Ante la nueva tensión suscitada al interior de la DC y otros partidos por la situación política creada en torno a Comisiones asesoras del gobierno, necesario resulta analizar algunos aspectos.
Por iniciativa del gobierno, toda la oposición se ve enfrentada a una llamada “política de los acuerdos”, la que no ha sido definida en términos precisos, pero que en su desarrollo práctico se puede sintetizar en que el gobierno invita a personas del mundo político contingente, principalmente con personería parlamentaria, a incorporarse a debatir materias de estado.
Es menester recordar que no se trata aquí de una política de acuerdos como aquella que fue necesario convocar en los primeros gobiernos post dictadura, atendido que no existen ni poderes militares presionando, ni parlamentarios designados en el Congreso Nacional; y obviamente porque ya nuestra democracia se encuentra madura y sus instituciones operan correctamente.
Visto lo anterior, los acuerdos a que se ha invitado hoy día a la oposición son cosa diferente y se requiere, por lo tanto, desentrañar su correcto contenido y significado. Lo primero que salta a la vista, es que se estaría revelando una cierta voluntad del gobierno de incorporar visiones ajenas al programa del Presidente Piñera, pero no se ha explicitado si ellas serán tomadas efectivamente en cuenta. Es evidente que su formulación y diseño consiste en primeramente hacer análisis pre legislativo y más en el fondo subyace la idea, muy atendible desde el punto de vista del gobierno, de ir calibrando a los diversos sectores de oposición. No habiendo una oposición única provoca un trastorno mayor al esperado, incluso para el propio bien gobierno.
El gobierno se ha definido por 5 temas: infancia, Araucanía, regionalismo, crecimiento económico y reforma tributaria y política de seguridad interior o más precisamente delincuencia. Como se ve fácilmente, estos temas son de mera administración del país, sin duda importantes, todos urgentes y responden a la obligación cotidiana de cualquier gobierno que de acuerdo a la Constitución administra al Estado. Para ello acordó crear comisiones.
Dicho esto, llama la atención y resulta curioso que en materias básicas que ya fueron propuestas en el programa que se sometió a la ciudadanía, hoy aparentemente se detenga su ejecución para someter esas políticas a comisiones ad-hoc, que sin transformar el tema en un co-gobierno, permiten claramente generar complicidad, real o aparente, con los resultados de las acciones de gobierno con aquellos que desde la oposición participen en las comisiones. Si son exitosas, la oposición o quienes actúan en ellas podrán decir que no han sido obstruccionistas. Por el contrario si las medidas se demoran por incompetencia o problemas legislativos, la responsabilidad caerá completamente en la oposición, aunque se participe a título personal.
[cita tipo=»destaque»]En este debate sobre las Comisiones Pre legislativas, hay un aspecto de vital importancia, que ha sido soslayado. Los Partidos políticos están envueltos en una crisis muy profunda de representatividad. La ciudadanía demanda participación. Los Partidos en los grandes temas, la omiten. No son correas de transmisión de los propósitos y aspiraciones de sus bases y menos de la ciudadanía toda. Están encastillados en círculos reducidos. No se ha reparado en que el sistema de comisiones pre legislativas solo agudizaran, una vez más la crisis de representatividad; a menos que los Partidos, con todos los instrumentos que proporciona la tecnología moderna, abran caminos a la participación política con mayúscula. Solo así la ciudadanía se sentirá interpretada por los partidos políticos y sus parlamentarios. Comisiones Pre legislativas, sin instrumentos y procedimiento públicos y transparentes de participación, únicamente profundizaran la crisis que sufren los partidos, ya que no intermediaran con efectividad y contenido, entre la ciudadanía y los poderes del Estado.[/cita]
Como se ve claramente este es un negocio político que merece muchas dudas y requiere cautela y por lo mismo parece inconveniente para todos saltarse la vía natural y obvia en estas materias, que consiste en que el gobierno envíe sus proyectos al Congreso Nacional, con la urgencia que estime amerita el caso, para que sea debatido en su mérito en el Congreso y los partidos políticos.
Lo que llama profundamente la atención, además, es que no se propongan conversaciones para lograr los acuerdos en asuntos más importantes, en algunos casos estructurales, que sí requerirían comisiones y esfuerzos de entendimiento entre oposición y gobierno y ser condición para entender que existe un real ánimo colaborativo. Es necesario discutir un marco sobre los temas constitucionales, muy en particular atendido lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional que puede llevar al país a un entrampamiento de sus órganos Constitucionales.
En seguida es necesario iniciar conversaciones sobre las correcciones al modelo económico, que se refieren tanto a la concentración del poder económico en los mercados como la asimetría con las regiones y la ausencia de una política profunda de industrialización de diversificación exportadora.
