral una presa bastante apetitosa.
Los garantes de la buena fe se encuentran jerárquicamente bajo los miembros de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Hasta mayo de 1995 los cargos eran vitalicios. A partir de ese año una modificación legal puso un límite de edad, 75 años, que en la práctica no es más que un maquillaje al carácter perpetuo del ejercicio. Una verdadera nobleza chilensis.
Estos nobles chilenos son ungidos a través de un proceso en el que participan los ministros de las Cortes de Apelaciones y el poder Ejecutivo. Los primeros confeccionan una terna y el ministro de Justicia o el Presidente de la República, elige.
“A veces la elección es a nivel de Ministerio (de Justicia), pero si el postulante es amigo o cercano al Presidente (de la República), el Presidente le pide al ministro que cambie el nombre del decreto. A veces el decreto va hecho con un nombre y en el intertanto cambia, cuando el postulante estaba seguro de que había sido nombrado”, afirma un funcionario del Poder Judicial. Este asegura que los ministros de las Cortes de Apelaciones necesitan apoyo político para ser nombrados y ese apoyo después hace que algunos se sientan autorizados a pedirles que voten por uno u otro candidato a notario.
En el sistema notarial y registral en Chile abundan las relaciones de parentesco. Lo anterior pese a que el Código Orgánico de Tribunales, texto que rige el funcionamiento del Poder Judicial y la administración de justicia en general, estipula que no pueden ser nombrados notarios o conservadores quienes tengan parentesco con algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones.
En noviembre de 2015, ‘El Polígrafo’ de El Mercurio aseguraba que 100 de los 349 notarios que ejercían en ese momento en Chile eran parientes directos de otros notarios o de altos funcionarios públicos. Entre ellos, ministros de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, encargados de confeccionar las ternas para la elección de los ministros de fe pública. “En el nombramiento de notarios y conservadores intervienen dos poderes del Estado, no sé qué más transparente podría ser”, afirma un funcionario del sistema notarial al respecto.
Notarios hijos de otros notarios; hermanos notarios; hermanos notarios hijos, a su vez, de un notario; notarías que hijos heredaron de sus padres y, así, suma y sigue. Un ejemplo inaudito es el de Luis Maldonado Concha, notario en La Cisterna, hijo de Luis Maldonado Croquevielle, conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien además es nieto de Luis Maldonado Boggiano, ex presidente de la Corte Suprema y sobrino de Mónica Maldonado Croquevielle, quien hasta junio de 2015 fue fiscal judicial del máximo tribunal del país, constataba ‘El Polígrafo’ a fines del año pasado.
Alfredo Martin, actual presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, no se escapa de la norma. Su padre, Ricardo Martin Díaz, fue ministro de la Corte Suprema entre 1964 y 1971 y abogado integrante de la máxima instancia judicial hasta que renunció en 1990. Ese año la misma corte designó a este senador de la República por ocho años, hasta 1998. Mientras se encontraba ejerciendo el cargo, su hijo Alfredo ingresó a la carrera notarial en Buin, en 1997. En 2000 ascendió a una notaría de San Miguel hasta agosto de 2004, cuando fue nombrado notario de la 15ª Notaría de Santiago, en Providencia.
Casos similares hay en todo el país, pero resultan más llamativos aquellos que tocan a autoridades y personalidades políticas de alta notoriedad. Polémico fue el nombramiento como notario de Coquimbo de Miguel Bauzá, marido de la senadora Lily Pérez, durante el Gobierno de Sebastián Piñera en 2013. Mauricio Bertolino fue nombrado notario titular en Colina en 2007, época en la que su hermano, Mario Bertolino, era diputado por RN en La Serena. Lya Cabello Abdala es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel y su pareja, Haroldo Brito, es ministro de la Corte Suprema. Notario en Osorno es José Dolmestch, hermano del actual presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
Eugenio González es cientista político, cercano a Guido Girardi y conocido por hacer lobby en el Congreso y en el Palacio de Tribunales a favor de distintas personas, entre ellas José Morales –según constataba El Mostrador en octubre de 2015–, quien fuera candidato a la Fiscalía Nacional a fines del año pasado. “Es un gallo que tú lo ves y te anda ofreciendo ayuda, está en las ceremonias, se atribuye mucho poder. Siempre va al Congreso o a Tribunales y les ofrece ayuda a los ministros de la Suprema”, asegura un funcionario del Poder Judicial y agrega que “consiguió (Eugenio González) que su pareja fuera puesta en la terna para la notaría de San Miguel y la ganara. «Te apuesto que dentro de poco va a postular a Santiago”, dice. Entre 2006 y 2015, Manuel Valderrama ejerció como ministro de la Corte de Apelaciones de la capital y en 2015 fue nombrado ministro de la Corte Suprema. En febrero de 2008 su mujer, Miriam Escobar, fue nombrada notaria, conservadora de minas y archivera judicial de Buin, dependiente de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y es que los territorios no son fortuitos.
