Los resultados del informe anual de Derechos Humanos del INDH presentados durante esta semana dan cuenta que la situación de los miles de niños que son acogidos en centros de protección residencial es profundamente grave e inaceptable desde todo punto de vista. Los antecedentes acumulados en los últimos 5 años son contundentes e inapelables. Cualquier forma de justificación de esta situación solo puede ser entendida como una negación flagrante de la realidad o un nivel de indolencia inédito en la política pública.
El informe no solo confirma la incapacidad de estas instituciones para garantizar los derechos de los niños durante su estadía, sino que muestra con información categórica la existencia de una cultura naturalizada de violencia y maltrato al interior de estos contextos. No se trata de situaciones aisladas, accidentales o focalizadas, sino de dinámicas imbricadas en el corazón de un sistema que opera con una inercia que parece irrefrenable, pero que a la vez se desentiende de los efectos de sus prácticas y discursos sobre los niños y las familias que interviene.
Por lo mismo, es necesario repetir hasta el hartazgo, que es inadmisible seguir amparando un sistema que en lugar de proteger genera, de forma sistemática, vulneraciones de derechos y daños profundos en los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. Lo que hoy conocemos del funcionamiento de estos lugares, gracias a reportes como el del INDH, es más que una radiografía del panorama actual de las residencias de protección. Es también el recordatorio de la crisis histórica del cuidado de la niñez en Chile, un malestar vigente, pero con raíces tan profundas que solemos olvidar donde radica su origen.
Uno de los aspectos que el informe presenta es un análisis de la situación actual de 11 centros de administración directa (CREAD), los cuales representan tan solo el 4% del total de residencias en Chile. La particularidad de estos centros es que son gestionados directamente por Sename y tienen un financiamiento mayor que las residencias administradas por organismos colaboradores de la sociedad civil, que a través de fundaciones y corporaciones reciben la subvención del Estado. Si bien queda esperar los resultados de la misión de observación realizada por el INDH durante el primer semestre de 2017 a 171 residencias de todo Chile, la información sobre los CREAD entrega, probablemente, un adelanto de los puntos más críticos del sistema de protección.
[cita tipo=»destaque»]Considerando que todos estos antecedentes reafirman la crisis profunda del sistema de protección de la infancia, es primordial asumir que esta situación está lejos de revertirse con propuestas que se ciñen a la tradición de la caridad y el asistencialismo, con una que otra sofisticación técnica. Los problemas que experimentan los niños en residencias no se resuelven simplemente mejorando la infraestructura, con más horas de actividades recreativas o con talleres de estimulación temprana para los bebés.[/cita]
A través de diferentes problemas detectados al interior de las instituciones, como la sobrepoblación, el hacinamiento, las dinámicas carcelarias, el deterioro de los vínculos y diversas formas de violencias, el reporte demuestra con hechos concretos como el paradigma propuesto por la Convención de los Derechos del Niño, a saber, la compresión del niño como un sujeto pleno de derechos, no tiene prácticamente ningún grado de realización desde lo que se puede observar en el funcionamiento cotidiano de las residencias de protección.
Desde ese punto de vista, las residencias en Chile son la expresión más clara de que la Convención sigue siendo un enunciado político que se ha quedado en el plano de las intenciones sin una traducción que desde las políticas públicas aborde eficientemente el conjunto de problemas con propuestas que estén orientadas no por resultados cortoplacistas, sino por una ética de la intervención basada en el cuidado, el trato digno y el respeto de todos los niños que sufren de la separación de sus contextos familiares y comunitarios. Sin ir más lejos, el informe nos permite concluir que, en materia de cuidados alternativos, Chile tiene una deuda que sigue acumulando intereses, ya que en la práctica los niños siguen siendo objeto de la caridad y de la tutela de las instituciones privadas y públicas, cuestión a todas luces contradictoria con un enfoque basado en los derechos humanos.
