Pese a las fuertes críticas que se han levantado en su contra por las millonarias utilidades que obtuvieron el primer semestre, las aseguradoras privadas jamás han enfrentado reformas legislativas profundas. Ni siquiera durante la discusión del Plan Auge, que inicialmente sí introducía un mecanismo que cambiaba el paradigma actual: el Fondo de Compensación de Riesgo, en cuyo rechazo contribuyó el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Para mantener el sistema ha sido clave la “puerta giratoria” para entrar y salir desde el sistema público al privado. Y viceversa.
El año 2004, en plena discusión por el Plan Auge, un punto importante quedó fuera del proyecto que sería uno de los más emblemáticos de la administración de Ricardo Lagos: la aplicación del Fondo de Compensación de Riesgo, un factor del programa que buscaba ser un pozo único con aportes de quienes estaban tanto en los sistemas privado como público de salud. En resumen, un impuesto a las cotizaciones del sector que lograba destinar recursos privados para fines públicos.
Algunos medios de prensa titularon que se trataba de una estocada al corazón de la reforma, sin embargo, Andrés Tagle, experto electoral de la UDI –y actualmente uno de los 9 integrantes del directorio de Codelco– señalaba que el plan estatal sería un éxito “porque puede operar perfectamente sin ese fondo de compensación”.
Aunque el pozo no era el pilar de financiamiento del proyecto, apuntaba al fondo del cambio del sistema de salud en Chile. “Buscaba generar mayor equidad y mayor confianza en los usuarios del sistema. En el fondo este sistema te ayudaba a compartir ciertos riesgos con actores de distintas cargas sanitarias evidentes”, recuerda el entonces ministro de Salud, Pedro García.
Dentro del debate el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera, colaboró elaborando un informe en derecho que apuntaba a eliminar el fondo en su idea original. El argumento del abogado constitucionalista era demoledor y señalaba que “la forma de regulación es inconstitucional, afecta a la libertad de elección de las personas, el patrimonio de las personas y, además, constituye un impuesto”.
Para defender su posición, Ribera decía que “libertad y solidaridad no son temas contrapuestos, pero hay que considerar que la Constitución no es un tema que a uno le guste o no le guste. La Constitución es un Estado de Derecho, y por tanto, hay que buscar formas para consagrar esa solidaridad básica sin pasar a llevar este estado de derecho”.
Sobre la discusión en torno al AUGE, Hernán Sandoval –conocido como el padre de la reforma– recuerda que la derecha más los designados “se colgaron de una triquiñuela. En la última comisión de salud del Senado el proyecto se había aprobado, pero esa misma tarde se juntó la bancada de senadores de la UDI y RN y al día siguiente llama (la entonces senadora) Evelyn Matthei al ministro de Salud Pedro García y le cuenta que la bancada había decidido eliminar el fondo solidario que ella misma había aprobado como miembro de la Comisión de Salud. Con Alberto Espina pasó lo mismo”, cuenta Sandoval.
“Aquí hay una protección del sistema de salud privado que es irracional. Existe una protección política para las Isapres, no está fuera de ninguna discusión y es impresentable que existan conflictos de intereses en esta materia”, afirma el diputado Enrique Accorsi y recuerda que en el debate de 2005, en la balanza de las negociaciones pesó el blindaje a las instituciones de salud. “La derecha nos dijo que estaban disponibles para aprobar el AUGE, pero sin que se tocara la Ley de Isapres y el Fondo de compensación”, afirma el parlamentario que también reconoce la ayuda de su propio bloque en el tema: “Mucha gente ligada a la Democracia Cristiana también votó en contra de la coalición”.
Accorsi asegura que es este mismo blindaje el que ha impedido legislar correctamente. “La ley de Isapres tiene puros parches y no hemos sido capaces de legislar en temas de fondo desde 1980”.
Según los detractores de las redes que se han levantado en torno a la industria, los personajes que la defienden se repiten.
[cita]El diputado y miembro de la Comisión de Salud Gabriel Silber (DC), reconoce que los conflictos de interés son transversales y que la puerta giratoria ha “operado en ambos sectores”. En su opinión estas situaciones “dañan el sistema por la capacidad de lobby que pueden desplegar algunos actores más fuertes en la medida que dichas entidades pongan personalidades que puedan ejercer acciones de lobby hacia parlamentarios y autoridades”.[/cita]
El actual ministro de Justicia también se situó en un escenario favorable a las Isapres en mayo de 2010, cuando en representación del gobierno defendió la constitucionalidad de la tabla de riesgo de las instituciones privadas de salud ante el Tribunal Constitucional. En ese momento el jurista sostuvo que “derogar la tabla de factores sería perjudicial porque se entraría en inseguridad jurídica, ya que las opciones de las isapres serían dos: aplicar tarifa plana para todos los afiliados o responder por planes de salud individuales”. De esta forma respaldaba, de manera indirecta, el artículo que permitía elevar los costos de los planes según edad y sexo.
La designación de Luis Romero como superintendente de Isapres en julio de 2010 provocó fuertes críticas, ya que su anterior cargo como subgerente general de la Isapre Colmena, que tiene el 16,7% de la participación del mercado de cotizantes, fue visto como un obstáculo para su nueva labor regulatoria.
