En la última década hemos sido testigos y muchas veces protagonistas de grandes movilizaciones sociales por avanzar a una sociedad que tiene como horizonte romper con la desigualdad en todas sus expresiones. Como comunidad internacional, y mirando el 2030, hemos acordado que, para avanzar en el cambio estructural y el logro de la igualdad, demanda una rediscusión del rol del Estado y las instituciones, y de su relación con el mercado y la sociedad.
Hemos definido también que la igualdad de género es fundamental para avanzar hacia el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
Entonces, ¿por qué es urgente avanzar a una sociedad donde las mujeres tengamos el derecho a vivir una vida libre de violencia? La violencia de género contra las mujeres es una permanente violación a los derechos humanos de las mujeres, impidiéndoles ejercer su ciudadanía plena, y mientras no tengamos resuelta esta grave expresión de desigualdad, no podremos avanzar hacia el desarrollo sostenible en nuestro país.
La semana pasada el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Subsecretaría de Prevención del Delito, pusieron en común los resultados de la Tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales (ENVIF 2017). Los datos dan cuenta que la violencia contra las mujeres aumenta entre la medición del 2012 y la del 2017, el 18.2% de las mujeres encuestadas dice haber experimentado algún tipo de violencia durante los últimos doce meses. El aumento se explicaría por el aumento de violencia psicológica en el 2017, que tiene un salto de casi cuatro puntos porcentuales en relación a la medición del 2012.
Sumamos a estos indicadores, el número total de femicidios que hemos condenado permanentemente durante el año 2017. Al 31 de diciembre de 2017, en Chile se registraron 42 femicidios consumados y 112 femicidios frustrados, según la categorización restringida y criticada por las organizaciones de mujeres y feministas y expertas en derechos humanos y violencia de género. 42 mujeres asesinadas por sus actuales o ex parejas, 42 historias de violencia, de abuso permanente y planificado por el agresor para controlarlas y someterlas hasta la muerte.
Estas cifras nos preocupan y nos ocupan como gobierno. Nos comprometimos en nuestro Programa de gobierno a mejorar y fortalecer la institucionalidad que permitiera a las mujeres de Chile, ejercer sus derechos y avanzar en más y mejores derechos. Hicimos parte de nuestro programa, la demanda histórica de las mujeres organizadas de contar con una institucionalidad robusta y que mandatara a todos los organismos del Estado a generar una arquitectura institucional, con funcionarios y funcionarios capacitados y presupuestos que permitieran generar acciones coordinadas de todo el Estado para responder a las demandas y problemáticas que afectan a las mujeres en nuestro país. Desde junio del 2016, las mujeres cuentan con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, compromiso cumplido por la Presidenta.
Nos comprometimos a reforzar las políticas de prevención de la violencia de género contra las mujeres. Contamos, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, con el Modelo de abordaje de la violencia contra las mujeres territorializado. Este modelo ejecuta el Programa de prevención integral de violencia contra las mujeres y el Programa de atención, protección reparación integral en violencia contra las mujeres. Tenemos una cobertura aproximada de 300 comunas, con acciones directas en las comunidades donde viven las mujeres y la articulación de los dispositivos de violencia contra las mujeres (Casas de Acogida, Centros de la Mujer, Centros de hombres que ejercen violencia de pareja, Centros de atención y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual, Casa de acogida para mujeres vulneradas por trata de personas y migrantes en situación de explotación y el Servicio de atención telefónica y telemática Fono 800 104008) de la Red SERNAMEG desplegados en todo Chile.
[cita tipo=»destaque»]Por otro lado, la legislación actual, al no reconocer en la violencia contra las mujeres un fenómeno cultural complejo y multicausal, no asume el desafío de generar un cambio cultural como principal herramienta de prevención contra la violencia. En ese contexto, el proyecto de Ley presentado por la presidenta Michelle Bachelet “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, busca generar las condiciones para propiciar el cambio cultural en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, y de esta forma avanzar en la prevención de la violencia.[/cita]
En el trabajo de prevención, y comprometidas con el cambio cultural necesario para erradicar la violencia contra las mujeres y hacer que estos cambios sean sostenibles, es relevante el trabajo preventivo destinado a hombres, en que se aborda el cuestionamiento de la llamada “masculinidad hegemónica” y sus privilegios patriarcales. Así como también las acciones preventivas que realizamos a nivel provincial, comunal o local, buscando potenciar el tejido social y la participación de hombres y mujeres, transfiriendo capacidades al territorio, para enfrentar la cultura patriarcal y promover su transformación. Sumando a ello, las campañas nacionales de prevención, donde hemos sido enfáticas en el llamado a la comunidad en hacernos corresponsables en erradicar la violencia de género contra las mujeres.
Nos comprometimos también como gobierno a modificar la Ley 20.066, producto del trabajo sostenido e incansable de las organizaciones de mujeres y feministas por evidenciar que el acotar la problemática de la violencia contra las mujeres al espacio privado, determina una respuesta del Estado a las víctimas, insuficiente. Ante esto, nos planteamos necesario ampliar el concepto de violencia y reconocer las distintas formas en las que se manifiesta; al tiempo que crear nuevos tipos penales que sancionen conductas hasta hoy impunes, e incluso normalizadas, como ocurre con el acoso sexual que tiene lugar en la vía pública.
Por otro lado, la legislación actual, al no reconocer en la violencia contra las mujeres un fenómeno cultural complejo y multicausal, no asume el desafío de generar un cambio cultural como principal herramienta de prevención contra la violencia. En ese contexto, el proyecto de Ley presentado por la presidenta Michelle Bachelet “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, busca generar las condiciones para propiciar el cambio cultural en aras de erradicar la violencia contra las mujeres, y de esta forma avanzar en la prevención de la violencia.
Esperamos que este proyecto sea prontamente Ley, y que como miles de mujeres chilenas sueñan, que la futura Constitución de Chile, reconozca a las mujeres con igualdad de derechos respecto de los hombres en materia civil, familiar, cultural y económica, e incorpore entre los derechos específicos a garantizar, el derecho a una vida libre de violencia para mujeres y niñas como es el deseo de las mujeres chilenas (Encuesta Humanas, 2016).
