Ante posible nuevo requerimiento de la derecha frente al Tribunal Constitucional
El diputado del PPD afirmó que lo que está cuestionando la oposición, al considerar discriminatoria la diferencia que se está haciendo con los centros de formación técnica e institutos, es cómo se ha llevado la política pública en esta materia en los últimos 25 años. Y considera que las diferencias que también han surgido a la hora de entregar el beneficio a las universidades tienen que ver con una política de gradualidad necesaria para poner en marcha la reforma.
La posibilidad de que la derecha –y principalmente la UDI– presente una reserva de constitucionalidad al proyecto de Ley Corta de Gratuidad de la Educación Superior, que este miércoles será votada en la Sala del Senado tras su aprobación durante la jornada del martes en la Cámara de Diputados y en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, tiene sin cuidado al diputado del PPD Pepe Auth.
Es que, a juicio del parlamentario, el argumento de que profundiza la discriminación al dejar fuera y solo bajo un mecanismo de becas a los centros de formación técnica e institutos profesionales, significaría que prácticamente todo el sistema de apoyo a la enseñanza superior de las últimas décadas sería inconstitucional.
“Si así fuera, todo el sistema de becas y de apoyos a las distintas entidades sería también inconstitucional, es decir, todo el sistema de apoyo a la enseñanza superior de estas últimas dos décadas sería inconstitucional si fuera declarado inconstitucional el tratamiento diferente del mundo universitario, del mundo técnico profesional”, dijo Auth a CNN Chile.
Y consultado sobre las diferencias que existen también para con los estudiantes universitarios que, por ejemplo, ingresen a planteles que no tengan cuatro años de acreditación, consideró que se trata de fórmulas de gradualidad para hacer posible la reforma, ya que, de lo contrario, “no habría gratuidad posible el 2016, sino que habría que dedicarse a juntar los recursos hasta que el Estado tuviera los recursos para darle gratuidad a todos”.
Sobre este punto reforzó la idea de que “toda política pública tiene una gradualidad y, naturalmente, si de manera definitiva se excluyera a algunos y se incluyera a otros bajo las mismas condiciones, sería discriminatorio; pero comienza con unos y continúa con otros, y siempre el que hace y aplica la política tiene que definir criterios para ver quién se incorpora en el primer año, quiénes el segundo, quienes el tercero. Toda la política pública de los últimos 25 años está basada en esa gradualidad”.