Asimismo es urgente analizar el tema de la relación de los funcionarios públicos con el Estado y fijar con absoluta claridad con el gobierno el marco de aquellos funcionarios que necesita el gobierno reemplazar y respetar desde todo punto de vista los derechos humanos de estos conciudadanos que no son todos como han sido motejados de meros “operadores políticos” como si este gobierno no los tuviera.
También es necesario que el gobierno revise la política del litio que llevó a cabo Bachelet, por haber ésta acordado un sistema y desarrollado sin licitación un conjunto de actos que lesionan el interés general y privan al estado de la correcta injerencia en el desarrollo de una industria clave para los próximos años;
A nuestro entender en lo que atañe a la DC, algunos han actuado apresuradamente sin reflexionar siquiera una política a mediano plazo y, lo peor, ad portas de un debate interno de gran responsabilidad para definir una conducción partidaria por los próximos dos años, en medio de una contingencia política altamente cambiante y una perspectiva económica con fuertes incertidumbres internas y externas.
Acordado por la DC que no se definirá, por ahora, una política de alianzas, lo que es razonable, es menester ser consecuentes con el espíritu y letra. No tener alianzas no es una libertad de acción, sino un estado de exigencia mayor a la unidad y fraternidad, buscando evitar fricciones innecesarias, perfilamientos inoportunos o pretiriendo a los órganos regulares, por disminuidos que estos se encuentren.
Hay que pensar muy en serio si es conveniente incorporarse de lleno a un trabajo pre legislativo inédito y difuso, que busca llegar con materias pre aprobadas al Congreso Nacional, mediante un método de excepción. Es imprescindible que se aclare nítidamente el rol de las Comisiones Prelegislativas, en el sentido que sus labores no pueden ser entendidas como una suerte de co-gobierno y en modo alguno, podrán servir de pretexto para postergar proposiciones normativas que tiendan con solidez y congruencia a solucionar los graves problemas que preocupan a la opinión pública.
En la última elección el país eligió al actual Presidente de la República. Este realizó su campaña sobre la base de un programa de gobierno y teniendo muy especialmente en consideración sus juicios, opiniones y puntos de vista dados a conocer en el transcurso de los debates públicos presidenciales. La responsabilidad primera de proponer políticas públicas, y , en su caso, proyecto de Leyes para llevarlas a cabo, está radicada política y Constitucionalmente en el propio Presidente de la República.
Lo que procede es que este último, con la transparencia que exige la democracia, antes de desarrollar un trabajo pre legislativo como el que se viene comentando, dé a conocer al país sus proposiciones concretas y específicas en torno a las nuevas legislaciones que pretende.
Son esas proposiciones las que debieran servir de base a los trabajos pre legislativos. De no seguirse este camino, la ciudadanía podría entender que se están concordando, al margen del escrutinio público y de la institucionalidad legislativa, leyes en cuya elaboración verdaderamente el Parlamento puede terminar como preterido; sobre la base de procedimiento y técnicas que no encuentran respaldo ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En los regímenes democráticos es ineludible conversar. Los actores políticos deben hacerlo. Pero en materias sustanciales – y las leyes lo son – no se puede orillar el proceso de formación de las leyes que obligatoriamente deben cumplir todas las autoridades: Presidente de la República, Ministros de Estado y Parlamentarios. Conversar y no cansarse de conversar, cumpliendo siempre con las ritualidades Constitucionales, legales y democráticas. Todo a plena luz del día. Con completa claridad y lucidez.
En este debate sobre las Comisiones Pre legislativas, hay un aspecto de vital importancia, que ha sido soslayado. Los Partidos políticos están envueltos en una crisis muy profunda de representatividad. La ciudadanía demanda participación. Los Partidos en los grandes temas, la omiten. No son correas de transmisión de los propósitos y aspiraciones de sus bases y menos de la ciudadanía toda. Están encastillados en círculos reducidos. No se ha reparado en que el sistema de comisiones pre legislativas solo agudizaran, una vez más la crisis de representatividad; a menos que los Partidos, con todos los instrumentos que proporciona la tecnología moderna, abran caminos a la participación política con mayúscula. Solo así la ciudadanía se sentirá interpretada por los partidos políticos y sus parlamentarios. Comisiones Pre legislativas, sin instrumentos y procedimiento públicos y transparentes de participación, únicamente profundizaran la crisis que sufren los partidos, ya que no intermediaran con efectividad y contenido, entre la ciudadanía y los poderes del Estado.
Resulta fundamental dialogar siempre con el gobierno, porque la oposición no debe privar al gobierno de sal y agua. Pero también hay que ser muy firmes en que los temas de la oposición y los grandes temas del país, deben también formar parte de una agenda integrada con visión de país, más allá de cualquier uso del diálogo o las instituciones políticas, para construir el bien de Chile como un bien de todos.
Pero así como se debe dialogar con el Gobierno, debe también existir un dialogo serio y sincero con las bases de los partidos y con la ciudadanía. El país reclama más participación.
