Opinión
Los anuncios presidenciales en materia de inversiones son una mala señal para el país, sus ecosistemas y su gente. Con certeza, ellos incidirán en el incremento de la creciente conflictividad hoy existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentan contra el medio ambiente y que vulneran los derechos humanos de comunidades locales y pueblos indígenas.
El Presidente Piñera hizo días atrás anuncios orientados a promover el desarrollo del país a través de la reactivación de la inversión, en lo que definió como “proyectos sustentables”. Para materializar esta reactivación, el Mandatario firmó, en un acto en La Moneda, un decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y un proyecto de ley para dar origen a una Agenda Pro Inversión. En la ocasión, el Jefe de Estado afirmó: “Hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”.
De acuerdo al catastro elaborado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dado a conocer en la oportunidad, se identificaron un total de 203 proyectos de inversión por un monto de 65 mil millones de dólares que, por distintas razones, se encontrarían “estancados o paralizados”, los que podrían desarrollarse entre 2018 y 2021. De acuerdo a los mismos anuncios presidenciales, de concretarse dichos proyectos, estos generarían un total aproximado de 250 mil “empleos permanentes”.
Nadie puede cuestionar que un Gobierno, cualquiera sea su orientación política, quiera reactivar la economía a través del incentivo de la inversión. La iniciativa anunciada, sin embargo, requiere de un análisis más profundo para ser evaluada. Ello en particular para determinar las implicancias que dichas inversiones puedan tener, no solo en materia económica sino también en otros planos, como el medioambiental, el social y el de derechos humanos.
[cita tipo=»destaque»]Al hacer este anuncio el Jefe de Estado parece no solo desconocer la grave crisis que el país vive en materia de aguas, crisis que ha sido generada en parte significativa por la acumulación de derechos de aprovechamiento de aguas en pocas manos –85% de los derechos no consuntivos de aguas se encuentran en poder de unas pocas compañías hidroeléctricas– como consecuencia de Código de Aguas privatista en vigencia, a lo que se agrega la escasez hídrica producto de la proliferación de actividades productivas como la forestación exótica o la contaminación generada por la actividad minera.[/cita]
En efecto, en lo económico llama la atención que la mitad del monto de las inversiones que el Gobierno aspira a materializar en este período –32 mil millones de dólares– sean en el rubro de la minería, en contraste con la inversión prevista, por ejemplo, en la actividad industrial, la que se prevé alcanzará a tan solo 3 mil millones de dólares. De este modo, los anuncios presidenciales apuntan a perpetuar la economía primario-exportadora que ha sido característica del país, la que es sabido, además de su fragilidad –al depender de los oscilantes precios de los commodities en los mercados internacionales–, no permite generar un desarrollo económico diversificado al que por décadas se ha aspirado en el país.
Más allá del análisis económico, la minería por la que el Gobierno de Piñera apuesta es, por naturaleza, una actividad insustentable, puesto que se basa en la extracción de un recurso no renovable. La actividad minera, además, tiene fuertes implicancias ambientales y sociales, afectando la biodiversidad de los ecosistemas en que se emplaza, así como a las comunidades que habitan en ellos, las que lejos de beneficiarse con su desarrollo, muchas veces se ven desplazadas y empobrecidas.
No es casualidad que la minería haya sido identificada por la OECD como una actividad económica determinante en la presión al medio ambiente, especialmente en la contaminación atmosférica, en la pérdida de la diversidad biológica y en la contaminación del suelo y del agua en el país (OECD, 2016). La misma actividad constituye, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, una de las principales causas de los alrededor de 100 conflictos socioambientales existentes en el país a la fecha.
Aunque de manera insuficiente aún, el país ha desarrollado progresivamente un marco normativo constitucional y legal para la protección del derecho al medio ambiente, así como una legislación para la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Además, cuenta con una normativa que protege los derechos de pueblos indígenas frente a proyectos de inversión susceptibles de afectarles, al obligar al Estado a su consulta en forma previa a su aprobación.
También cuenta con mecanismos judiciales y, desde hace algunos años, con tribunales ambientales, a los que las personas y comunidades que ven sus derechos vulnerados por proyectos de inversión, entre ellos el derecho al medio ambiente, pueden recurrir. Es este marco normativo de protección de derechos, y no la burocracia, la negligencia o la incompetencia a las que refiere el Presidente Piñera, lo que ha determinado que los proyectos de inversión que se pretende reactivar, hayan sido rechazados o su aprobación haya sido demorada.
Es el caso de muchos de los proyectos identificados en el catastro gubernamental, tales como el Proyecto La Coipa Fase 7 de SCM Mantos de Oro (Kinross Gold C.) y el proyecto Nueva Unión de Gold Corp y Teck Resources, ambos en la Región de Atacama.
