Opinión
Subir los impuestos verdes, encontrará oponentes y partidarios. No obstante es una de las formas más efectivas para garantizar una disminución gradual de las emisiones de CO2. El impuesto actual es muy bajo, US$5.00 por tonelada de CO2 emitida. Por supuesto, cualquier incremento tendrá que ser acorde con nuestra situación de país en desarrollo. Nadie puede pretender que paguemos US$45.00 por tonelada de CO2 emitida, precio sugerido por los expertos para aquellos países ricos industrializados con emisiones gigantescas comparadas con las nuestras. Pero eso no quiere decir que no podamos elevarla en una justa medida, de acuerdo a nuestra realidad.
Uno de los grandes aciertos del Gobierno de Bachelet fue poner en marcha, a fines de 2015, la Política Energética Nacional, “Energía 2050”. Sus principales metas son: que el 100% de viviendas de las familias vulnerables tenga un acceso continuo y de calidad a los servicios energéticos; que al menos el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables; y que la totalidad de los futuros proyectos energéticos cuenten con mecanismos de “asociatividad”, es decir, donde participen como “socios” las comunidades y las empresas, compartiendo costos y beneficios.
Teniendo presente que el sector energético históricamente ha sido responsable en Chile de más de un 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la política Energía 2050 acertadamente definió como meta para 2035 la aplicación de un Plan de Mitigación de Emisiones de GEI y un Plan de Adaptación del sector energía al cambio climático, coherente con la meta de reducir un 7% las emisiones, prometido en el marco del Acuerdo de París. También incluye metas para 2050, para cuando “las emisiones de GEI del sector energético chileno sean coherentes con los límites definidos por la ciencia a nivel global y con la correspondiente meta nacional de reducción…».
En este marco, se inició en 2017 la aplicación de tres “impuestos verdes” sobre los GEI, los cuales, a medida que se apliquen, irán perfeccionando los instrumentos de medición, reporte y verificación (MRV).
El primero, se aplica por única vez en la venta de vehículos nuevos livianos, de acuerdo a su rendimiento urbano y sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). El segundo, a las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas por contaminar con óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2). El tercero, a la emisión de CO2 de todas las fuentes. Son avances que nos permitirán orientar nuestras políticas en los mercados de carbono que se vayan configurando, en los ámbitos regional y mundial.
Sin embargo, aún queda mucho por realizar. El desafío más inmediato es elevar gradualmente el impuesto directo a las emisiones de CO2, para que corresponda a la magnitud del daño que provocan. Una tarea que encontrará oponentes y partidarios. Los impuestos verdes tienen esa característica. Sin embargo, como lo hemos señalado antes, es una de las formas más efectivas para garantizar una disminución gradual de las emisiones de CO2.
El impuesto actual es muy bajo, US$5.00 por tonelada de CO2 emitida. Por supuesto, cualquier incremento tendrá que ser acorde con nuestra situación de país en desarrollo. Nadie puede pretender que paguemos US$45.00 por tonelada de CO2 emitida, precio sugerido por los expertos para aquellos países ricos industrializados con emisiones gigantescas comparadas con las nuestras. Pero eso, no quiere decir que no podamos elevarla en una justa medida, de acuerdo a nuestra realidad.
Entre otros desafíos pendientes figuran: ¿cómo modificar las actividades productivas de acuerdo a los principios de la “eficiencia energética”?, ¿cómo hacer permanente el uso de fuentes de “energía primaria de bajo-consumo-de-carbón”?, ¿cómo llevar a cabo la conversión paulatina de los sectores que actualmente utilizan combustibles fósiles, adaptándolos a una “red de electricidad limpia”?, ¿usamos la energía eólica disponible instalando molinos de viento mar adentro?, ¿aumentamos la captación de la enorme energía solar disponible en nuestros desiertos?, ¿usamos la energía de las mareas?, ¿las geotérmicas?
Por otra parte, obviamente la ordenación medioambiental del territorio nos indicará cuáles desarrollos energéticos serán los más apropiados en cada región. Al respecto, en la búsqueda de respuestas a este desafío, la transición energética contará muy pronto con el apoyo de un nuevo curso de acción que tiene como meta acelerar la Descentralización y Planificación territorial.
