«Como puede el Estado destinar casi 80 millones de pesos para financiar a una entidad que tiene ganancias millonarias y que tiene la obligación de hacer difusión del sistema que administra?”, se preguntó la consejera nacional del Colegio de Periodistas, Graciela Ortega, tras constatar los recursos que la Subsecretaría de Previsión Social le adjudicó a la entidad dirigida por Guillermo Arthur (en la foto). [Actualizada]
La consejera nacional del Colegio de Periodistas Graciela Ortega puso en tela de juicio un concurso del Fondo de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, que adjudicó 80 millones de pesos para la difusión entre los profesionales y trabajadores de los medios de comunicación los cambios al sistema y que establece que quienes se desempeñan a honorarios también deben cotizar en las AFP.
Lo anterior, porque la convocatoria, en la cual también participó la orden profesional, se la adjudicó ni más ni menos que la propia Asociación de AFP.
“Al leer la nómina de adjudicados vi con asombro que el Estado otorgó $78.968.278 ¡a la Asociación de AFPs! Pensé que podía tratarse de una organización de trabajadores de las AFP, pero no, es la organización que reúne a las AFP mismas, o sea a los dueños de nuestro dinero previsional, entidad que por lo demás tiene como uno de sus deberes principales precisamente informar -con recursos propios, obviamente- del sistema y sus cambios”, expresó la dirigente gremial.
Frente a ello Ortega se preguntó “¿Cómo puede el Estado destinar casi 80 millones de pesos para financiar a una entidad que tiene ganancias millonarias y que tiene la obligación de hacer difusión del sistema que administra?”.
La consejera constató que la Asociación de AFP está conformada presidida por
Guillermo Arthur de AFP Capital; José Antonio Guzmán Matta (primer vicepresidente) , de AFP Habitat; Joaquín Cortés Huerta, de AFP Provida; Oscar Spoerer Varela, de AFP Planvital, y Carlos Bombal Otaegui*, de AFP Cuprum”, y volvió a cuestionar “¿cómo pueden estos señores recurrir al Estado para conseguir dinero de todos los chilenos para hacer publicidad que ‘venda’ su sistema a esos mismos chilenos?”.
Finalmente y luego de emplazar a Arthur a explicar por qué los dueños de las AFP deben recurrir al Estado “para hacer su tarea”, manifestó que el tema amerita un pronunciamiento del subsecretario de Previsión Social Augusto Iglesias.
No obstante, Graciela Ortega dijo que “sabiendo que ha sido socio y director de PrimAmerica S.A, consultora en las áreas económica, financiera y previsional, según reza su currículum oficial, veo difícil que levante la voz”.
* Nota de la Redacción: Cuprum aclaró que Carlos Bombal no forma parte de su directorio desde que se concretó la venta a Principal.