Los notarios ejercen en comunas, agrupaciones de comunas o en asientos de corte, es decir, jurisdicciones donde hay Corte de Apelaciones. Estos últimos son los puestos más apetecidos, porque la ley indica que quienes se desempeñan en esas notarías tienen preferencia para llegar a ser ministros de fe en un asiento de corte más alto. Así, un notario de San Miguel tiene preferencia en la terna para ocupar un cupo vacante en una notaría de Santiago, lo que eleva su estatus. Y sus ingresos. No es lo mismo ser notario en San Miguel con posibilidad de pasar a Santiago, que en Puerto Cisnes. La única excepción a la regla es Juan Fernández, con asiento en Valparaíso, donde los notarios y conservadores “hacen patria”, para pasar al puerto y acercarse a su Corte de Apelaciones después de un tiempo de ejercicio.
El 20 de abril de 2015 la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la terna que sería enviada al Ministerio de Justicia para la designación del conservador de Bienes Raíces de esa ciudad. El cargo –muy apetecido por tratarse de una región minera y que vive un boom inmobiliario que ha llevado a que algunos la llamen “la nueva Dubai”–, quedó vacante tras la remoción de Ernesto Camus, por registrar distintas sanciones durante su ejercicio y cuyo desempeño fue calificado como deficiente. Los elegidos de la terna fueron María Soledad Lascar, notaria en Antofagasta; Ernesto Montoya, notario en Rancagua; y Fernando Gomila, titular de la cuarta notaría de Santiago, que fue el nominado del Ejecutivo y nombrado conservador el 11 de junio de 2015. Cuando solo faltaba la toma de razón por parte de Contraloría, a 12 días de ser nombrado, Gomila desistió del cargo.
Según testigos del proceso, el objetivo de Gomila era modernizar el conservador, hacerlo completamente nuevo. Pero no sabía con qué se toparía cuando pidió los contratos de los funcionarios mientras postulaba al cargo y Camus no se los entregó porque, según le dijo, no los tenía. Cuando el notario de Santiago llegó a Antofagasta, se encontró con que “había gente que llevaba siete, ocho, diez años trabajando a honorarios en circunstancias que existía una relación laboral y todos ellos van a poder demandar todas sus imposiciones cuando quieran. Su idea no era asumir un cargo para tener juicios con todo el mundo”, aseguran las mismas fuentes.
Recientemente arribado a la Segunda Región, Fernando Gomila acompañado de abogados de Santiago, se reunió con el sindicato de trabajadores del conservador para informarles que quería capacitarlos, dejar a los mejores y pagarles todo lo que correspondiera a los que tuvieran que irse. Pero, de acuerdo a lo afirmado por algunos involucrados, “recibió propuestas que lo habrían obligado a vivir capturado por algunos personajes” y se dio cuenta de que tenía que renunciar.
Testigos aseguran que lo que finalmente hizo que Gomila desistiera del nombramiento tuvo relación con los excesos pactados por su predecesor, Ernesto Camus, con los funcionarios del conservador. “Había que tener 30 litros de agua mineral al día (en la oficina del conservador). Si lo miras, es un decálogo de derechos de los trabajadores, que está bien, pero sin ninguna responsabilidad y era excesivo: reajuste semestral, obligaciones de crédito blando, 14 sueldos al año, no 12, 14, muchos bonos, etc. Y el conservador no tenía el plan de cumplirlos, porque ya estaba sancionado, en tela de juicio y sabía que iban a notificarlo (de su destitución). El convenio se hizo tres días antes de la notificación, lo notificaron, se fue y no volvió más”, afirman fuentes cercanas al hecho.
En julio de 2015 entró en vigencia el lineamiento que exige rendir un examen de conocimientos, una evaluación psicosocial y el análisis de antecedentes curriculares para postular al cargo de notario o conservador.
