Señor Director:
Este año, por primera vez, los chilenos que residen en el extranjero pudieron votar. De acuerdo a la página web del Servel estas personas pudieron ejercer su derecho a sufragio “formando parte del proceso como cualquier otro elector dentro de Chile”.
Integrar a los chilenos que residen en el extranjero al proceso eleccionario es sin duda un paso adelante en la democratización de nuestra institucionalidad. Sin embargo, el Servel miente al afirmar que todo elector dentro de Chile haya podido participar en el proceso. Así, las personas privadas de libertad por encontrarse en prisión preventiva, o bien, cumpliendo una pena privativa de libertad que no suspenda el derecho a sufragio no votaron este año. Ello, pues el Servel y Gendarmería han sostenido reiteradamente que no pueden establecerse circunscripciones electorales en recintos penitenciarios y que Gendarmería no está facultada para resguardar el proceso, pese a algunos fallos explícitos de la Corte Suprema en cuanto a que el derecho a sufragio es un derecho de todo ciudadano y que el Servel y Gendarmería incurren en una conducta ilegal al no velar por posibilitar el ejercicio oportuno del derecho a voto de los privados de libertad. En este contexto, vale la pena preguntarse por las razones subyacentes a la profunda resistencia, tanto institucional como de la ciudadanía, a que quienes se encuentren privados de libertad voten. Aquí, la imagen del extranjero resulta útil para comprenderlo. En nuestro país, los privados de libertad se convierten en “otros”, en “delincuentes”, distintos a “nosotros”, los ciudadanos respetuosos de la ley. Se encuentran, entonces, más lejos que los chilenos que no viven en el país. Son personas “extrañas”, a las que se les teme y se les debe excluir. Por ello, por ejemplo, no importa que cumplan su privación de libertad en condiciones inhumanas, como tampoco que no cuenten con mecanismos institucionales efectivos para reclamar por los abusos de los que puedan ser objeto. Tampoco es problemático, desde esa perspectiva, que no tengan acceso adecuado a la salud, educación, formación, etc. ¿Por qué deberíamos asegurar estos derechos a personas que no son como nosotros? El que los privados de libertad no voten involucra, así, mucho más que la violación del Estado de Chile de asegurar el derecho a sufragio a todos los ciudadanos. Representa, finalmente, el lugar que ocupan los privados de libertad en nuestra sociedad: un lugar lejano, ajeno, extranjero, frente al cual preferimos construir un muro o cerrar nuestras fronteras.
Alejandra Mera
Directora Escuela de Derecho
Universidad Diego Portales