Se aplicará cuando entre en vigencia el Proyecto de Ley Relativo al Fortalecimiento de la Regionalización del País (boletín N° 7963-06), actualmente declarado constitucional por el Tribunal Constitucional por STC 4179. Esta nueva ley no se refiere únicamente a la elección de Gobernadores sino que también ayudará a generar modernas políticas públicas en ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural.
En el tema que nos ocupa, se abren grandes posibilidades para el inicio de actividades regionales, instando cambios locales de la matriz energética y asegurando una transición energética gradual, favoreciendo asociaciones entre empresas energéticas y comunidades locales, tal como señala la Política “Energía 2050”. Hasta hace poco, las políticas tenían su origen, generalmente, en el Gobierno Central. A partir de ahora, contaremos con nuevas modalidades de intervención administrativa regional y los gobiernos regionales tendrán un impacto directo en las actividades económicas a través de instrumentos tales como los “planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), transferencia de competencias y creación de áreas metropolitana”. Ver aquí artículo de C. Osorio en El Mostrador.
Es preciso destacar, también, que se están produciendo cada día nuevos avances tecnológicos que seguramente serán incorporados por el Gobierno del Presidente Piñera como nuevos cursos de acción en la Política Energía 2050, acelerando la “descarbonización” de la economía chilena. Esto nos permitiría alcanzar pronto el uso predominante de energías limpias.
[cita tipo=»destaque»]Si Chile mejora los suministros mediante la eficiencia energética, con autoconsumo y uso responsable, más generación local utilizando recursos propios, ya sean renovables (el sol, mareas, viento, biomasa) o residuales, también se aseguraría que nuestras comunidades rurales reciban suministro de energía barata, elevando sustancialmente el bienestar de la gente. Este tipo de ejercicio ya se ha probado con éxito en varias ciudades pequeñas europeas, las cuales iniciaron estos procesos en los últimos 10 años, logrando reducir un 10% el consumo municipal. Han incrementado, además, en un 40 % la generación eléctrica con renovables y suministrado electricidad limpia al 50% de los hogares. Es decir, es un objetivo alcanzable.[/cita]
En los próximos años, sin duda, aparecerán muchas opciones energéticas no contaminantes, para la operación de redes de almacenamiento con entregas intermitentes de energía renovables, como solar, mareas, eólica. Poco a poco se irá logrando una mejora sustancial en los sistemas de distribución a las comunidades rurales y a las ciudades pequeñas, con fuerte impulso a los procesos piloto de “transición energética” en las regiones.
Esta sería una meta plausible para suministrar energía por lo menos un 60% renovable, con cero emisiones, democratizando su acceso y recuperando su gestión como servicio público en la mayoría de las regiones de Chile.
Por otra parte, si Chile mejora los suministros mediante la eficiencia energética, con autoconsumo y uso responsable, más generación local utilizando recursos propios, ya sean renovables (el sol, mareas, viento, biomasa) o residuales, también se aseguraría que nuestras comunidades rurales reciban suministro de energía barata, elevando sustancialmente el bienestar de la gente.
Este tipo de ejercicio ya se ha probado con éxito en varias ciudades pequeñas europeas, las cuales iniciaron estos procesos en los últimos 10 años, logrando reducir un 10% el consumo municipal. Han incrementado, además, en un 40 % la generación eléctrica con renovables y suministrado electricidad limpia al 50% de los hogares. Es decir, es un objetivo alcanzable.
Todas las acciones y la búsqueda de respuestas a los desafíos mencionados, serían un buen comienzo, apropiado para eliminar mitos. Por ejemplo, el mito que plantea que luchar contra el cambio climático les corresponde solo a los países industrializados. Dado que los eventos climáticos extremos nos afectarán a todos por igual, sin tomar en cuenta nuestro PIB, también nos corresponde prepararnos. Lo importante es reconocerlo como política de Estado, independientemente del Presidente o coaliciones de partidos que estén a cargo del Gobierno.
Si los cursos de acción en cambio climático son multiplicados en todas las regiones, constituirían una gran diferencia. Para conseguirlo, es imprescindible sensibilizar primero a la opinión pública y elevar nuestras capacidades para enfrentar eventos climáticos extremos. La clave ahora es informar al ciudadano chileno, quitar el velo a lo lejanos que les parecen los riesgos de alta complejidad, como los que representan los eventos climáticos extremos. Eso es, justamente, lo que tratamos de hacer a través de estos artículos.
