EDITORIAL
Mucha gente al empezar el año observa los indicadores de las bolsas de valores del mundo antes de hacer cualquier pronóstico. Otras miran en el zodíaco chino el carácter del año para inferir lo que éste les depara.
Mucha gente al empezar el año observa los indicadores de las bolsas de valores del mundo antes de hacer cualquier pronóstico. Otras miran en el zodíaco chino el carácter del año para inferir lo que éste les depara. Para éste, el 2018 será el año del Perro (de tierra), símbolo de inteligencia y protección, pero que puede convertirse en un período socialmente tumultuoso, si la sensación de privación de esperanza y la exclusión social predominan, promoviendo la exigencia de cambios radicales en las condiciones de vida de las personas.
El sistema político está fraccionado y la calidad y densidad de los liderazgos es baja, y las instituciones viven un momento de anomia tanto de sus consensos internos como sobre la cooperación sistémica a que están obligadas. Independientemente que las brechas sean mayores o menores, según los aspectos a que están referidos.
La perspectiva económica indica que la confianza y el optimismo dominan los públicos, sobre todo en perspectiva individual. Ello hasta que se llega al corte de la tercera edad. Entonces los miedos equilibran las esperanzas y aparecen los dos grandes problemas económicos y sociales macro del Estado chileno: las pensiones y la salud. Desde el punto de vista de los grandes números, las proyecciones de crecimiento se ponen entre el 2.5% y el 3%, esperándose un repunte de las inversiones y la productividad, especialmente en áreas como la minería. El empleo joven sigue siendo precario y arrastrará la agenda de educación e innovación.
Conviene resaltar que la principal tranca para un mejor desempeño económico es política, y tiene que ver con un atraso institucional del Estado, y con la cultura empresarial dominante, bastante premoderna. En el modelo de la transición, la política, con dirigismo puramente estatal, fue un activo de los grupos empresariales para su crecimiento y concentración económica, y los acostumbró –en mucho casos- a no innovar ni crear o aceptar competencia, sino solo a ampararse en la presión política al gobierno de turno, ya sea directa, o a través de su representación política, y sin mejorar sus gobiernos corporativos.
En ese nudo, la elite económica no puede pretender mantener el statu quo a base de su poder político, porque de alguna manera éste está licuado, e incluso, al mostrar independencia y eficiencia, el Estado ha dejado en claro que es posible crear competencia incluso en los escenarios más duros de los monopolios naturales, como ocurrió con la energía en este segundo gobierno de Bachelet. El modelo no se defiende en barricadas políticas sino en la racionalidad colectiva, la innovación, la competencia y el encadenamiento productivo sano, una parte importante del empresariado aún no lo entiende.
Tendremos un gobierno central relativamente fuerte y con algunas ganas de innovar (para mejorar), para intentar que su coalición permanezca ocho años o más en el poder. Al frente, al menos por el momento, una oposición fragmentada.
En política, como regla general, es mejor tener pocos interlocutores mayormente empoderados, pues ello facilita las negociaciones. Sin embargo, ello puede ser relativo a las circunstancias. La perspectiva es que el gobierno tendrá muchos interlocutores, pero ninguno con suficiente poder y muchos tratando de acceder a la notoriedad pública. Ese cuadro tiene problemas y ventajas. El problema mayor es que la tensión se traslade a la calle, ocupada con vocerías parlamentarias, posiblemente encabezadas por el Frente Amplio y el PC, sin mucho orden político, creando un ambiente de malestar social y frecuentes alteraciones del orden público. AFP y educación están dados como problemas, por lo que el diseño de la agenda y la vocería debe ser fina.
En este sentido el control de los diseños policiales de Carabineros, habida consideración la crisis interna por la que atraviesa la institución y la caída en su imagen corporativa, será un punto relevante. Algo debe hacer el gobierno, no se vislumbra qué, para dar la sensación de estar en control y no solo en un “acto de confianza y permisión”.
