La seguridad ciudadana y el impulso de acciones destinadas a mitigar la criminalidad por parte del Estado, es un tema que ha marcado la agenda desde los años 90. En efecto si solo consideramos la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la seguridad ciudadana no ha estado ausente de los primero tres temas al que los gobiernos deberían destinar su mayor esfuerzo según la ciudadanía. Es cierto que Chile ha iniciado un largo camino para generar no solo una institucionalidad adecuada a la realidad delictual del país, sino también para incorporar un concepto integral sobre la seguridad pública (acciones desde el Estado), tema donde imperaba el concepto policial de la seguridad orientada al control, y la acción exclusiva de dichas instituciones. Este proceso ha estado marcado por la emergencia de diversos temas que han complejizado el ámbito de la seguridad. En primer término, la ciudadanía a través de diversas expresiones, ha puesto al centro del debate la necesidad de que el Estado genere estrategias efectivas de mitigación de la criminalidad, en un contexto de mayor empoderamiento de la propia ciudadanía, y de un país que claramente ha avanzado en los últimos años en cuanto al estándar de vida de sus ciudadanos y la posibilidad de que estos puedan acceder a mayores bienes de consumo. No es casualidad que en nuestro país, la mayor proporción de delitos se concentre en aquellos que atentan contra la propiedad. Por otra parte, el rol de los medios de comunicación y el avance de las tecnologías en materia de redes sociales, ha permitido que el flujo de información sea más accesible a las personas, lo cual posibilita que la información sobre la ocurrencia y formas del delito se virilicen con fuerte impacto en la opinión pública. A su vez, la línea editorial de algunos medios ha puesto énfasis en resaltar los hechos de violencia, con un fuerte acompañamiento de la audiencia, especialmente en medios televisivos. Lo anterior tiene efectos en la percepción que tengan los ciudadanos, acerca de las reales condiciones de seguridad en las cuales viven, generando una tensión entre lo que nos señalan los datos y que conforman lo que entendemos por seguridad objetiva y la percepción de seguridad, es decir cómo se vive subjetivamente la seguridad. En otra línea de trabajo, el Estado ha incorporado paulatinamente acciones que se consideraban complementarias a las estrategias de seguridad, situándolas en una posición relevante. Es así como, a partir del año 2000, se generan diversos programas que buscan potenciar el vínculo entre la ciudadanía y la institucionalidad pública, a través de la participación ciudadana en estrategias de prevención social y situacional en el ámbito de la seguridad pública. Se destaca la conformación de consejos regionales y comunales de seguridad, con una importante participación de las organizaciones de la sociedad civil. Se avanza en la generación de acciones concretas en función de dar asistencia a las víctimas de delitos violentos, no solo en el ámbito de las instituciones vinculadas al quehacer judicial, como es el caso de las Unidades de Atención a Víctimas del Ministerio Público, sino también desde el Gobierno, destacándose los Centros de Atención a Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, con sus respectivas especificidades. Es relevante además, las líneas de trabajo que incorporan variables medio ambientales como un aspecto fundamental en la prevención situacional de los delitos. Es así que se disponen de recursos financieros, para que en la modalidad de concursos públicos, las organizaciones sociales puedan participar, y por esa vía desarrollen proyectos de mejoramiento de espacios urbanos e incorporación de equipamiento comunitario, entre otros. Las estrategias destinadas al control policial del delito también son objeto de una nueva mirada, incorporando un fuerte énfasis en la focalización del control policial en el territorio. Una iniciativa que se inscribe en esta nueva mirada fue el Plan Barrio Seguro, el cual implemento diversas intervenciones policiales en poblaciones con fuerte presencia del tráfico de drogas. A partir de esa época también es posible identificar con claridad, en las distintos Gobiernos que se han sucedido; planes que intentan organizar e integrar las acciones tanto en prevención del delito como en materia de control de los mismo.
[cita tipo=»destaque»]Son los ciudadanos quienes vuelven a poner en la discusión la necesidad de evaluación de todas estas acciones, y su real impacto en la contención del fenómeno delictual. Así como lo han exigido en otras áreas, como por ejemplo la educación, la salud o la protección social, es necesario también abordar dicho debate desde la institucionalidad, planteando una verdadera reforma en materia de seguridad pública que aborde diferentes nudos problemáticos que se pueden observar.[/cita]
En el primer Gobierno de Michelle Bachelet, se impulsa la denominada Estrategia Nacional de Seguridad Publica, que a su vez está fundada en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera impulsa el Plan Chile Más Seguro, siendo la acción más conocida a nivel de medios de comunicación el denominado Barrio en Paz. Durante el actual Gobierno de Michelle Bachelet, se da inicio al plan “Seguridad para Todos”, el cual en líneas generales tiene un carácter de continuidad más allá de la especificad de las acciones contenidas. Sin duda, son muchos los cambios que se han observado a nivel de desarrollo institucional, motivados por la propia evolución del fenómeno de la criminalidad. Sin embargo son los ciudadanos quienes vuelven a poner en la discusión la necesidad de evaluación de todas estas acciones, y su real impacto en la contención del fenómeno delictual. Así como lo han exigido en otras áreas, como por ejemplo la educación, la salud o la protección social, es necesario también abordar dicho debate desde la institucionalidad, planteando una verdadera reforma en materia de seguridad pública que aborde diferentes nudos problemáticos que se pueden observar. En este sentido, la mayor urgencia se encuentre en generar una mejor coordinación tanto en el ámbito de las facultades como de las acciones que implementa cada sector en materia de seguridad. En nuestro país, las atribuciones y facultades que tienen los organismos públicos se encuentran distribuidos en distintas normas de diversos alcances, que van desde leyes orgánicas constitucionales a ordenanzas municipales, lo cual desafía una coordinación eficiente en la materia. Por otra lado, la priorización de ejes de trabajo, así como la definición de una política de seguridad como política de Estado, más que como una acción de un Gobierno en particular, puede tener impacto en la asignación de recursos no solo en el ámbito financiero, sino también en la formación de recursos humanos especializados que sustenten las acciones de prevención o control del delito. Una revisión detallada de la institucionalidad judicial y gubernamental así como de algunas normas, se vuelve un imperativo a la luz de la evolución del delito en nuestro país, marcado por un alza sostenida de los indicadores delictuales, y en un contexto de Globalización, donde la criminalidad incorpora una mayor movilidad de recursos y nuevos formatos delictivos. Finalmente, la experiencia ha demostrado la importancia que tiene el desarrollo no solo de políticas nacionales contra la delincuencia, sino también el desarrollo de acciones localizadas, focalizadas y pertinentes con la realidad delictual de cada territorio, sea éste una región, una comuna o un barrio. En el mismo sentido, también es importante el tratamiento que la política pública entrega a ciertas realidades y actores, como por ejemplo cuando se trata de reinserción social. Aquí la definición es cómo la reinserción social se hace efectiva, ya sea que hablemos de adultos o jóvenes, y con qué profundidad estamos dispuesto a llevarla acabo; lo cual depende en gran medida de la disposición de recursos financieros y humanos. En definitiva, nuestro país requiere un debate de mayor profundidad, que involucre de manera amplia a la opinión pública, a la organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a las instituciones del Estado, en función de cuál será el camino que la sociedad chilena tome en materia de seguridad pública para las próximas décadas.
