Los lamentables sucesos que han venido aconteciendo en las últimas semanas me obligan, en razón de las responsabilidades que he asumido en los últimos años, a manifestar opinión sobre los mismos.
Lo hago como profesora titular, sin ningún cargo en la Facultad. En efecto, como ya es de conocimiento público, fui separada de mi responsabilidad como directora de investigación, conjuntamente con la directora de postgrado, por haber patrocinado ambas una candidatura a consejero de Facultad que no contaba con la “autorización” del señor decano. Dicha medida, como es evidente, es totalmente contraria a la mínima convivencia democrática de una coalición que llegó a la conducción de Facultad, sin fusionar los grupos que la conformaban.
En concordancia con el programa que propuse al postular al decanato en 2015 y por imperativo de mi convicción como académica, he apoyado y seguiré apoyando las políticas que impliquen una aplicación cabal del PDI de nuestra Facultad, en particular, el fortalecimiento de la investigación, del cuerpo académico, la racionalidad y equilibrio presupuestario, la capacitación de los funcionarios y funcionarias, la inclusión y diversidad estudiantil, la visibilidad de la Facultad en temas de relevancia nacional, la reforma del pregrado centrada en el aprendizaje de los estudiantes, la innovación en la docencia y el fortalecimiento del postgrado.
Todas esas políticas tenían como marco ético la vigencia de los principios de probidad, tolerancia, transparencia y aplicación estricta de las normas reglamentarias que regulan la actividad de los distintos órganos de la Facultad.
En relación con el tema del aumento de matrícula, actualmente en discusión, lo apoyo, siempre que sea racional, esto es, que no amenace la calidad de la enseñanza y la formación integral de los estudiantes. Agrego que la racionalidad supone una información cabal y un debate previo y no una imposición unilateral sin debate.
Mientras se consolidaba mi salida del gobierno de la Facultad, tuvo lugar la toma de sus dependencias por los estudiantes, que reclaman se respete su derecho a una formación integral y que las decisiones que afectan a la comunidad se tomen considerando la diversidad de opiniones, el espíritu cívico y democrático que debe inspirar el funcionamiento de las instituciones de la Facultad. Opinión similar han manifestado las funcionarias y funcionarios, a través de la Asociación que los agrupa.
[cita tipo=»destaque»]Lamento profundamente la adopción de posturas extremistas que rehúsan dialogar, la destrucción de la amistad cívica y la instalación de un sentimiento de temor a represalias por pensar y obrar en una línea distinta a la oficial. Son actitudes que afectan los valores de la tolerancia y la libre discusión en nuestra Facultad y, por tanto, afectan el prestigio de la Universidad de Chile.[/cita]
Comparto la mirada del conflicto que llama la atención sobre la inconveniencia de las tomas, y que pone énfasis en la urgencia del diálogo para normalizar las actividad de la Facultad. Por otra parte, asumo que las demandas han contado con un importante apoyo del estamento estudiantil que rechaza las prácticas autoritarias.
En ese contexto conflictivo, el día de ayer el Consejo de Facultad avaló el accionar del señor prorrector Rafael Epstein, destinado a bajar la toma, generando instancias de diálogo. Celebro esa actitud que, lamentablemente, no se impulsó desde el decanato. Me parece lamentable que las instancias de la Facultad no operaran de manera oportuna, para evitar una intervención de la rectoría. No recuerdo otro momento, en los últimos años, en que la rectoría se instalara en el Consejo de Facultad.
Hago un llamado a las partes involucradas, para prosperar en los acuerdos básicos que ya se han alcanzado por mediación de rectoría. En particular llamo a los estudiantes a que depongan a la brevedad la toma y pongan fin a la paralización de las actividades académicas.
Lamento profundamente la adopción de posturas extremistas que rehúsan dialogar, la destrucción de la amistad cívica y la instalación de un sentimiento de temor a represalias por pensar y obrar en una línea distinta a la oficial. Son actitudes que afectan los valores de la tolerancia y la libre discusión en nuestra Facultad y, por tanto, afectan el prestigio de la Universidad de Chile.
Deseo, fervientemente, que este sólo sea un mal momento, que sabremos superar como comunidad académica y hago votos por que se restauren nuestras mejores prácticas democráticas.