El acta que hizo efectiva la aplicación del nuevo procedimiento promovido por el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, indicaba que se buscaba resguardar la efectiva operatividad, transparencia, no discriminación, independencia del ente selector e igualdad de expectativas y oportunidades tanto en la convocatoria como en la participación de los certámenes. El mecanismo derivó de un acta que no está en la ley, por lo que no es vinculante, es decir, no obliga a los magistrados a votar por quien obtenga el máximo puntaje, por lo cual funciona como una especie de recomendación.
“Los puntajes son asignados por pruebas que no sabes quién las tomó ni de qué se tratan. Es un sistema que viene mandado por Muñoz y los ministros no saben nada más. Los ministros no confían en los psicólogos de la Corporación (Administrativa del Poder Judicial) ni en el apoyo que entregan”, explica un empleado del Poder Judicial.
Un mes después de la entrada en vigencia del procedimiento, en agosto de 2015, se abrió el concurso para llenar la vacante de la 48ª Notaría de Santiago, ex Musalem. Al concurso calificaron 13 notarios, entre ellos Eduardo Tavolari, Fernando Laso, Gloria Ortiz, Jaime Bernales, Abner Poza, Dora Silva, Rubén Reinoso, Soledad Lascar, Roberto Cifuentes y Andrés Rieutord, según consta en el expediente rol N°1198-2015, disponible en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Por primera vez se ponía en práctica el nuevo sistema de nombramientos del Poder Judicial. El máximo que podían obtener los postulantes eran 90 puntos. Soledad Lascar lideró el certamen con 87,97, Tavolari, Laso, Bernales y Poza obtuvieron más de 70 puntos, Roberto Cifuentes alcanzó 63,41 y Andrés Rieutord 62,65. La terna quedó conformada por Lascar, Cifuentes y Rieutord, habiendo ingresado los dos últimos a la carrera notarial a mediados de 2014 y siendo penúltimo y último en el concurso, respectivamente.
El triunvirato fue elaborado por la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente reclamado ante la Corte Suprema por notarios que se sintieron afectados por haber obtenido puntajes más altos y tener más antigüedad, entre ellos Laso y Reinoso, según consta en el expediente. Pero el 15 de enero de 2016 la Suprema comunicó su resolución: “Encontrándose ajustada a derecho la terna formada por la Corte de Apelaciones de Santiago (…) se rechazan las reclamaciones formuladas (…)”. Así, el trío quedó confirmado.
[cita tipo=»destaque»]La corte destituyó a Acharán, pero todo en la 42ª Notaría de Santiago le pertenece. Y es que además de computadores, impresoras, sillas, timbres y tinta propios, tenía un modelo de negocio propio incompatible con lo que establece el Código Orgánico de Tribunales. Cuando la notaria interina, Carmen Soza Muñoz, llegó a la notaría a ocupar el puesto que ostentaba hasta hace poco tiempo María Gloria Acharán Toledo, se dio cuenta de que no solo funcionaba en el sexto piso del edificio, sino que tenía oficinas en otras plantas. Acharán le dijo a Soza que por el arriendo de todas ellas le cobraría una cifra cuatro veces mayor que la que ella pagaba por arrendar las dependencias.[/cita]
María Soledad Lascar fue nombrada notaria por primera vez en 2005 y actualmente ejerce en Antofagasta, en 2015 postuló a la vacante del conservador de esa ciudad sin éxito, está casada con Víctor Manuel Rebolledo –ex diputado PPD condenado en 2003 como coautor de cohecho en el marco del Caso Coimas–, y tenía el mejor puntaje de presentación cuando la terna llegó al Ministerio de Justicia.
Roberto Cifuentes, que ostentaba el segundo mejor puntaje del trío, fue notario un año en San Miguel, embajador de Chile en Alemania en 1994 y lo nombraron miembro del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana en 2002. Según consta en el expediente del certamen, el nombre de la persona que otorga referencia en su currículum es el ex Presidente Patricio Aylwin.
El tercero en concurso, Andrés Rieutord, ingresó a la carrera notarial en agosto de 2014, cuando fue nombrado notario en San Miguel. Es profesor universitario, fue defensor penal y renunció a la Defensoría Regional en 2011, año en que se integró como socio al estudio de abogados del ex presidente de la Corte Suprema entre 2004 y 2006, Marcos Libedinsky, que también es su suegro.
