En declaración conjunta de tres ministros no detallaron la manera de cumplir promesa de campaña
El Ejecutivo optó por una respuesta comunicacional a la decisión adversa conocida hoy, con frases como «algunos quieren impedir que cumpla mi palabra, no me conocen», de Bachelet, o «es lamentable que por secretaría se trate de poner en riesgo la disciplina fiscal», del ministro de Hacienda, pero sin anuncios concretos respecto a un diseño alternativo.
No fue una sorpresa. Pese a ello, la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que ayer calificó como “discriminatorio y arbitrario” el diseño de gratuidad que planteaba el Gobierno a contar de 2016, golpeó duramente a La Moneda y dejó sin Plan “B” al Ejecutivo.
La falta de respuesta se vio claramente reflejada en las declaraciones que la Presidenta Michelle Bachelet dio al país luego del fallo: «Es una noticia que lamentamos, porque menos estudiantes van a poder contar a partir del próximo año con la gratuidad. Pero quiero ser muy clara: como Presidenta me he jugado para que sea el mérito y no el dinero el que defina las oportunidades de los jóvenes en nuestro país, y a los jóvenes y sus familias les puedo decir que pueden estar tranquilos que en Chile la gratuidad va», enfatizó.
Inmediatamente después de aterrizar en Chile, luego de concurrir al traspaso de mando en Argentina, la Mandataria se desplazó a La Moneda y habló al país acompañada de los ministros de Hacienda, Educación y Secretaría General de Gobierno, señalando que «acateremos el fallo como corresponde a un Estado de Derecho y mi vocación republicana, pero hice un compromiso con los jóvenes de Chile y lo voy a cumplir. Pueden estar seguros que la gratuidad va a partir el próximo año», insistió.
Bachelet enfatizó que «me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas legales, por un lado, y presupuestarias, por el otro, para que la mayor cantidad posible de estudiantes de Educación Superior, previstos para acceder a la gratuidad, puedan hacerlo. Vamos a presentar las fórmulas adecuadas luego de estudiar el fallo del tribunal, de tal manera que quienes vayan a postular tengan claridad sobre su situación», dijo. Pero sin detallar la fórmula que está pensada para sortear este importante obstáculo.
«Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr», insistió.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no ocultó su molestia por la impugnación impulsada desde la derecha, señalando que «es muy lamentable que por secretaría se trate de poner en riesgo la disciplina fiscal de Chile. Tenemos un marco fiscal, la plata no alcanza siempre para todos. Nos encantaría tener más recursos. Pero los recursos son los que tenemos, y tenemos que usarlos de la manera más apropiada posible. Lo que se ha hecho hoy día, va en contra de esa lógica», afirmó.
Valdés insistió en que «vamos a buscar la manera más adecuada de llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes, pero no podemos con recursos públicos financiar cualquier tipo de institución y carrera».
La semana del 23 de noviembre, La Moneda ya había recibido alertas concretas sobre el complejo escenario que se venía para el Gobierno ante el recurso de los parlamentarios de derecha. La propia Paulina Veloso, abogada que lideró los argumentos del Gobierno ante el TC, fue quien advirtió en Palacio sobre la posibilidad cierta de un revés que pusiera en jaque la promesa presidencial de la gratuidad en la educación.
No por nada desde el Gobierno confirmaron en esa semana que estaban desplegando todas las gestiones para tratar de revertir un fallo adverso e, incluso, que Carlos Mackenney –uno de los principales «orejeros» de la Presidenta Bachelet– era parte de las conversaciones con el Tribunal Constitucional.
[cita tipo=»destaque»]La semana del 23 de noviembre, La Moneda ya había recibido alertas concretas sobre el complejo escenario que se venía para el Gobierno ante el recurso de los parlamentarios de derecha. La propia Paulina Veloso, abogada que lideró los argumentos del Gobierno ante el TC, fue quien advirtió en Palacio sobre la posibilidad cierta de un revés que pusiera en jaque la promesa presidencial de la gratuidad en la educación.[/cita]
Sin embargo, a pesar de las advertencias, ni en público ni en privado autoridad alguna daba luces acerca de cuál era la fórmula que se barajaba como Plan B para sortear un posible fallo adverso. Solo se aseguró en reserva que La Moneda no estaba dispuesta a usar la vía de las becas, que harían todo lo posible para no llegar a eso.
