Opinión
Pocas cosas dañan más a la democracia que la investigación y sanción penal diferenciada cuando se afecta al poder político o económico. Si el Fiscal Nacional está preocupado de la calidad de nuestra democracia, lo que corresponde es que cumpla cabalmente con su rol y el mandato expreso de la Constitución, que lo obliga a respetar y hacer respetar el principio de igualdad ante la ley, sin ninguna distinción.
Hace algunos días, al entregar su cuenta pública, el Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme, manifestó su preocupación de que algunos fiscales del Ministerio Público no fuesen lo suficientemente diligentes para tramitar causas que involucraran a parlamentarios.
Sus expresiones motivaron justificada inquietud y generalizado malestar. Aunque el fiscal Abbott explicó su interés en que los procesos judiciales no interfieran de modo indebido la voluntad popular expresada en los parlamentarios electos, lo cierto es que sus dichos fueron ampliamente interpretados como un llamado al establecimiento de privilegios, por la vía de que los fiscales sean más “eficientes” cuando una causa involucre a parlamentarios.
En más de una oportunidad el principal persecutor penal del país ha intentado explicarse mejor, estableciendo que nunca ha querido que los fiscales dejen de investigar con el mayor celo, que para él no hay ciudadanos de primera categoría y que, finalmente, el problema de fondo es la institución del fuero parlamentario. Lo anterior es la mejor demostración de lo impropio de sus declaraciones.
Este lamentable episodio sirve para reiterar la inconveniencia del fuero. Dicha institución, que tiene sus orígenes en las monarquías parlamentarias, cuando los reyes controlaban las persecuciones penales para acallar a sus opositores, pierde sentido en la medida que la justicia se hace verdaderamente independiente en democracia. A estas alturas, además, termina siendo más bien un problema para el ejercicio parlamentario y el honor de quienes hemos sido elegidos por la ciudadanía. En el proceso del desafuero se suele establecer una condena pública con antecedentes preliminares y parciales, la que puede ser injusta, y muchas veces es utilizada mediáticamente por los propios fiscales; sin la existencia de una sentencia definitiva. Soy partidario y he propuesto al Congreso eliminar el fuero.
El fiscal Abbott, con sus actuaciones y declaraciones, ha provocado un gran daño al Ministerio Público y a las instituciones republicanas sobre las cuales él se ha autoimpuesto la función de “defender”. Ha generado convicción en parte importante de la ciudadanía de que en la persecución penal se reconocen privilegios cuando los investigados son personas vinculadas al poder político o económico. Esa imagen de una Fiscalía que actúa con falta de independencia y transparencia se ha visto profundizada a partir de las revelaciones del Fiscal Nacional sobre reuniones privadas con algunos parlamentarios pertenecientes a partidos con importantes dirigentes imputados en casos de corrupción, previo a su designación y al margen de la audiencia pública que contempla el Senado, a fin de que un nominado pueda dar a conocer sus proyectos.
[cita tipo=»destaque»]El fiscal Abbott, con sus actuaciones y declaraciones, ha provocado un gran daño al Ministerio Público y a las instituciones republicanas sobre las cuales él se ha autoimpuesto la función de “defender”. Ha generado convicción en parte importante de la ciudadanía de que en la persecución penal se reconocen privilegios cuando los investigados son personas vinculadas al poder político o económico. Esa imagen de una Fiscalía que actúa con falta de independencia y transparencia se ha visto profundizada a partir de las revelaciones del Fiscal Nacional sobre reuniones privadas con algunos parlamentarios pertenecientes a partidos con importantes dirigentes imputados en casos de corrupción, previo a su designación y al margen de la audiencia pública que contempla el Senado, a fin de que un nominado pueda dar a conocer sus proyectos.[/cita]
Todo lo anterior en un contexto donde, para muchos, existe derechamente una “justicia para los pobres”, de tan difícil acceso y tardía, que termina siendo injusta; un Ministerio Público con fiscales y funcionarios sobresaturados de trabajo, sin contar con los elementos necesarios para realizar una labor eficiente y cuyas necesidades no son consideradas ni atendidas por el Fiscal Nacional; con una enorme cantidad de causas que se archivan sin siquiera investigar.
Esa sensación generalizada de que el delito que afecta a la gente común no tiene prioridad, deriva en parte relevante de la conducta del propio fiscal Abbott.
Como vicepresidente del Senado rechazo del modo más absoluto cualquier acción que pueda conducir a una gestión “más eficiente” de una causa que involucre a un parlamentario en contraposición con causas que pueden afectar a cualquier chileno o chilena.
Nada puede ser más relevante que el compromiso de toda autoridad y de todo representante popular con el principio de igualdad ante la ley. Pocas cosas dañan más la democracia que la sensación de los ciudadanos de que la investigación y sanción penal es diferente cuando se afecta al poder político o económico.
Si el Fiscal Nacional está preocupado de la calidad de nuestra democracia, su rol lo obliga precisamente a asegurar que, ante la ley, se trata a todos los chilenos y chilenas por igual, aspecto en que la máxima autoridad del Ministerio Público aparece hoy sin duda cuestionada.
