“La democracia representativa tiene que estar bajo fiscalización permanente de la ciudadanía. Eso queremos. Que el ciudadano esté vigilando nuestra conducta y que sepa qué hacemos y a quién se representa”, agregó el representante por la Región de Tarapacá.
La bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana apoyó el proyecto de Ley sobre Probidad en la Función Pública, que este martes 15 de septiembre fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados. Durante la discusión del proyecto, el diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el principal obstáculo para la probidad es el sistema económico, que hace prevalecer “los intereses del mercado por sobre los intereses de la sociedad”.
“Pareciera que muchos están en representación de la empresa privada, de los intereses de unos pocos”, manifestó el diputado miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara, Hugo Gutiérrez, para referirse al sistema económico como el principal problema que enfrenta la probidad en la función pública.
“La democracia representativa tiene que estar bajo fiscalización permanente de la ciudadanía. Eso queremos. Que el ciudadano esté vigilando nuestra conducta y que sepa qué hacemos y a quién se representa”, agregó el representante por la Región de Tarapacá.
El parlamentario explicó que en la democracia representativa, los cargos de elección popular deben velar por los intereses ciudadanos. “Aquí estamos en nombre de la ciudadanía. En consecuencia, si estamos en nombre de todos y si los funcionarios están, justamente, para realizar el bien común, uno de los principios de nuestra institucionalidad, lo que debe primar, es el principio de que lo público está por sobre el interés privado de aquellos que hoy tenemos este cargo de elección popular”, manifestó.
Finalmente, Gutiérrez sostuvo que “aquí debemos transparentar todo lo que a la ciudadanía la gustaría saber. Acá la ciudadanía debe poder vitrinear por nuestra vida política sin ningún inconveniente, sin ningún obstáculo, sin que nadie le coloque un obstáculo para que puedan conocer lo que nosotros tenemos como intereses y patrimonio, para que el día de mañana puedan decir con claridad si esta persona los representó bien”.
La propuesta obliga a una serie de autoridades públicas a realizar declaraciones de intereses y patrimonio. Entre ellos, el Presidente o Presidenta de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules; los alcaldes, concejales y consejeros regionales; el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; ejecutivos de las empresas públicas y aquellas en que el Estado tenga participación (como TVN o Codelco); directores de corporaciones municipales; funcionarios fiscalizadores; funcionarios de planta y a contrata hasta el tercer nivel jerárquico y honorarios que perciban remuneración similar; rectores y miembros de juntas directivas de universidades estatales.
También estarán obligados a estas declaraciones los altos funcionarios del Poder Judicial; de la Fiscalía; los jueces del Tribunal de Contratación Pública, de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de los Tribunales Ambientales; los Ministros y suplentes del Tribunal Constitucional, los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones y los integrantes de los Tribunales Electorales Regionales; los miembros del Consejo del Banco Central; el Contralor General de la República, el Subcontralor, los Contralores Regionales y quienes se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico en dicho organismo (la Cámara de Diputados deberá verificar el debido cumplimiento de las disposiciones en este organismo); los miembros de la directiva central de los partidos políticos, en cuyo caso la información se entregará al Servel.