Si bien el Ejecutivo se jugó la carta de apuntar los dardos a la responsabilidad de la derecha en el revés que sufre la promesa de gratuidad, las declaraciones de Bachelet y su ministro vocero, Marcelo Díaz, dejaron en evidencia lo que muchos parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría temían: que no se había diseñado una estrategia paralela, alternativa, el as bajo la manga ante un posible fallo adverso.
Precisamente la incapacidad de La Moneda para prever conflictos, desactivar crisis y generar rutas alternativas, se ha transformado en un evidente talón de Aquiles para la administración bacheletista. Una falencia que por meses ha sido criticada y planteada en innumerables ocasiones desde la Nueva Mayoría a las autoridades de Palacio, sin encontrar eco.
El jueves y después de dos días de alegatos entre las partes, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el requerimiento presentado por 31 diputados de oposición para impugnar el diseño de gratuidad que impulsa el Ejecutivo para 2016, mediante una glosa del presupuesto de Educación y en la cual solo participarían algunas instituciones adscritas al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y otras tres que cumplían ciertos requisitos, pero no todas las instituciones de Educación Superior.
Precisamente la exigencia de estas condiciones fue lo que el Tribunal consideró «discriminatorio». De esta manera se aprobó por 6 votos contra 4 una de las partes del requerimiento.
La otra, respecto a que el mecanismo de gratuidad pudiera ser implementado mediante una glosa presupuestaria, fue rechazada. En principio, hubo un empate con cinco votos. Y el voto que dirimió a favor fue el del presidente de la institución, Carlos Carmona.
Por otra parte, sobre el requisito que apuntaba a exigir participación triestamental en las instituciones que se sumen al beneficio, los ministros se manifestaron en contra por 7 votos contra 3.
El abogado de Chile Vamos, Jorge Barrera, reconoció la resolución del TC como un triunfo para la oposición y una derrota para el Gobierno, principalmente porque dos de los requisitos fueron eliminados por 6 votos contra 4, el de una acreditación de 4 años y el de no tener sociedades con fines de lucro asociadas. «Esto significa que el tribunal acogió nuestro argumento de que ni siquiera las instituciones del CRUCh cumplían con estos requisitos, por ejemplo, no hay ninguna universidad que no tenga sociedades con fines de lucro asociadas».
Además, el tercer punto declarado inconstitucional fue el de democratización, el que exigía que al menos dos estamentos participaran en algún espacio de resolución de las instituciones, con voz y/o voto, requisito que –según el abogado de Chile Vamos– no cumplía casi ninguna universidad.
A pesar de que no se conocerá el argumento final del TC hasta el 21 de diciembre, para Barrera hay un punto claro y es que el «Gobierno no puede establecer categorías que no son razonables y caprichosas y que la Constitución entiende que son arbitrarias para la Educación Superior». Finalmente, establece que la resolución marca «un precedente para toda la educación», por lo tanto, para el Gobierno «no es posible equivocarse dos veces en esta materia».
Por su parte, el diputado de la UDI, Jaime Bellollio, asegura que la resolución no es un triunfo ni una derrota para el mundo político, sino que es «un triunfo para los estudiantes vulnerables que ahora podrán acceder, sin ser discriminados, a la gratuidad». Esta resolución es el reflejo de que «el Gobierno hace las cosas mal, un tribunal le está diciendo que hace las cosas mal porque está discriminando», recalcó.
En tanto, el diputado Giorgio Jackson asegura que esto se veía venir por el cuoteo político dentro del TC, que ahora tiene una mayoría cercana a la derecha. “El TC tiene una composición de seis a cuatro. Así que no es una sorpresa. Pero cuando llega el momento, choca lo inescrupuloso que puede llegar a ser esto (…) por lo tanto esto no es algo que se vaya a ejecutar conforme a derecho, es absolutamente político”.
En esta línea, el parlamentario señala que la decisión del TC, más que golpear al Gobierno, “golpea a la democracia. Esto es un atentado contra las instituciones democráticas. Es un chiste para la gente, se les dice que vayan a votar, por sus diputados, por sus senadores, por un Gobierno y cuando esos tres organismos, el Gobierno como el Parlamento en sus dos cámaras coinciden en una política a aplicar, ¿qué es lo que pasa? Hay una institución antidemocrática que está ahí para resguardar intereses de un sector político, en este caso la derecha. Es bastante tragicómico, por así decirlo”.