Al revés, la ventaja de un cuadro variopinto es que si se tiene muchos interlocutores y se maneja un poder central ordenado, se puede validar vocerías e interlocuciones de la oposición, unas con preferencias a otras, es decir, construir dialogantes y arenas y temas de diálogo. En segundo lugar, se puede manejar mejor el ritmo de avances y negociaciones de los temas a partir incluso de competencias sectoriales, para lo cual se requiere el enfoque de una Segpres hábil, no concentrada en el Parlamento sino en la coordinación interna de gobierno. En tercer lugar, adquiere más relevancia una gobernabilidad sectorial a base de las competencias administrativas y no de iniciativas de ley, habida consideración que el Parlamento será una arena de doble enfrentamiento: interno por un lado por la disputa de fueros propios, y con el gobierno por otro por el significado simbólico de la agenda legislativa. Un parlamento fraccionado no es problema –o no debiera serlo- para un gobierno ordenado, a menos que existiera una crisis social encarnizada, que no es el caso. Existe la sensación que no se precisan más leyes –o muchas más- sino la voluntad real de aplicar las competencias que se tienen.
El extremo fraccionamiento de la Nueva Mayoría y su baja calidad política, le llevará mucho tiempo para armar un programa político de centro izquierda capaz de interpretar las libertades civiles, la igualdad social y una sociedad de bienestar con reglas de mercado, para volver a ser competitiva electoralmente, a menos que el gobierno lo haga muy mal. La NM es demasiado obtusa para entender la relación positiva actual, que es epocal, entre liberalismo y socialdemocracia, y se obnubila en un enorme yermo intelectual para seguir desangrándose en discusiones vacías acerca del socialismo y el comunitarismo, vis a vis una nueva constitución. Solo tiene poder de escaramuzas –si logra unidad interna- frente al gobierno.
Se dice que los países pelean las guerras que no prevén. En política es lo mismo. Los gobiernos se ven desafiados estructuralmente por problemas que no alcanzar a ver. Le ocurrió a Bachelet dos veces y también a Piñera.
En este orden, tres son los temas que aparecen básicos para el 2018: el primero es el gobierno interior. La designación de intendentes será un intríngulis para el gobierno entrante porque el 2020 habrá elecciones regionales, y todos competirán pues se elegirán 15 súper representantes: los gobernadores regionales. Nadie puede darse el lujo de quedar fuera de esa competencia, y el primer paso son los actuales intendentes que designará el gobierno y que apenas durarán un año si desean ser candidatos el 2020.
El segundo tema es el problema político de La Araucanía que va camino de transnacionalizarse, y donde el gobierno que asume el 11 de marzo tiene un mandato político imperativo con el 67% de apoyo electoral en la zona. Tiene que llegar a actuar desde el primer día pero el tema no es la seguridad ciudadana ni los agentes encubiertos. Los temas son propiedad, reconocimiento de autonomía política funcional y desarrollo cultural. La solución que se adopte tocará Isla de Pascua y el resto del territorio en diversos puntos. Desatado, será un proceso en cadena.
El tercero de los imprevistos pueden llegar a ser las relaciones vecinales, cuyos temas no solo no se cierran sino están en cauce de abrirse, sin que las autoridades se percaten que por una mala calidad de la administración internacional, y carencia de inteligencia estratégica del país, podríamos en los próximos 10 años estar en un escenario extraordinariamente convulso, particularmente con Perú. Hay que recordarle al gobierno que los países no tienen amigos sino intereses, y estos son generalmente permanentes cuando se refieren al conjunto de la nación y a la integridad territorial del Estado. Es lo que estudia permanente e insistentemente Torre-Tagle, la cancillería peruana.
El Estado de Chile ya enfrenta una incertidumbre estructural y permanente derivada del cambio climático global. Este ha aumentado los riesgos que tiene el país en su fragilidad geofísica, lo que pone la protección del medio ambiente y el régimen de manejo de crisis y emergencias de origen natural, en la orden del día.