En febrero de 2016, el Ejecutivo informó su decisión: Roberto Cifuentes Allel era nombrado notario de la 48ª Notaría de Santiago. “El Ministerio de Justicia en declaración a El Mercurio en diciembre de 2015 sentó lo que sería su doctrina, pero en el primer concurso de la Región Metropolitana en una notaría muy importante, sin ninguna razón objetiva –méritos, trayectoria, antecedentes–, no lo respeta y no hay explicación ni justificación alguna”, dice un cercano al asunto. Distintas fuentes cercanas al Poder Judicial afirman que los principales vicios están ahí mismo, incluso más que en el poder político.
“Los hechos son públicos, notorios. Los expedientes están en Contraloría. Están nombrando a la persona con los últimos puntajes (Roberto Cifuentes Allel), con menos antecedentes, menos calificación. La Corte Suprema borró con el codo lo que hizo con la mano”, advierte un cercano al proceso y agrega que Haroldo Brito, ministro de la Corte Suprema desde 2008 y conocido por haber hecho lobby en favor del nombramiento de su pareja, Lya Cabello, como fiscal judicial de la misma instancia, según constataba El Mostrador en septiembre de 2014, fue quien intercedió por Cifuentes. Al ser contactados por este medio, ni Roberto Cifuentes, ni Brito, ni su secretario Cristián Bahamonde, contestaron llamados ni correos.
Desde el círculo interno del Poder Judicial hay quienes creen que el mecanismo impuesto por Muñoz finalmente es menos transparente, porque los ministros no tienen relación con los psicólogos que hacen las pruebas ni saben cómo las hacen. Les llega un puntaje que no entienden cómo se midió. A pesar de eso, un funcionario del Palacio de Tribunales de Justicia afirma que “el problema con Roberto Cifuentes es otro, él es un político neto”.
Como todo noble que se precie, nuestros notarios ocupan muchos días en el año en vacaciones y trámites personales. Para suplir sus ausencias proponen un sustituto a la Corte de Apelaciones de su jurisdicción que, según una funcionaria del Poder Judicial, nunca es reprobado por el ministro respectivo. Pero tampoco es ministro de fe pública.
Aquí se produce un vacío muy grande porque, por una parte, los reemplazantes no han sido designados ministros de fe pública sino que son particulares elegidos por los propios notarios. Por otra parte, los escribanos son funcionarios públicos, pero las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el Código del Trabajo y su responsabilidad no puede hacerse efectiva en caso de cometer un error o un delito, por no ser miembros del Poder Judicial. Como no hay sanción, no hay registro y la memoria es frágil, sobre todo cuando los reemplazantes son hijos o parientes de los notarios titulares, en opinión de un empleado de Tribunales.
Una persona cercana al mundo de notarios y conservadores asegura que las Cortes de Apelaciones aplican sanciones administrativas a los suplentes que cometen negligencias y agrega que actúan bajo la responsabilidad del titular. Es recurrente en el sistema notarial que hijos de titulares reemplacen a sus padres en el cargo. “No se puede entregar la fe pública a cualquier persona, por eso es evidente que no se puede nombrar suplente a cualquiera. Es tan delicada la función”, asegura.
Pero la relación con los subrogantes no es lo único que se rige por el derecho privado. Los locales que se arriendan, las mesas, los computadores y todo lo requerido para funcionar dentro de las oficinas notariales y registrales es privado, es decir, costeado por el propio notario o conservador. Si jubila, lo destituyen o se va por cualquier otra razón, todo queda ahí y su reemplazante tiene que decidir qué hacer con ello.
Irregularidades en la validación de firmas de las candidaturas presidenciales de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt en el marco del Caso Firmas, decantaron en que el pleno de la Corte Suprema removiera del Poder Judicial a los notarios formalizados por esos hechos, Roberto Mosquera y Gloria Acharán.
“Pero no hicieron ningún acto de corruptela (Acharán y Mosquera), la gente no se imagina la presión que ejercían los políticos. Qué pasó con estos dos: aquí hubo un error de ser demasiado buenas personas. Fue un descuido y una mala interpretación de la norma legal. Es un problema del Código Orgánico de Tribunales”, asegura una persona del círculo íntimo de notarios y conservadores.
Independientemente de las interpretaciones al respecto, la corte destituyó a Acharán, pero todo en la 42ª Notaría de Santiago le pertenece. Y es que además de computadores, impresoras, sillas, timbres y tinta propios, tenía un modelo de negocio propio incompatible con lo que establece el Código Orgánico de Tribunales.
