Señor Director:
Este Jueves 22 de marzo se conmemora un nuevo Día Mundial del Agua. Esta efeméride fue establecida por Naciones Unidas como incentivo a la reflexión de la importancia del agua dulce y la necesidad de una gestión sostenible de ésta.
Este día resulta ser particularmente sensible para Chile, pues su modelo de gestión puede ser calificado de muchas maneras, menos de sostenible. Y es que el Estado chileno ha optado insistentemente en ir contra la corriente al instaurar durante la dictadura cívico-militar, y perfeccionar posteriormente en democracia, un modelo neoliberal de gestión con derechos de agua privados. Un modelo que entrega al mercado la importante decisión de reasignar el agua en sus distintos usos, en función de la rentabilidad económica, o bien de la capacidad financiera de los usuarios para adquirirlos.
Chile es el único país en que el agua, esencial para la vida humana y la existencia de los ecosistemas, es un bien privado regido por el mercado. Es decir, quien tiene plata tiene agua, contrario a lo que se promueve en el Día Mundial del Agua y los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos. Por otro lado, una gestión sostenible implica, al menos, la posibilidad de intervención estatal cuando la disponibilidad de ésta en una cuenca, impide la provisión de agua potable a la comunidad. Desde hace más de una década Chile enfrenta la escasez hídrica para el consumo humano, distribuyendo agua por medio de camiones aljibe en comunidades rurales, en sus colegios y postas.
Según CIPER, entre 2010 y 2016, a través de la ONEMI el Estado gastó más de 92 mil millones de pesos -cerca de cinco veces el presupuesto del 2018 de toda la Dirección General de Aguas- para llevar el agua a 400 mil personas en 175 comunas del país. Esta crisis ha sido generada por el aumento en su demanda producto del crecimiento poblacional y económico que ha vivido Chile. A lo que se suma la escasez hídrica, sus usos ineficientes, disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas. Situación que nos expone a uno de los mayores desafíos humanos y ambientales que ha enfrentado Chile en su historia. Un problema que más bien es estructural e ideológico, hoy se resuelve con una costosa e inapropiada gestión del agua en categoría de emergencia, que de paso genera un lucrativo negocio a costa de las necesidades humanas más básicas.
Este año el Día Mundial del Agua adquiere una especial preocupación debido al proyecto de ley que se encuentra en el Senado y que modifica el Código de Aguas. Esta ley establece, entre otras cosas, priorizar el uso para el consumo humano, prohibir el otorgamiento de nuevos derechos de agua en ecosistemas vulnerables, como humedales altoandinos y turberas. Sanciona la especulación y el acaparamiento de derechos de agua, y determina un plazo perentorio para la regularización de derechos de agua, medida transitoria para quienes eran usuarios de agua antes de la imposición del Código de Aguas en 1981. Estas medidas permitirán corregir varios problemas del código, sin embargo, no son suficientes. Se intenta seguir perfeccionando un modelo de gestión insostenible desde su origen.
Si bien el proyecto busca cambiar la temporalidad de los nuevos derechos de agua, pasando de derechos perpetuos -sí, hoy son perpetuos- a uno con vigencia de 30 años prorrogables, esta medida que no asegura una gestión sostenible. Tampoco cambia su naturaleza jurídica, es decir, continúan siendo derechos privados sin que el Estado puede gestionar este bien de forma Estratégica y sin la posibilidad de realizar una gestión integrada del agua en forma participativa. Adicionalmente, la medida generará dos categorías distintas de derechos de agua, lo que complejiza aún más la administración de los derechos actuales. De nuestra preocupación es, el actual gobierno, a través de sus ministros de Agricultura y Obras Públicas ya anunciaron una indicación al proyecto que apuntaría a entregar certeza jurídica a los actuales dueños de derechos de agua, por lo que con toda seguridad esta medida propuestas durante el 2017, no se llevará a cabo, manteniendo así un modelo inadecuado de gestión de un bien común natural que nos pertenece a todas y todos.
En este nuevo Día Mundial del Agua, Revolución Democrática y Frente Amplio declara un profundo rechazo al actual modelo privado de gestión que abandona a comunidades completas como Petorca y Caimanes al desalojo de sus territorios, como consecuencia de décadas de malas decisiones técnicas y políticas. Cuestionamos fehacientemente como la gestión del Agua en Chile ha permitido el beneficio de unos pocos en desmedro de las comunidades, el bien común y del desarrollo sustentable. Hacemos un llamado claro a la sociedad a usar todas las fuerzas sociales, políticas y legislativas para recuperar este Bien Común Natural – El Agua.
Alejandra Millán La Rivera
Militante de Revolución Democrática
Frente EcoSocial
