Señor Director
Cuando estamos en plena discusión del reajuste del sector público, es bueno recordar que actualmente se encuentra en acuerdo ante el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos mediante los cuales los Fiscales y Magistrados de Chile impugnamos la arbitraria decisión tomada el año pasado de no reajustar las remuneraciones de quienes ocupan los cargos más altos de nuestras instituciones.
La decisión, tomada el año pasado de «congelar» los sueldos de muchos jueces y fiscales, significó en la práctica rebajar los ingresos de los principales encargados de investigar delitos e impartir justicia en Chile.
Sin perjuicio del evidente y legítimo interés económico de los afectados. Lo ocurrido es grave por otras razones.
Por un lado, el poder político demostró que -por esta vía- tiene la capacidad de presionar y perjudicar precisamente a quienes son los encargados de investigar y sancionar graves hechos que han causado preocupación en la opinión pública. Al respecto, es sorprendente como varios parlamentarios, imputados en causas, no se inhabilitaron en esta discusión.
Por otra parte, estas rebajas hacen trizas la carrera funcionaria de jueces y fiscales, desquiciando absolutamente las escalas de remuneraciones. Lo anterior, claramente desincentiva a quienes quieren progresar en estas instituciones por la vía del buen desempeño.
Todo ello deriva en perjuicios que no sólo deben evitarse en el futuro. Además, deben ser reparados.
Quizá lo único «favorable» de esta situación es que, sin perjuicio de nuestros respectivos roles, los fiscales y los jueces hemos tenido la capacidad de entendernos y de actuar en conjunto para rechazar una normativa que, además de injusta, en la práctica ahorra muy poco dinero al erario nacional.
Claudio Uribe Hernández
Secretario general Asociación de Fiscales
