Opinión
Luego de muchos desaciertos y palos de ciego, Chile genera algún grado de expectativa de cara al juicio oral. Tendremos que esperar para ver si las señales que ha dado el equipo liderado por Grossman se traducen en una defensa que esté a la altura de la demanda boliviana.
Faltan pocos días para conocer los argumentos chilenos que buscarán evitar la obligación de negociar una salida soberana al mar.
Para Chile no ha sido fácil llegar hasta aquí. Desde que el Presidente Evo Morales anunció la demanda, el 23 de marzo de 2011, ha habido más errores que aciertos en su estrategia de hacer frente a este desafío boliviano.
El primero de ellos fue la incredulidad. La elite chilena a cargo de estos temas tardó mucho tiempo en asumir que Bolivia, que siempre ha sido visto como un país débil y errático, haya logrado concretar una acción tan certera.
Recordemos cuánto se habló sobre los “derechos expectaticios” y, desde ahí, sobre la inviabilidad jurídica de la demanda. Otro tanto se dijo respecto a que la demanda era una argucia de Palacio Quemado para distraer alguna coyuntura política interna adversa. Nada más alejado de los hechos.
El segundo error ha sido el cambio permanente de agentes. Primero fue Felipe Bulnes, ex ministro de las carteras de Justicia y Educación del Presidente Piñera. A pesar de su excepcional currículo como abogado, no era un profesional reconocido por ejercer y cultivar el Derecho Internacional. Tampoco había estado vinculado al desarrollo de la política exterior ni a la historia chileno-boliviana.
Bulnes fue el agente chileno en las excepciones preliminares. La dura derrota en ese juicio no solo terminó de golpe con la incredulidad sobre la validez jurídica de la tesis boliviana, sino que también develó una suerte de ceguera que yacía entre Santiago y Valparaíso.
Quienes tomaban las decisiones estaban tan convencidos de la inviabilidad jurídica, que se inventaron una trampa. Discutieron acaloradamente si era más conveniente objetar la competencia de la Corte de manera preliminar o no, sin antes haber pensado seriamente si era realmente apropiado objetar.
Además, tras conocerse el fallo, instalaron en la opinión pública chilena la idea de que este “no compromete la integridad territorial”. Es decir, una declaración forzada con hálito a triunfo pírrico que buscaba contrarrestar un dictamen contundente que resolvió sobre algo muy distinto, esto es, la competencia de la Corte y la fuente del Derecho Internacional que Bolivia está demandando que se respete.
En noviembre de 2015 asumió José Miguel Insulza, quien había vuelto a Chile después de haber fungido por dos periodos como secretario general de la OEA. Con él como agente se abrían dos escenarios posibles.
El primero de ellos era la posibilidad de que renunciara a cambio de competir por un cargo de elección popular. De hecho, vimos cómo el agente participaba en el debate político nacional, también vimos cómo su nombre era propuesto para las precandidaturas presidenciales.
El segundo escenario consistía en que, si no prosperaban los proyectos políticos, Insulza se mantenía en el cargo y ponía a disposición todo su prestigio e influencia internacional para persuadir a una Corte que, de acuerdo a la conciencia chilena, y dada la decepcionante experiencia con la demanda peruana, no falla absolutamente en Derecho sino que sobre la base de criterios jurídicos mezclados con políticos.
[cita tipo=»destaque»]Suponemos, en consecuencia, que Chile tiene los argumentos que sostienen esta afirmación. Por ejemplo, que el Canje de Notas de 1950, más todas las notas unilaterales posteriores que citan dicho intercambio, no constituyen la fuente de ninguna obligación en el presente. [/cita]
El tiempo les dio la razón a quienes creyeron que Insulza, quien está iniciando su carrera como senador por Arica y Parinacota, ejerció la función de agente como un oficio transitorio mientras se definía su futuro político. De hecho, solo estuvo un año en esa función.
Pero no hay mal que dure todo un juicio. El tercer agente, Claudio Grossman, se caracteriza por ser en extremo competente al caso y por no tener más ambiciones que defender los intereses del Estado a través del Derecho Internacional. Él es, sin duda, el principal acierto dentro de una cadena de graves errores.
Desde que asumió Grossman, por fin comenzamos a escuchar un discurso que apunta a rechazar directamente la fuente del Derecho Internacional por la que Bolivia está abogando. Es decir, hoy Chile afirma, con calculada precisión, que no existe el derecho a negociar con un resultado predeterminado.
Suponemos, en consecuencia, que Chile tiene los argumentos que sostienen esta afirmación. Por ejemplo, que el Canje de Notas de 1950, más todas las notas unilaterales posteriores que citan dicho intercambio, no constituyen la fuente de ninguna obligación en el presente.
Luego de muchos desaciertos y palos de ciego, Chile genera algún grado de expectativa de cara al juicio oral. Tendremos que esperar para ver si las señales que ha dado el equipo liderado por Grossman se traducen en una defensa que esté a la altura de la demanda boliviana.
