Puso en tela de juicio prácticas al interior de recintos de salud privados
«En todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”, afirmó Helia Molina, anticipándose al debate por el envío a fines de enero del proyecto de ley sobre esta materia.
La ministra de Salud, Helia Molina, encendió anticipadamente el debate que seguramente tendrá lugar a mediados de enero, cuando el Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto que legaliza el aborto terapéutico en casos de violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto.
Esto, por cuanto afirmó –en una entrevista concedida al vespertino La Segunda– que los grupos que con mayor tesón se oponen a la iniciativa son precisamente los sectores que no requieren una ley, por cuanto cuentan con los recursos económicos para interrumpir el embarazo de manera reservada por distintas razones. Y abrió un flanco de polémica al afirmar que se trata de una práctica recurrente en las clínicas privadas donde se atienden los sectores más pudientes.
“Esto es bien doble estándar, porque en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”, afirmó la ministra.
Respecto a los detalles de la iniciativa, que calificó como “suave”, la titular del Minsal dio varios ejemplos.
“Si una mujer tiene cuatro hijos y queda esperando un quinto, pero en el intertanto adquirió una hipertensión pulmonar y el obstetra le advierte que este embarazo le puede costar la vida, la mujer debe tener derecho a decidir si quiere seguir con ese embarazo… (Puede interrumpirlo porque) tiene otros cuatro hijos que cuidar o puede correr el riesgo de morir por el hijo que está esperando”.
También indicó que “si una mujer está embarazada y el médico le dice que su bebé no tiene cerebro, y que a las pocas horas o días de nacer, morirá, ella debe tener derecho a decidir si quiere seguir adelante porque para muchas personas esperar los nueve meses en esas condiciones es una tremenda agonía y trauma porque no va a vivir”.
Y finalmente, señala, “si una mujer es violada, también debe tener derecho a decidir si sigue o no con ese embarazo”.
Respecto a los detractores, entre ellos la Iglesia Católica y sectores de la derecha como la UDI, Helia Molina dijo que consideraba que ello era normal, pero puso énfasis en que estos sectores no constituyen la mayoría del país.
“En todas las encuestas realizadas y en la votación obtenida por la Presidenta Bachelet en la elección, y considerando que es parte de su programa de Gobierno, se revela que la mayoría de las personas en Chile piensa que en determinados momentos y situaciones específicas debiera legislarse sobre la despenalización del aborto. Yo lo comparto, no soy totalmente liberal en este tema, pero hay momentos en que la mujer debe ser capaz de decidir qué es lo que quiere hacer”, dijo.
Asimismo, afirmó que también comprendía que algunos médicos tomaran la decisión de restarse de participar en un aborto, incluso si era por razones terapéuticas.
“La mayoría de los médicos no están en contra de esta ley y la objeción de conciencia es individual, no institucional. Donde se aplican políticas del Estado, hay que hacer lo que la política y el Estado dicen. Como médico, me puedo negar y nadie me puede juzgar”, sostuvo, en alusión a lo dispuesto por la Universidad Católica.
Sobre este punto, indicó: “La UC, como universidad, puede establecerlo en sus principios. Pero si así lo define, no puede trabajar con Fonasa ni con los pacientes del sistema público. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero en un ámbito que no sea público”.
