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El proyecto de Identidad de Género y el peso de los prejuicios Opinión

El proyecto de Identidad de Género y el peso de los prejuicios

Sergio Espejo
Por : Sergio Espejo Abogado. Diputado DC
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El proyecto de Identidad de Género continúa negando a los mayores de 14 y menores de 18 años el ejercicio de su derecho de solicitar el cambio registral, facultad que es entregada en exclusiva a sus padres. Al no reconocerles tampoco el derecho a que un tribunal resuelva esta cuestión, no solo se atenta contra el interés superior de los adolescentes, sino que se desconoce su autonomía progresiva y su derecho constitucional de acceso a la justicia.


El debate en torno a la Ley de Identidad de Género ha permitido la expresión de gran cantidad de opiniones. Lamentablemente, muchas de ellas representan prejuicios responsables de discriminación y segregación en nuestras vidas cotidianas.

Un prejuicio fue, por ejemplo, el que llevó al Senado a imponer la exigencia de un certificado psicológico o psiquiátrico que acredite que quien solicita un cambio de registro de identidad (cambiar en sus documentos la categoría “femenino” por “masculino” o viceversa) no es víctima de un desorden o enfermedad mental.

Prejuicios de ese tipo permitieron en el pasado la imposición de “terapias reparativas” a los homosexuales (como el electroshock) por considerarlos enfermos. Afortunadamente, en la Cámara de Diputados logramos expresamente excluir la presentación de estos certificados para que los adultos puedan requerir un cambio registral.

La misma lógica del prejuicio explica que el Senado haya resuelto que los menores no tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género. Esta cuestión fue corregida, al menos parcialmente, por la comisión de derechos humanos de la Cámara.

[cita tipo=»destaque»]La mayoría de los padres y madres toman decisiones buscando el mayor bienestar para sus hijos. Pero esto no siempre es así. En esas situaciones, lo sabemos tristemente, el daño puede ser irreparable y expresarse, entre otras cosas, en fracasos escolares, abandono del hogar familiar e incluso en suicidios adolescentes. Por eso la ley reconoce derechos parentales, pero nunca a costa de la integridad física o psicológica de los menores. Es aquí donde se encuentra el prejuicio: en buscar dar rango legal a la idea, que sabemos incorrecta, de que solo los padres saben lo que les conviene a los hijos[/cita]

Sin embargo, el proyecto continúa negando a los mayores de 14 y menores de 18 años el ejercicio de su derecho de solicitar el cambio registral, facultad que es entregada en exclusiva a sus padres. Al no reconocerles tampoco el derecho a que un tribunal resuelva esta cuestión, no solo se atenta contra el interés superior de los adolescentes, sino que se desconoce su autonomía progresiva y su derecho constitucional de acceso a la justicia.

Es un grave error.

La mayoría de los padres y madres toman decisiones buscando el mayor bienestar para sus hijos. Pero esto no siempre es así. En esas situaciones, lo sabemos tristemente, el daño puede ser irreparable y expresarse, entre otras cosas, en fracasos escolares, abandono del hogar familiar e incluso en suicidios adolescentes. Por eso la ley reconoce derechos parentales, pero nunca a costa de la integridad física o psicológica de los menores. Es aquí donde se encuentra el prejuicio: en buscar dar rango legal a la idea, que sabemos incorrecta, de que solo los padres saben lo que les conviene a los hijos.

Por eso me parece indispensable reconocer a los mayores de 14 y menores de 18 años la posibilidad de recurrir a un tercero independiente, el juez de familia, cuando crean que su derecho al reconocimiento de su identidad de género es desconocido o negado por su familia. Así lo ha reconocido en estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proyecto de ley que debate la Cámara corrige muchos de los prejuicios del Senado y es un gran avance, pero ningún grupo de la población puede estar sujeto al grado de maduración de los legisladores para ver reconocidos sus derechos. Este no es un debate filosófico. Hacemos leyes y el objetivo claro –incuestionable, impostergable– de este proyecto en particular no es proteger nuestra susceptibilidad ni sostener nuestros prejuicios, sino permitirle a cada persona que viva como quien siente y sabe que es.

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