En septiembre de este año la Comisión de Economía de la Cámara aprobó proyecto de restituye decreto
En el proceso de la Reforma Penal del año 2003, que fue aprobada bajo el mandato de Ricardo Lagos, se derogaron los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 211 (DL 211), los cuales consideraban punibles las adulteraciones de precios con un estándar de prueba menos exigente que el ámbito penal. Medida que hoy significa que los actores involucrados en la colusión del confort no arriesguen penas putativas y solo puedan recibir sanciones monetarias.
El senador de la UDI, Víctor Pérez, se refirió al caso de colusión del confort, que se destapó ayer, luego de que la Fiscalía Nacional Económica presentara un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en contra CMPC Tissue y SCA Chile por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles higiénicos.
“La colusión es un cáncer que atenta seriamente contra la libertad y tiene que ser combatido con fuerza, porque atenta contra las bases de nuestro sistema económico”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela. «Es necesario endurecer las normas que castigan estas malas prácticas y sería bueno analizar y volver a penalizar estas acciones que afectan a los consumidores y a toda la economía».
Por otra parte, el senador apuntó sus dardos contra el Ricardo Lagos, quien ha sido señalado como una posible carta presidencial para el año 2017. Al respecto, Pérez recordó que «fue un Gobierno de izquierda, el de Ricardo Lagos, que mediante la Ley 19.911, eliminó el carácter penal de estas conductas y que de manera inexplicable despenalizó esta irregularidad y cambió la cárcel por solo penas monetarias que no tienen ningún efecto para reprimir este tipo de hechos”.
Cabe recordar que en el proceso de la Reforma Penal del año 2003, que fue aprobada bajo el mandato de Ricardo Lagos, se derogaron los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 211 (DL 211), los cuales consideraban punibles las adulteraciones de precios con un estándar de prueba menos exigente que el ámbito penal. Medida que hoy significa que los actores involucrados en la colusión del confort no arriesguen penas putativas y solo puedan recibir penas monetarias.
La derogación de esas normas trajo consigo complicaciones para la Fiscalía Nacional Económica en el caso farmacias. En este caso la Fiscalía acudió a un artículo penal que no era actualizado desde hacía 140 años con el fin de lograr una penalización de los delitos que habían traído consigo millonarias sanciones por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las que fueron ratificadas por la Corte Suprema.
El artículo 285, considera como crímenes y simples delitos todos los actos que «por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación». La Fiscalía no logró comprobar este «carácter de fraudulento», lo que se tradujo en la absolución del caso Farmacias.
Por otro lado, ha habido un llamado transversal a acelerar la tramitación del proyecto de ley que condena con cárcel la colusión y controla las fusiones, el que a principios de septiembre fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La iniciativa legal determina la reposición del delito de colusión, el que fue derogado en 2003 y que contempla penas que van entre los cinco años y un día hasta los diez años de presidio. Además, la instancia fijó un aumento de las multas, las que podrán ir desde el 30% de las ventas hasta el doble del beneficio económico obtenido desde la concreción de la colusión.
Los diputados DC y miembros de la Comisión de Economía, Fuad Chahin y Sergio Espejo, junto al jefe de bancada, Ricardo Rincón, anunciaron que pedirán formalmente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) que gestione suma urgencia para la iniciativa.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro (MAS) emplazó a la Presidenta Michelle Bachelet para que ponga suma urgencia al proyecto que hoy se mantiene en la referida Comisión de Economía.
Al igual que los diputados DC, Sergio Espejo y Jaime Pilowsky, quienes señalaron que «la investigación, persecusión, sanción de crímenes de cuello y corbata es fundamental y nuestro proyecto de ley eleva las multas y modifica su fórmula de cálculo impidiendo que el beneficio de coludirse sea mayor que la sanción».
Finalmente, a la solicitud también se sumo Chile Vamos. El presidente de Evópoli, Felipe Kast, indicó que es necesario poner prioridad al proyecto que se encuentra en la comisión, “que es insuficiente la ley que tenemos, de hecho las penas que hoy y las multas que hoy se pueden llegar a imputar no tienen relación con la proporcionalidad del daño generado y muchos de los afectados por estas alzas de precios van a depender de las demandas civiles para poder ser compensados», dijo.
