El 11 de julio de 1973, por unanimidad, el Congreso Pleno aprobó la nacionalización del cobre, el “sueldo de Chile” que indiscutiblemente ha jugado un rol estelar aportando una parte muy importante del aumento del PIB desde entonces hasta hoy. Así, el “sueldo de Chile” ha financiado inversiones públicas y privadas por cifras siderales. También ha financiado la importación de maquinaria, televisores o iPhones.
Sin embargo, el cobre, literalmente, no se come. Y si hay algo de lo que los humanos no podemos prescindir es de la comida. Quisiera robarles unos minutos de su tiempo y contarles una frustrante experiencia personal, ya que llevo muchos años tratando de sacar un innovador proyecto adelante. Hace más de 30 años que mi familia gestiona una empresa acuícola, llamada Hidrocultivos S.A., productora de ostiones en la Tercera Región. Hace un par de años, tomamos la decisión de bajar significativamente la producción de ostiones y buscar nuevas formas de proteína marina, diversificando nuestra cartera de productos. Dado que tenemos una larga relación de cooperación con la Fundación Chile, es que me acerqué a ellos y les propuse lo siguiente: “Ustedes llevan años invirtiendo en I&D de pescados y yo tengo infraestructura ociosa. Por qué no hacemos un piloto comercial de palometa (Seriola Lanaldi), con el objeto de estudiar la factibilidad económica-financiera de industrializar su producción con datos duros y algo de curva de aprendizaje”.
Sin más, nos lanzamos a la aventura. Trabajamos horas y horas, viendo los detalles de un proyecto de esta naturaleza y nos acercamos a las autoridades respectivas en busca de orientación, ya que sabíamos que se trataba de un emprendimiento en toda la regla y que, con toda seguridad, íbamos a encontrarnos con regulaciones pensadas o enfocadas en otro tipo de animales y, probablemente, orientadas a la engorda en mar (léase: salmón).
Hicimos las consultas en Sernapesca y nos dijeron que, una vez con el visto bueno de Medio Ambiente, ellos aprobarían el proyecto a la mayor celeridad posible, dada su condición de experimental. Fuimos al Ministerio de Medio Ambiente, que era el primer paso en la cadena de aprobaciones, encontrando en ellos una excelente disposición y rapidez tanto en las consultas como en la resolución final. Y con su aprobación, fuimos a presentar el proyecto técnico experimental “Piloto Comercial preengorda y engorda Palometa (Seriola Lanaldi)” a Sernapesca.
Poco a poco, a mi juicio con una lentitud exasperante, íbamos avanzando con ellos e hicimos varias correcciones a nuestro proyecto, sobre la base de sus consultas u observaciones. Sin embargo, y luego de 2 años desde el ingreso a tramitación del proyecto, se nos informó que nuestra solicitud sería rechazada, argumentando que la ley no permitía hacer el cambio de especie en nuestras instalaciones de tierra, en la cual tenemos aprobación para producir semillas de ostión, ostras y choritos. Ello, independientemente de que se trata de un ¡proyecto experimental! Aún no me logro explicar cómo es posible que quienes, se supone, conocen la legislación “al dedillo” y a quienes consultamos cuáles eran los pasos a seguir, nos mandaran por una calle sin salida.
[cita tipo=»destaque»]El país ha sido testigo de dos connotados científicos que han renunciado a la Presidencia del Conicyt alegando falta de apoyo. Como familia empresarial que ha apoyado con entusiasmo el desarrollo y los estudios científicos del mar, no podemos sino empatizar con su frustración. La falta de apoyo, al menos en nuestra experiencia, no solo es un problema de recursos económicos, sean estos públicos o privados, sino muchas veces, como lo digo en esta columna, el proceso de aprobaciones está gestionado por algunos pocos funcionarios que, aunque tienen vocación, no son apoyados por sus autoridades en sus intenciones de capacitarse o contar con más recursos.[/cita]
Pero es no es todo. ¿Me creerían ustedes que en las oficinas regionales de Sernapesca en Copiapó hay un cartel pegado en la puerta que dice: “Palometa (Seriola) el salmón de Atacama”? ¡Chiste cruel! Pero aún les tengo más historias de terror que contar: nuestra empresa tiene en trámite concesiones acuícolas y marítimas desde hace 13 y 6 años, respectivamente (me pregunto qué negocio puede ser viable si han de pasar 13 años para poder obtener aprobaciones).
En un caso, tenemos una resolución ministerial, firmada por el entonces Ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter, que ordena seguir el curso del otorgamiento de una concesión; cito textual: “Que en derecho corresponde”. De eso han pasado 2 años y 8 meses y nadie se ha dado la molestia de enviar el decreto a Contraloría. La explicación real del problema: se les perdió el expediente y fuimos nosotros quienes se los reenviamos en formato digital.
En la práctica, están reconstruyéndolo pidiéndonos, entre otras cosas, certificados que en su día fueron emitidos por los servicios respectivos y aceptados en la tramitación. Me detengo en uno que es para la risa: el año 2007, el SAG emitió un certificado de que en un radio de 3 kilómetros no hay guaneras (es parte de los entregables a la autoridad). El caso es que las guaneras son centenarias y no de generación espontánea. Por lo que, en estos años, es imposible que estas pudieran regenerarse.
Al final del día, el problema es tan simple como tragicómico: ellos saben que si van a la Contraloría con un decreto que no ha sido cursado estando en regla y, habiendo pasado un tiempo inexcusablemente largo, tienen un problema muy serio. En efecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración del Estado, lo que ha pasado caería en la categoría de falta a la probidad (palabra tan en boga), ya que se estarían contraviniendo, a mi juicio en forma escandalosa, “los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración». En otras palabras, se cumpliría la peor de las pesadillas de un funcionario público: tener un expediente abierto con la Contraloría.
Volviendo sobre los plazos de tramitación, en Canadá, un país hiperorientado a la sustentabilidad, la autoridad respectiva tiene un año de plazo para otorgarte una concesión marítima desde el momento que se presentó la solicitud en forma completa y correcta. Pasado ese plazo, se entiende otorgada, sin más. ¿Existe alguna razón para que en Chile no podamos hacer algo al respecto? Ya se legisló para la creación de empresas en un día. ¿No se podrá legislar para que las autoridades tengan un plazo taxativo para tramitar cualquier tipo de solicitudes? Aquí hay una asimetría muy sería, injusta y que atenta directamente a la productividad y competitividad de las empresas: solo el Estado puede hacerlo. ¡Y vaya que le gustan los plazos ajustados y, a ratos, casi imposibles de cumplir! En definitiva, se necesita avanzar en una ley infinitamente menos descafeinada y sin azúcar, como lo es la Ley de Silencio Administrativo.
El país ha sido testigo de dos connotados científicos que han renunciado a la Presidencia del Conicyt alegando falta de apoyo. Como familia empresarial que ha apoyado con entusiasmo el desarrollo y los estudios científicos del mar, no podemos sino empatizar con su frustración. La falta de apoyo, al menos en nuestra experiencia, no solo es un problema de recursos económicos, sean estos públicos o privados, sino muchas veces, como lo digo en esta columna, el proceso de aprobaciones está gestionado por algunos pocos funcionarios que, aunque tienen vocación, no son apoyados por sus autoridades en sus intenciones de capacitarse o contar con más recursos. Mientras que otros, lo que es peor, son funcionarios que han perdido la pasión por su trabajo, a quienes ya nada parece importarles y que solo se activan ante la amenaza de intervención de Contraloría.
Y solo para volver donde comencé esta columna, si no se hace algo en serio, les firmo que “el mar no será el almuerzo de Chile”.