Cuando la notario interina, Carmen Soza Muñoz, llegó a la notaría a ocupar el puesto que ostentaba hasta hace poco tiempo María Gloria Acharán Toledo, se dio cuenta de que no solo funcionaba en el sexto piso del edificio, sino que tenía oficinas en otras plantas. Acharán le dijo a Soza que por el arriendo de todas ellas le cobraría una cifra cuatro veces mayor que la que ella pagaba por arrendar las dependencias.
Tales oficios son propiedad de la sociedad Asesorías e Inversiones Santa Graciela Limitada, empresa constituida en el año 2000, cuyos socios actuales son Felipe Andrés Alegre Acharán, hijo de la ex notaria; María Lucrecia de las Mercedes Toledo Astudillo, su madre; y Mitchel Isaac Rojas Escobar. Desde su creación hasta la actualidad distintos socios han pasado por Santa Graciela. Entre ellos, Pedro Pablo Alegre Acharán, otro hijo, y Marco Solano, con quien Gloria Acharán tuvo una hija, María Graciela, en 1992.
La sociedad que también arrendaba los locales ubicados en la calle Matías Cousiño a Gloria Acharán, le cobraba más de $5 millones mensuales a la ex ministra de fe pública. Gastos todos que en definitiva permitían reducir la base imponible y los impuestos de la notaría y al mismo tiempo generaban ingresos familiares. Finalmente, según cercanos, Acharán y Soza llegaron a un arreglo un poco más bajo que el inicial, pero que sigue siendo más alto que el arriendo que la ex escribana pagaba.
La notaría Acharán tiene casi 50 funcionarios propios y otra cantidad que trabaja, dentro del oficio, para la sociedad Santa Graciela. Según una persona cercana a la notaría, Carmen Soza no tiene claridad exacta sobre quién, dentro de la oficina, trabaja para ella y quién es empleado de la sociedad. Una funcionaria que pasa todas las tardes en la notaría en Santiago Centro trabaja durante las mañanas en Rabobank en la Ciudad Empresarial de Huechuraba. De acuerdo a cercanos, asegura que no trabaja para la notaría y tampoco para el banco, sino que es empleada a honorarios de la sociedad familiar, actuando como nexo entre las dos instituciones. Cabría preguntarse por qué una funcionaria de una sociedad trabaja al interior de una entidad financiera como nexo con una notaría del centro de la ciudad, en circunstancias que la Notaría Bertolino de Huechuraba, por ejemplo, está mucho más cerca del banco que la calle Matías Cousiño.
Carlos Alberto Cárdenas, asesor y hombre de confianza de Gloria Acharán en sus propias palabras, explica que la cifra millonaria que la ex escribana quiere cobrar por arriendo a la actual notaria interina responde a que el trato no es solo por oficinas, sino también por un servidor de alta tecnología y el sistema de captación de clientes. Además señala que si el precio del arriendo fijado se compara con el de la notaría Musalem, no habría grandes diferencias.
Consultado respecto al rol de la sociedad Santa Graciela, Cárdenas explica que “es lo normal que así funcionen las notarías”. Agrega que la sociedad del hijo y la mamá de la notaria que convirtió la fe pública en una línea de producción automatizada de fábrica china, cuando por la naturaleza de función pública de su labor debió trabajar con la lógica de una sastrería a medida, es una forma de captar clientes, y no busca beneficiar a su familia.
“En Acharán pasa lo mismo que sucedía en Musalem. Si divides la cantidad de documentos firmados, por el tiempo que se demoran los notarios en revisar los archivos y firmarlos, te das cuenta de que es imposible que lo hayan hecho. Pasan timbres y les enseñan sus firmas a algunos empleados, pero si los titulares las reconocen como propias no hay cómo acreditar lo contrario”, dice un empleado del Poder Judicial.
En septiembre de 2013, Raúl Perry Pefaur jubiló y renunció a la 21ª Notaría de Santiago. Nombraron a César Sánchez como notario interino, pero duró un mes y lo sucedió Pedro Aylwin, que estuvo cuatro meses en el cargo. El 3 de marzo de 2014, Myriam Amigo llegó desde una notaría en La Cisterna a llenar la vacante.
La Notaría Perry tenía muy mala fama, a juicio de cercanos, porque se comentaba que sus empleados hacían lo que querían. “Cada funcionario hacía de jefe de registro, una especie de notario chico. La gente firmaba ante ellos, no ante el titular”, agregan.
