Opinión
El problema de fondo, que puede fácilmente quedar sepultado bajo la bienintencionada modernización, es la muy escasa permeabilidad de Carabineros de Chile respecto de los más mínimos estándares democráticos. En otras palabras, la cuestión central pareciera ser la excesiva deferencia del régimen democrático y sus instituciones hacia la función policial, lo que se traduce en una poco clara responsabilidad política de sus dirigencias, una difusa sujeción de la policía al poder civil, deficientes mecanismos de rendición de cuentas, ineficaces sistemas de control de las actuaciones de sus funcionarios y una reticencia a cumplir de buena fe con los requisitos que imponen la transparencia y el derecho al acceso a la información pública
Mucho se ha hablado en estos días sobre el futuro de Carabineros de Chile, a propósito de la serie de escandalosos hechos ocurridos en su interior y que aparecen hoy como la causa detrás de la reciente renuncia de la cabeza de la institución, el general director Bruno Villalobos. Los muy comentados sucesos ocurridos en los últimos meses, que suponen vulneraciones de marca mayor a las reglas básicas de un Estado de Derecho –primero, un fraude cuya comisión se extendió por años, y que significó un desfalco al erario de cerca de treinta mil millones de pesos; luego, una operación que implicó espionaje, incorporación de pruebas falsas, amedrentamiento a profesionales del Ministerio Público–, se suman a hechos que desde sectores marginados se vienen denunciando hace años: la violencia sistemática en contra de pobladores y pobladoras en lugares como La Legua; las golpizas a estudiantes y personas pertenecientes a minorías sexuales en centros de detención; y la represión contra el pueblo mapuche en La Araucanía, por nombrar algunas.
Y es que la realidad, lejos de la estridencia de las últimas semanas, parece demostrar porfiadamente que en Carabineros algo no funciona bien. Ante este diagnóstico, la solución que con más frecuencia se enarbola parece ser la necesaria “modernización” de la institución. Los complacientes titulares de la prensa que han acompañado la instalación del Gobierno entrante lo repiten casi cotidianamente. Esto supondría avanzar hacia una mejor gestión, que implique tanto el mejor uso de los recursos como una mejor persecución de los delitos. Hay quienes apuntan, también, a una mayor sujeción de la policía a la autoridad civil, respetando el carácter “no deliberante” que la Constitución asigna a Carabineros de Chile. Pasos, todos, que parecieran apuntar en la dirección correcta.
No obstante, hablar solo de “modernización” parece insuficiente. Carabineros de Chile ciertamente adolece de déficits severos de gestión, pero poner la mirada ahí implica dejar sin respuesta preguntas anteriores que tienen que ver, ante todo, con las exigencias que un Estado democrático de derecho le impone a una institución policial.
Como señaló el ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, en carta a El Mercurio el 6 de marzo recién pasado, Carabineros de Chile fue creado como una policía militar en 1927 por Carlos Ibáñez del Campo, en tiempos de severa inestabilidad política y como modo de contrapeso al poder del Ejército. Su carácter militar, sin embargo, se mantuvo más allá de las necesidades que suponían las circunstancias entonces existentes, y se prolonga hasta el día de hoy, cimentando una cultura que da la espalda a la democracia.
A nuestro juicio, el problema de fondo, que puede fácilmente quedar sepultado bajo la bienintencionada modernización, es la muy escasa permeabilidad de Carabineros de Chile respecto de los más mínimos estándares democráticos. En otras palabras, la cuestión central pareciera ser la excesiva deferencia del régimen democrático y sus instituciones hacia la función policial, lo que se traduce en una poco clara responsabilidad política de sus dirigencias, una difusa sujeción de la policía al poder civil, deficientes mecanismos de rendición de cuentas, ineficaces sistemas de control de las actuaciones de sus funcionarios y una reticencia a cumplir de buena fe con los requisitos que imponen la transparencia y el derecho al acceso a la información pública.
Todo esto se agrava al constatar la tendencia, siempre en aumento, de confiarle a la función policial la solución de problemas políticos complejos, asignándose grandes cantidades de recursos sin siquiera contar con evidencia suficiente respecto de sus eventales resultados positivos. Un contundente ejemplo que da cuenta de lo anterior lo constituye el informe de la Comisión Investigadora de Barrios Críticos de la Cámara de Diputados de septiembre de 2017, que puso en entredicho la efectividad de la labor de intervención estatal en barrios marginados, constatando además la estigmatización y violencia que la acción policial ha producido en dichos espacios.
Estos rasgos, entre otros que sería posible listar, muestran que el verdadero problema que rodea a Carabineros de Chile es, ante todo, no cumplir con los estándares que una democracia robusta ha de exigir a sus instituciones. Su carencia no es, por tanto, solo de modernidad. Es, fundamentalmente, de democracia.