El senador Jorge Pizarro explica que “la desconfianza que genera en el sector es muy grande, ya que es juez y parte. Romero viene saliendo como gerente general de una de las Isapres más importantes del país y la tendencia de seguir operando con el switch empresa-Isapre versus el switch de defensa de los usuarios es perjudicial”.
Para el diputado Marco Antonio Nuñez (PPD) esto “es uno de los más escandalosos conflictos de interés en vista del excesivo aumento de utilidades del último semestre por parte de las Isapres. Es como poner al gato cuidando la carnicería. La fiscalización de las Isapres se ha reducido a cero en este gobierno lo que explica en gran parte las utilidades”.
Nuñez explica que esto se demuestra porque entre 2005 y marzo de 2010 “las utilidades de las Isapres disminuyeron sobre 62,5%. En cambio desde marzo a diciembre de 2010 aumentan 100% y lo que va del año suben 70%”.
Al respecto, Romero dice que quienes formulan críticas en su contra “olvidan que el cargo de Superintendente es seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública, lo que significa que me sometí a las reglas de este proceso, que contempla una exhaustiva revisión de todos los antecedentes personales y profesionales de los candidatos. El haber sido ejecutivo de una Isapre no constituyó un impedimento para participar y finalmente ser designado en el cargo”.
Romero no es el único alto funcionario gubernamental que se ha desempeñado en importantes cargos en un sector cuyas utilidades crecieron 70%, sólo el primer semestre de este año. El subsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), fue gerente de planificación y desarrollo del holding de Banmédica, conocido en el sector como “el bastión de la UDI”.
De hecho sus socios controladores son gremialistas: el empresario inmobiliario Eduardo Fernández León, Carlos “Choclo” Délano –uno de los amigos más cercanos del Presidente Sebastián Piñera– y Carlos Eugenio Lavín, del grupo Penta. Ambos son fundadores de la Universidad del Desarrollo.
Pero la puerta giratoria también ha operado a la inversa: importantes funcionarios públicos, incluido un ex ministro de Salud y ex directores de Fonasa de la Concertación, han aterrizado en altos cargos en el mundo de las Isapres.
En abril pasado el ex ministro de Salud y ex director de Fonasa, Álvaro Erazo, fue reclutado por el holding Cruz Blanca Salud como miembro del directorio.
Su llegada coincidió con la contratación hace seis meses por parte de la Asociación de Isapres, liderada por Rafael Caviedes, de la consultora Imaginacción, ligada al ex ministro Enrique Correa. La cuenta es llevada por una de las socias de la consultora, Carmen Celedón.
El holding Cruz Blanca, que este año anotó las mayores utilidades el primer semestre con $10.030 millones, cuenta con otro ex director de Fonasa: el actual gerente general de Integramédica –prestadora que forma parte del grupo– César Oyarzo.
Entre 1994 y 2002 Integramédica contó en su directorio con el primer superintendente de Isapres del país, Héctor Sánchez, que actualmente es director ejecutivo del Instituto Salud y Futuro, de la Universidad Andrés Bello.
Además, la Asociación de Isapres nombró al ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat, como su presidente en diciembre de 2006. Cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, más cercano al oficialismo, y que fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción.
El diputado y miembro de la Comisión de Salud Gabriel Silber (DC), reconoce que los conflictos de interés son transversales y que la puerta giratoria ha “operado en ambos sectores”. En su opinión estas situaciones “dañan el sistema por la capacidad de lobby que pueden desplegar algunos actores más fuertes en la medida que dichas entidades pongan personalidades que puedan ejercer acciones de lobby hacia parlamentarios y autoridades”. Para solucionarlo, el parlamentario recalca que “se debiera regular y transparentar de una buena vez el tema del lobby. Y cuando hablamos de sectores regulados como las Isapres debiese existir una prohibición legal en los plazos temporales en los que un funcionario público no pueda tener un cargo en el sector privado que anteriormente fiscalizó y reguló”.
En tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, defiende a quienes pasan del sector privado al público o viceversa, a pesar de las críticas que apuntan a conflictos de interés. “Esto no sucede sólo en el sector salud sino que en todos los sistemas económicos”, dice y se pone como ejemplo: “Yo he trabajado casi 35 años en el sector salud. Si dejara de trabajar en Isapre creo tener derecho y experiencia para trabajar en el sector salud porque es donde me he desarrollado toda la vida. Lo importante es que no exista vinculación directa de intereses”.
-¿Aunque el conflicto sea más simple y en un sector como éste se vea feo?
-Lo importante es que se vea legal… y mientras no se cambie la ley creo que es absolutamente lícito. Eduardo Aninat, por ejemplo, ya llevaba 10 años que había dejado de ser ministro (cuando aceptó el cargo de presidente de las Isapres)… ¿Si no puede trabajar en esto dónde puede trabajar? ¿Tiene que irse a su casa a tejer? Entonces hay que poner sus cosas en contexto y si hay dudas se debe modificar la legislación correspondiente y establecer un periodo de carencia.