La notaría estaba en una galería en la calle Ahumada y los trabajadores estaban dispersos en distintos lugares del edificio. No había posibilidad de controlarlos, según testigos del arribo de Myriam Amigo en 2014. La corte prohíbe que haya oficinas disgregadas, la notaría tiene que ser un solo cuerpo y los funcionarios de Perry, de acuerdo a cercanos, aprovecharon el desorden existente para mandarse solos. En algunas ocasiones la Corte de Apelaciones de Santiago hizo observaciones, pero Perry no cambió nada.
Según un miembro del Poder Judicial, cuando Amigo llegó a la notaría se dio cuenta de que no podía asumir en un lugar de esas características, pidió permiso a la corte y se cambió de la calle Ahumada a Miraflores, ambas en Santiago Centro.
En la misma galería en la que funcionaba Perry Pefaur, un piso más abajo, estaba la notaría de Sergio Carmona. Cuando Amigo se cambió a la oficina de Miraflores, Carmona ocupó la oficina de la ex notaría Perry sin autorización. La mitad de los 97 funcionarios de Perry se fueron con Amigo y un grupo se autodespidió porque el notario anterior no los finiquitó y esperaban que su reemplazante lo hiciera. Pero ella dijo que no despediría a nadie. El resto se quedó trabajando en Carmona o emigró a otras notarías.
Lo que siguió fue una tortura para Amigo, recuerdan cercanos. De los trabajadores que se fueron con ella muchos alegaron incumplimiento de contrato y reclamaron sus indemnizaciones. Pero la notaria ganó los juicios y no tuvo que pagarlas.
Sumándose a las irregularidades de los funcionarios, al llegar Amigo se dio cuenta de que Pedro Aylwin, su antecesor, el 28 de febrero, sabiendo que ella llegaba el 3 de marzo, reservó una cantidad enorme de repertorios. Todas las matrices estaban revueltas, desde julio de 2013 que no había empaste y había más de 11.500 matrices de escrituras públicas perdidas, aunque la ley indica que esos documentos no pueden salir de las notarías. Estaban en cualquier parte menos donde tenían que estar, aseguran las mismas fuentes.
El ministro de la Corte de Apelaciones Juan Cristóbal Mera dio cuenta de la situación al pleno del tribunal. Los responsables de que los archivos no estuvieran empastados eran Perry, Sánchez y Aylwin, porque todos ejercieron en algún período transcurrido entre julio de 2013 y la llegada de Amigo, pero la causa se sobreseyó. En julio de 2014, Pedro Aylwin fue nombrado flamante notario, conservador y archivero judicial en Diego de Almagro.
“El gran problema es que los funcionarios de las notarías no son funcionarios del Poder Judicial, entonces las cortes no pueden sancionarlos. Sería ideal que cuando un notario nuevo asume pueda armar su equipo con funcionarios propios y de su confianza, pero la ley no lo permite, porque hay funcionarios con sueldos millonarios a los que hay que pagarles indemnizaciones y es imposible”, afirma un empleado judicial.
Los trabajadores de Perry se llevaron clientes, perdieron repertorios, demandaron a la notaria en la Inspección del Trabajo e hicieron campaña en la oficina para que los despidieran con sus indemnizaciones, cuentan testigos, y agregan que todavía hay ex funcionarios de Raúl Perry, algunos con querellas incluso, trabajando en otras notarías.
“Por testamentos los ministros visitadores de las Cortes de Apelaciones aceptan que los notarios cobren hasta $40 mil, pero varias veces han visto que cobran hasta $100 mil y les han ordenado que devuelvan el excedente. Algunas veces lo hacen, pero muchas veces se archiva no más”, dice un empleado del Poder Judicial.
El arancel que deben cobrar notarios y conservadores por los trámites que realizan está fijado en el Código Orgánico de Tribunales y desde 1998 no ha sufrido ninguna modificación. Los notarios reclaman que la inflación ha aumentado y ellos aplican el reajuste, y la Corte de Apelaciones de Santiago ha enviado varios oficios al Ministerio de Justicia para que haga un estudio y modifique los valores, pero no han recibido ninguna respuesta de parte del Ejecutivo, agrega el mismo funcionario.
“Desgraciadamente no se estableció el reajuste por el IPC, que ahora va casi al 80%. En 20 años más esta tarifa no se va a sostener. Es una locura”, manifiesta un cercano al círculo interno del sistema notarial y registral. Además agrega que en dos ocasiones la Corte Suprema envió oficios al Ministerio de Justicia firmados por Sergio Muñoz, ex presidente de la máxima instancia judicial, para que se reajustaran las tarifas al menos de acuerdo a la variación del IPC. “Pero no sé por qué razón que no me explico, salvo que en este país se hace lo políticamente correcto, no se reajustó”, dice.