Considerando que todos estos antecedentes reafirman la crisis profunda del sistema de protección de la infancia, es primordial asumir que esta situación está lejos de revertirse con propuestas que se ciñen a la tradición de la caridad y el asistencialismo, con una que otra sofisticación técnica. Los problemas que experimentan los niños en residencias no se resuelven simplemente mejorando la infraestructura, con más horas de actividades recreativas o con talleres de estimulación temprana para los bebés. El punto de partida debe ser la elaboración de un marco de condiciones estructurales para el ejercicio del cuidado del otro, junto con la implementación de prácticas institucionales basadas en un enfoque de derechos, por ejemplo, ¿Cuántas instituciones generan instancias reales para escuchar y fomentar la participación activa de los niños? o ¿Cuántas instituciones promueven los vínculos de los niños con la familia de origen y la comunidad?
Las políticas públicas que busquen transformar y mejorar esta dolorosa realidad no pueden soslayar el hecho de que los sistemas residenciales tiene arraigadas dinámicas que operan en sentido contrario a lo que propone la Convención. Nuestras residencias, según lo observado en el informe, están lejos de encarnar una cultura del buen trato con todos los que participan de ese contexto: niños, familias y trabajadores. El funcionamiento llega a ser tan nocivo que vincularse a estos lugares conlleva daños emocionales significativos y un estigma social cargado de menosprecio y deshumanización.
En este punto es importante recordar que las residencias, históricamente, han estado asociadas a mecanismos de coacción, a saber, modos de regulación de los individuos a través de dispositivos de control y vigilancia cuyo objetivo es la homogenización de la experiencia de los sujetos y su adaptación a un determinado contexto. En las instituciones de protección se configuran una serie de procesos que tienen efectos en la vida psíquica de los sujetos que las habitan. Estas condiciones estructurales refuerzan el daño y hacen obstáculo a los procesos de cuidado.
No asumir la necesidad de generar cambios en la cultura institucional de las residencias es mantener una política pública que impacta la superficie del problema, pero que no modifica en nada la experiencia de sufrimiento de los niños en instituciones.
Parte de la solución está en asumir que, en nuestro contexto proteccional, las residencias tienen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos de niños y niñas que han sufrido graves vulneraciones y deben enfrentar los efectos de una separación afectiva. Desde esa perspectiva, estos centros deben ser capaces de comprometerse en la realización de un trabajo que promueva una experiencia que permita al niño/a volver a sentirse protegido, contenido y cuidado. En definitiva, que un niño pueda volver a confiar en otros.
Por lo tanto, una institución que quiere asumir la difícil tarea de ser garante de los derechos de los niños debe ser capaz de promover prácticas de cuidado y protección considerando al menos los siguientes cuatro aspectos:
1) Ofrecer a cada niño que ingresa a una residencia la posibilidad de construir un vínculo afectivo a través de un referente significativo que lo acompañe en su experiencia de separación e internación, ofreciéndole estabilidad y continuidad emocional.
2) Promover el derecho a la historia y la identidad durante la internación a través de diferentes registros que den cuenta de la experiencia del niño. Contar con libros de vida y resguardar las pertenencias del niño son formas de proteger el derecho a la identidad durante la internación.
3) Promover las relaciones y la historia vincular con la familia y la comunidad de origen durante la separación. Todo niño proviene de un contexto familiar y comunitario que debe ser reconocido y respetado. La situación de separación e internación no puede tener como efecto que el niño sea desvinculado completamente de sus referentes familiares y sociales. Al contrario, se debe promover desde la residencia que el niño, independiente de su edad, mantenga un contacto permanente con su familia a través de los espacios de visitas (siempre y cuando no existan razones fundamentadas de lo contrario) y otros espacios sociales que le permitan formar parte de los intercambios de la cultura, dado que un experiencia totalizante o cerrada de institucionalización es altamente perjudicial.
4) Fomentar la opinión y participación de los niños durante la internación. Las residencias deben implementar espacios para escuchar y acoger las opiniones de los niños acordes a su etapa evolutiva y basados en el principio de autonomía progresiva. Es fundamental que todo niño entienda las razones de su internación, esté permanente informado de su proceso y pueda ser considerado permanente por los adultos que están a cargo de su caso.
Estos elementos pueden ser el punto de partida para implementar nuevas formas de cuidado al interior de los contextos residenciales.
