Cuando el año 2010 me opuse a la privatización del mar en la Cámara de Diputados, también lo hacía en conciencia en contra los salmoneros. Chindo Vera Márquez, hombre visionario de nuestra región, en los años 20 del siglo pasado ya vaticinó que nuestro mar sería parcelado por privados. Efectivamente hoy lo es en beneficio del empresariado, siempre cubierto por las garantías del Estado y sus operadores, que confluyen muy bien entre el sistema público y el privado, cual trucha sembrada en la región, en favor de los poderosos de SalmónChile.
En la actualidad existen aproximadamente 540 toneladas de salmones muertos que constituyen una bomba de tiempo para el ecosistema, pues dañan en forma irreparable otras actividades y recursos indispensables para el turismo, la pesca artesanal y las áreas de manejo. De ello, ningún privado se hace ni se hará cargo, y el Estado poco o nada actúa.
La larga historia de la catástrofe ambiental de la industria del salmón sobre bancos naturales y caladeros, que han terminado sepultados por los desechos vertidos durante décadas, es irreparable. Lo peor es que lo continúan realizando sin ninguna regulación.
Por lo mismo, me opongo tenazmente a que autoridades regionales trabajen como facilitadores de la industria, en estos casos en que ella ha omitido su responsabilidad. Según información disponible, en la Mesa de la Industria del Salmón, existe la intención de pedir a Bienes Nacionales un terreno para improvisar vertederos irregulares para SalmónChile y Corpesca. Ello resulta francamente inaceptable. Pues implica un nivel de desprecio y maltrato con la región y su gente, con nuestra tierra y nuestro mar, que ningún aysenino – mujer u hombre- estamos dispuestos a tolerar.
Al día de hoy, según datos extra oficiales, todo indica que aproximadamente unas 360 toneladas de salmones muertos pertenecen a solo un centro salmonero de propiedad de Blumar S.A, de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz de Corpesca, perteneciente al pequeño grupo de empresarios dueños del mar chileno.
No tengo dudas que Aysén ha sido afectada y lo seguirá siendo por marea roja. Según los científicos que han estudiado el fenómeno, esta crisis irá en aumento hasta fines del mes de abril. Por lo tanto debemos estar alerta, pues ningún ecosistema puede resistir tanta contaminación, menos uno tan frágil como el nuestro. Y esta situación tiene su origen en la industria salmonera y la falta de fiscalización de las autoridades públicas: ahí hay que buscar los responsables.
El nivel de contaminación y la cantidad de salmones muertos se produce por negligencia técnica y no como un hecho natural como se está informando erróneamente o quieren hacernos creer los responsables. Y el prontuario de la industria salmonera es de larga data, incluso de antes de la privatización del mar y de la aparición de los barrios salmoneros. Pero siempre hay algo más, producto de la acumulación de problemas.
[cita tipo=»destaque»]El mar y tierra de Aysén no puede transformarse en un basurero ni en la solución improvisada del Estado, aliado con los operadores de la industria. El Estado y sus autoridades, tienen la obligación legal de garantizar la protección de todos los habitantes de la república en un ambiente sano y sin amenazas ambientales, y de castigar a la industria contaminante, no a protegerla.[/cita]
Por su parte, Sernapesca y Subpesca nuevamente no están a la altura de la situación ni siquiera tienen información suficiente. Mark Ernesto Buscaglia, Seremi de Economía, desconoce si los centros salmoneros afectados por esta crisis han tenido registros históricos de Virus ISA, por ejemplo. También desconoce la cantidad de peces muertos y el mecanismo para extraer la mortalidad, el traslado y la deposición final de los desechos tóxicos. Por la alta toxicidad, es imprescindible evacuar los desechos a un lugar debidamente acreditado y certificado para tal efecto. Todo se debe realizar sin faltas ambientales.
Pero hay un tema más de fondo. Es evidente que la normativa no da el ancho para detener la despiadada ruta de contaminación y desastres de la industria salmonera. Por cierto, es insólito que de más de 900 centros salmoneros ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental de Aysén, ninguno tenga Estudio de Impacto Ambiental. Es decir, la normativa ambiental les entregó fuero para hacer del mar de Aysén lo que al empresario le plazca en materia de contaminación, sin responsabilidad ni consecuencia alguna para ellos.
Desconozco si la incapacidad y falta de voluntad de SUBPESCA, SERNAPESCA y del Seremi de Economía (“compañero del PC”) Mark Ernesto Buscaglia ocurre por falta de recursos, talento o intereses creados. Ello no sería raro, pues este último viene de escuela salmonera y lo más probable es que vuelva a trabajar a su antiguo hábitat, eso no es secreto para nadie. Sin embargo, hasta este minuto ninguna institución de las que él lidera en la Región ha evaluado o reportado si los centros salmoneros que mantienen grandes volúmenes de mortalidad, tienen o han tenido registro de Virus ISA. Si han tenido el virus, indudablemente se ampliaría el riesgo.
Tampoco han informado si este desastre ambiental afecta a nuestros recursos naturales. El alga Didymo y el Virus ISA llegaron a nuestra región por negligencias empresariales, y después de décadas aún no existen responsables ni un diagnóstico que dé certezas a las políticas públicas. Para ser claro, es también insólito que el día viernes pasado, mientras se debatía este importante tema, el señor Mark Ernesto Buscaglia estaba de vacaciones, algo similar –guardando las distancias- a lo que hizo el Director general de Carabineros.
La totalidad de los salmones muertos no pertenecen incluso a la Región de Aysén. En nuestra región solo tenemos centros de engorda, por lo tanto, la industria salmonera debiera llevarse todos sus salmones infectados: vivos o muertos, a una disposición final debidamente certificada y no usar la Región de Aysén como un botadero. La industria salmonera tiene los medios y las herramientas para llevarse todos sus desechos industriales con las medidas sanitarias adecuadas y a un lugar debidamente acreditado. El mar y tierra de Aysén no puede transformarse en un basurero ni en la solución improvisada del Estado, aliado con los operadores de la industria. El Estado y sus autoridades, tienen la obligación legal de garantizar la protección de todos los habitantes de la república en un ambiente sano y sin amenazas ambientales, y de castigar a la industria contaminante, no a protegerla. Esto último es un delito.