El economista y académico Claudio Agostini es conocido entre notarios y conservadores porque en más de una ocasión ha evidenciado prácticas irregulares dentro del sistema. “Esta cuestión es cara, es costosa para la economía del país. Hay muchos trámites que no deberían hacerse en notarías”, dice Agostini. Asimismo, está de acuerdo en que los montos deberían ajustarse, pero agrega que en el fondo las tarifas ya se reacomodaron porque los notarios cobran lo que quieren. “El problema se arregló solo. No les subieron las tarifas, las subieron ellos, nadie los fiscalizó y ahí quedó. Entonces el sistema se desvirtuó; tienen el monopolio y cobran lo que quieren con la venia de quienes deberían sancionarlos y con la excusa de que no se han reajustado las tarifas”, dice el académico.
“Si hay alguien que quiere que de una vez por todas exista una normativa legal adecuada, son ellos”, asegura un cercano al círculo íntimo de los notarios. “Luchan contra un estigma tremendo, te aseguro que no habías pensado en la confianza que les tiene la gente cuando les deja un vale vista endosado en blanco. A ellos, no a sus abogados. La gente asume la confianza en el notario como algo natural, pero es algo que las personas deberían valorar poder tener”, agrega.
Desde 2008 más de diez proyectos de reforma al sistema notarial y registral duermen en la Cámara de Diputados. Distintos gobiernos, ministros y legisladores presentaron proyectos que difícilmente fueron puestos en tabla y ninguno pasó del primer trámite constitucional.
En la página web del Ministerio de Justicia se anuncia, sin fechas ni plazos, que de todos los proyectos en tramitación, tres se refundirán en uno para realizar una reforma armónica. El primero data de 2008 y sus autores son Andrés Velasco y Carlos Maldonado, ministros de Hacienda y Justicia de la época, respectivamente. El segundo, firmado por Pablo Longueira y Teodoro Ribera, titulares de Economía y Justicia del Gobierno de Piñera, es de 2012 y modifica los nombramientos y funciones de notarios y conservadores. El tercero, de 2013, moderniza y fortalece la fiscalización y el funcionamiento y también fue firmado durante la administración del empresario por Patricia Pérez.
Pero muchos otros proyectos quedaron en el tintero y nada dice que ahora sí se dará celeridad al asunto. Juan Luis Castro, diputado socialista y autor de uno de ellos, asegura que su texto no ha tenido tramitación por falta de voluntad del Ejecutivo. No se votó, solo fue ingresado. “Lo que pasa es que los notarios hacen un lobby atroz”, afirma un legislador de la oposición que participó de cerca en la generación de otro de los proyectos y agrega que “ahora están enojados porque el refichaje es gratis y cuando el proyecto se discutió, entiéndeme: los notarios en masa llamando a los diputados”.
Pedro Araya, senador independiente y nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, dice que “lo que pasa es que distintos gobiernos han planteado fórmulas pero han sido retiradas. No creo que sea por el lobby de notarios, tiene que ver con que ningún gobierno ha tomado la decisión de modificarlo (el sistema), porque la tradición ha funcionado. Hay consenso en reformar, pero no en el tipo de reforma”.
“Trabajamos por meses con el Ministro de Justicia, con la asesoría del BID y el Banco Mundial. Pero una vez ingresado el proyecto, nos costó mucho que se pusiera en tabla y nunca siquiera llegó a votarse”, explica Andrés Velasco, autor del proyecto de 2008 que busca refundirse con los otros dos. Cuestionado acerca del posible lobby por parte de los notarios, Velasco asegura que no le consta, pero la renuencia de parlamentarios de todos los colores políticos sugiere que a los afectados no les gustaba para nada el proyecto y se lo hicieron saber a los legisladores. Finalmente, agrega que “si se refunde con los otros (su proyecto de 2008), tendría la fuerza del consenso de varios gobiernos en el pasado reciente. Pero ni siquiera en ese caso está garantizado que el proyecto avance”, apunta.
En su estudio de Coordenadas Políticas de diciembre de 2015, el Centro de Estudios Públicos Plural Chile señala con respecto a la discusión del proyecto de 2008: “A pesar de ser una iniciativa gubernamental, el proyecto no pudo ver la luz debido al fuerte lobby y reticencia del gremio notarial para su implementación”.
