Opinión
El Gobierno anunció las urgencias legislativas, entre las cuales está el perfeccionamiento a la Ley de Pesca. En la misma línea, el Subsecretario de esa cartera, Eduardo Riquelme, afirmó que el ejecutivo tiene dos miradas para afrontar este proceso: “una de corto plazo y otra de largo plazo”. Y explicó que el compromiso presidencial va a ser abordado en dos velocidades: una rápida, que es agenda corta, y otra lenta, que es a largo plazo. La primera contempla el pronto envío de un proyecto al Congreso que considera la no renovación de las licencias transables de pesca (LTP) clase A y otro tipo de elementos vinculados, que no son otra cosa que modificaciones a los derechos de pesca de los actores que participamos de esta actividad.
Pues bien, este mes el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, delineó la visión de su cartera respecto al proyecto de Ley del Código de Aguas, señalando que “junto al Ministerio de Agricultura buscan introducir una indicación sustitutiva que aseguraría la certeza jurídica (de los propietarios de los derechos de aprovechamiento de agua)”. El Secretario de estado subrayó que el objetivo del Gobierno es “buscar certezas jurídicas en el mercado hídrico”.
En la industria pesquera hemos manifestado reiteradamente que estamos a favor del perfeccionamiento a la Ley de Pesca, que esta mejora debe necesariamente fortalecer al país pesquero, atender graves y profundos problemas que hoy enfrenta y mantener la estabilidad jurídica de los permisos y reglas que rigen la actividad.
[cita tipo=»destaque»]Por las razones antes expuestas es que hemos recibido con sorpresa e inquietud los anuncios del Gobierno respecto del foco de las modificaciones a la Ley de Pesca que serán enviadas al Congreso, dado que estas apuntan a modificar las certezas jurídicas y demoler los cimientos legales que sustentan el mundo pesquero, como son los Derechos de Pesca hoy conocidos como Licencias Transables de Pesca (LTP). Y la sorpresa se basa en que, por un lado, el Gobierno está preocupado por mantener las “certezas jurídicas” de los Derechos de Agua –que tienen el mismo fondo y calidad jurídica de los Derechos de Pesca- pero por otro de modificar, restringir y subastar los Derechos del sector pesquero industrial.[/cita]
Por las razones antes expuestas es que hemos recibido con sorpresa e inquietud los anuncios del Gobierno respecto del foco de las modificaciones a la Ley de Pesca que serán enviadas al Congreso, dado que estas apuntan a modificar las certezas jurídicas y demoler los cimientos legales que sustentan el mundo pesquero, como son los Derechos de Pesca hoy conocidos como Licencias Transables de Pesca (LTP). Y la sorpresa se basa en que, por un lado, el Gobiernoestá preocupado por mantener las “certezas jurídicas” de los Derechos de Agua –que tienen el mismo fondo y calidad jurídica de los Derechos de Pesca- pero por otro de modificar, restringir y subastar los Derechos del sector pesquero industrial.
La discusión que se abrirá para las seguridades jurídicas y estabilidad de varias actividades económicas en nuestro país podrían ser muy complejas, no sólo para los Derechos de Agua, sino que para un sinnúmero de actividades económicas que trabajan sobre derechos de explotación, como, por ejemplo, la minería, televisión y radiofonía.
Como sector productivo industrial y exportador presente a lo largo de todo Chile, del cual dependemos más de 36 mil personas, le solicitamos al Gobierno que exista consecuencia a la hora de proteger las certezas jurídicas en todas las actividades del país y no a unas pocas.
