Corte de Apelaciones de analizará desafuero de Orpis
Los senadores Víctor Pérez y Jacqueline van Rysselberghe fueron los encargados de contestar el oficio de los persecutores, detallando una serie de contratos a asesores y honorarios a personas naturales, como son las ex asesoras del cuestionado legislador, Lorena Lara y Bárbara Molina, además de prestaciones de la Fundación Jaime Guzmán.
Una dura respuesta dieron los senadores de la UDI al requerimiento de información del fiscal nacional Sabas Chahuán y la fiscal Ximena Chong en el caso Corpesca, el cual involucra al senador Jaime Orpis, indicando que no existía la obligación legal de parte de ellos conservar los informes de asesorías hechas.
Los senadores Víctor Pérez y Jacqueline van Rysselberghe fueron los encargados de responder la petición de los persecutores a través del oficio N° 907-2015, en el cual los investigadores hicieron una serie de preguntas en base a la línea investigativa que persiguen en contra de Orpis, quien -según la petición de desafuero- habría desviado dineros de asignaciones respecto de asesorías que se hicieron al comité de senadores de la colectividad.
En la contestación, según consigna El Mercurio, los legisladores gremialista confirman que quienes estaban a cargo del grupo en 2011 eran el actual timonel de la UDI, Hernán Larraín y el propio Orpis.
Posteriormente, Pérez y van Rysselberghe detallan una serie de contratos a asesores y honorarios a personas naturales, como son las ex asesoras de Orpis, Lorena Lara y Bárbara Molina, además de prestaciones de la Fundación Jaime Guzmán.
También respondieron las consultas sobre la ley de asignaciones para apoyo al trabajo de parlamentarios y cómo esta fue modificada.
En ese sentido, los senadores explican que desde enero de 2012 un comité de auditoría comenzó a regular el ítem de asignaciones, por lo que la respuesta dada al requerimiento sobre los documentos de respaldo de las supuestas asesorías que las ex colaboradoras de Orpis desconocen ante el Ministerio Público fue que no existían respaldos.
El documento señala que antes de la regulación «»no existía obligación legal ni reglamentaria de emitir ni conservar informes o documentos relativos a las asesorías prestadas por las personas contratadas con cargos a los recursos destinados a asesorías».
Por tal motivo, el comité de senadores de la UDI le dice a Chahuán que no hay registros en 2011 del contrato a Lara y que «no se conserva ningún respaldo de las labores realizadas».
Además, detallan que el monto máximo para asesorías en 2011 fue de $2.230.766 por senadores, enfatizando que «es del caso reiterar que a partir del 1 de enero de 2012, todo lo relativo a montos, uso y destino y demás aspectos relativos a las asignaciones parlamentarias son regulados por el comité (de auditoría)».
Sin embargo, explican que antes de esa fecha todos los fondos «eran resorte exclusivo de cada senador».
En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago analizará el próximo lunes su competencia para resolver el desafuero del senador Orpis, luego que la defensa alegara que el principio de ejecución de los delitos investigados es en Valparaíso, ciudad donde se ubica el Congreso Nacional.
En cuanto a la titularidad de la fiscal Chong en el caso Corpesca, esta se encuentra asegurada luego de la salida del fiscal nacional.