Desde el círculo interno de conservadores y notarios responden diciendo: “Ojalá tuviéramos la capacidad de hacer lobby que dicen que tenemos. No nos habrían quitado funciones, por ejemplo. Desde que se cambió la obligación de inscribir prendas del conservador al Registro Civil, el trámite pasó de costar $3.400 a $34.000 y nadie reclama. Aquí parece que el tema es quién recibe la plata, no el monto”.
En 2010, Felipe Bulnes anunció una reforma al sistema notarial y registral que incluía un sistema de selección por concurso público, fiscalización efectiva y licitación de la gestión de las notarías, otorgada al que ofreciera el menor precio. Claudio Agostini decía en enero de 2012 a Diario Financiero que los notarios se opusieron a la licitación y la propuesta ni siquiera llegó a Valparaíso.
El 6 de junio de 2012 Teodoro Ribera, el ministro de Justicia del momento, anunció que un nuevo proyecto ingresaría al Congreso. Curso obligatorio para ser notario, tener menos de 75 años, incorporación de firma electrónica y fiscalización del Sernac de las tarifas fijadas por el Ministerio de Justicia, fueron los ejes. Sin licitación, que según la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile habría hecho peligrar la certeza jurídica de su ejercicio. “Teodoro Ribera agarró la reforma de Bulnes, la puso aguachenta y a los notarios les encantó”, sostiene Agostini.
El gremio le dio el vamos al proyecto de Ribera, pero en el intertanto cambió el Gobierno y, según aseguran fuentes cercanas, le pidieron al ministro Gómez que lo impulsara. El actual titular de Defensa dijo que lo revisaría y comenzó a redactar una nueva propuesta, a lo que notarios y conservadores accedieron, porque ya se habían puesto de acuerdo con él en puntos críticos. Pero vino el cambio de cartera y Javiera Blanco asumió Justicia. Según las mismas fuentes, las autoridades notariales pidieron audiencia con la nueva titular, quien accedió y luego la suspendió. “Nunca los citó y poco tiempo después les dijo que el tema se vería en 2016. En los diarios salió que había habido lobby de los notarios y ni siquiera hablaron con ella”, afirma el testigo.
Desde el círculo íntimo de notarios, aseguran que la Asociación ha conversado con distintas autoridades mostrando su voluntad de reforma. “Creemos que hay que abrirse un poco más (en los nombramientos), hacer quinas en vez de ternas. Y debería haber un reglamento clarito de cómo se ponderan los antecedentes”, dicen. Aseguran que no saben si se está aplicando el mecanismo diseñado por Muñoz para la elección de ministros de fe pública y agregan que “no hacemos las ternas ni nombramos. No nos pregunten a nosotros”.
El proyecto de reforma al sistema notarial y registral presentado por Velasco en 2008, establecía que los conservadores de Bienes Raíces se nombrarían mediante una licitación realizada por la Superintendencia de Quiebras, durarían entre seis y diez años no renovables en el puesto y tendrían que tener al menos 5 años de ejercicio de abogacía. En el caso de los notarios se llamaría a licitación pública para que, tras ella, el Presidente de la República escogiera a un abogado con 5 años mínimos de práctica del derecho y cuyo cargo duraría entre cinco y ocho años con posibilidad de prórroga.
La Asociación de Notarios y Conservadores reclamó que la licitación afectaría a la fe pública. “El notario gana por lo que hace, no por lo que no hace. Si el cargo durara, por ejemplo, cuatro años, el notario buscaría la maximización de su rentabilidad y el actual índice de rechazo a la firma de ciertos documentos, por ejemplo, evidentemente disminuiría. En el fondo, se crearían incentivos incorrectos, porque para optimizar los ingresos hay que realizar actuaciones, no abstenerse de ellas, y la seguridad jurídica muchas veces radica en no actuar”, plantea una fuente del mundo de los notarios. Y así defienden que la única forma de dejar los cargos sea cumpliendo 75 años.
Diariamente a las diez y media de la mañana se abren las puertas de una notaría en Miraflores. El miércoles, como todos los días de la semana, la oficina está llena de gente haciendo trámites. El día transcurre y a las seis y cuarto de la tarde, cuando la notaría se apresta a cerrar, los clientes siguen llegando. Una pareja de españoles espera su turno y la funcionaria de la caja está cuadrando las cuentas. Un empleado baja la puerta de lata mostrando al público que se acabó el horario de atención, pero la notaría sigue llena de personas esperando hacer sus diligencias. Las notarías nunca están vacías. La fe pública en Chile es un negocio redondo.