Es por ello que las medidas anunciadas por el Mandatario como parte de su política de reactivación de inversiones resultan muy preocupantes. Al promover proyectos que han sido ampliamente rechazados por la ciudadanía, el Gobierno, que participa del proceso de otorgamiento de autorizaciones de dichas inversiones, está vulnerando el principio de objetividad que debe tener para garantizar que dichas inversiones no afecten el derecho al medio ambiente y los derechos humanos. Por lo mismo, lejos de apuntar al fortalecimiento de la institucionalidad de protección ambiental y social existente en el país, claramente la debilita.
¿Cómo pueden interpretarse, si no es así, los anuncios que el Presidente hizo en La Moneda en la ocasión, los que entre otros incluyen “regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que –muchas veces– demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión, generando un tremendo daño no solamente al inversionista, sino que a la comunidad que acoge esa inversión y al país entero”; “permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes, para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas y las que mayor perjuicio provocan”; y “facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de sus competencias, de forma tal de evitar esta verdadera proliferación de opiniones sin fundamentos y –a veces– fuera de su ámbito de acción, que a la larga lo único que hace es que a los proyectos de inversión les toma años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental…?».
Se trata, a todas luces, de medidas regresivas que ponen en peligro los ya frágiles mecanismos institucionales a los que recuren las comunidades afectadas por proyectos de inversión para la protección de sus derechos.
Cabe señalar que la misma visión regresiva llevó a comienzos de año, a quienes luego asumieron funciones en el Gobierno actual, a considerar la posibilidad de poner término, a través de su denuncia, a la vigencia del Convenio 169 de la OIT en Chile, a fin de evitar la consulta a los pueblos indígenas de medidas administrativas que pudiesen recaer en proyectos de inversión susceptibles de afectarles.
Dicha idea fue abandonada por el Gobierno solo luego de que la propia OIT le aclarara que la denuncia de este tratado internacional podía ser realizada el 2021, al cumplirse nuevamente un lapso de 10 años desde la entrada en vigencia de este tratado en el año 1991, y no el 2018, al cumplirse 10 años de su ratificación por el Estado de Chile, como inicialmente se había pensado.
Igualmente preocupante resulta el anuncio que en la ocasión fue hecho por el Presidente Piñera en La Moneda en relación con las aguas. Esto, al proponer la creación de “una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas, que hoy día toman mucho tiempo, son muy engorrosas y, a veces, generan mucha incertidumbre”.
Al hacer este anuncio, el Jefe de Estado parece no solo desconocer la grave crisis que el país vive en materia de aguas, crisis que ha sido generada en parte significativa por la acumulación de derechos de aprovechamiento de aguas en pocas manos –85% de los derechos no consuntivos de aguas se encuentran en poder de unas pocas compañías hidroeléctricas– como consecuencia de Código de Aguas privatista en vigencia, a lo que se agrega la escasez hídrica producto de la proliferación de actividades productivas como la forestación exótica o la contaminación generada por la actividad minera.
Esta propuesta, además, se hace en momentos en que se debate en el Congreso una reforma al Código de Aguas para reconocer a las aguas como un derecho humano y para establecer límites a futuro a la acumulación de este recurso y priorizar otros usos, como el consumo humano, o reconocer las funciones ambientales del agua. Se trata de una iniciativa que el gobierno actual no ve con buenos ojos y, por lo mismo, ha anunciado que realizará indicaciones en relación con ella.
Finalmente, llama la atención que el Presidente Piñera no haga referencia alguna a los derechos humanos como un elemento a tener en consideración en una política de fomento a las inversiones en el país. Ello es paradójico, toda vez que sus anuncios en esta materia se hacen un mes después de que su Gobierno conformara el Comité de Ministros para la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Se trata de un plan de Estado de tres años de duración, que pretende el cumplimiento de las directrices internacionales sobre la materia, contenidos en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los que hoy son universalmente aceptados por los estados, así como por muchas empresas.
De acuerdo a estos Principios, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a las empresas en el respeto a los derechos humanos en el marco de sus actividades, los estados tienen la obligación de brindar protección frente a los abusos de derechos humanos cometidos por las compañías, haciendo cumplir las leyes, evaluando periódicamente a estas para asegurar que resulten adecuadas para estos efectos, y velando por la coherencia de sus políticas internas. Los anuncios aquí comentados se distancian manifiestamente de estos Principios, algunos de los cuales quedaron expresados en el Plan de Acción Nacional en la materia, con el evidente objetivo de lograr, a cualquier costo, las materialización de las inversiones anheladas.
En síntesis, los anuncios presidenciales en materia de inversiones son una mala señal para el país, sus ecosistemas y su gente. Con certeza, ellos incidirán en el incremento de la creciente conflictividad hoy existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentan contra el medio ambiente y que vulneran los derechos humanos de comunidades locales y pueblos indígenas.
