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La PUC frente a la explotación laboral: ¿hienas o corderos? Opinión

La PUC frente a la explotación laboral: ¿hienas o corderos?

La universidad no es capaz de reconocer que la explotación, el acoso laboral y las infracciones a la ley no son obra del Espíritu Santo, sino de sus propias políticas de contratación. Esperemos que la UC no solo haga lo que sea posible para corregir los maltratos a funcionarias de aseo, como denunció El Mostrador, sino lo que, según sus propios principios, debe hacer: acabar con el subcontrato, acabar con la distinción entre trabajadores de primera y segunda categoría, y asumir el desafío de hacerse responsable ella misma de resguardar la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.


En una nota del pasado 11 de octubre, El Mostrador hizo pública una realidad que, pese a su crudeza, se ha vuelto hace tiempo una verdad reconocida entre la comunidad universitaria: la Universidad Católica permite que en sus dependencias se vulneren sin pudor ni culpa los derechos de los(as) trabajadores(as) subcontratados(as). En específico, la nota hace un seguimiento del esfuerzo que algunos(as) trabajadores(as) de la empresa contratista Interservice Ltda. (con apoyo del estudiantado y organizaciones externas) han realizado para enfrentar los abusos y la explotación que viven a diario en el campus San Joaquín.

Como indica El Mostrador, “constantes amenazas de despido, maltratos verbales con garabatos, además de ser tildadas de ‘tontas’ y ser encerradas y grabadas sin autorización por parte de sus supervisores, junto a la prohibición de cruzar palabra con académicos y estudiantes, son algunas de las denuncias que han presentado los trabajadores que se desempeñan como auxiliares de aseo y mantención en el Campus San Joaquín…”.

Pero hacia el final de la nota, se hace referencia a una respuesta que dio la Dirección Jurídica de la PUC ante las interrogantes de El Mostrador. Este documento es muy interesante tanto por su forma como por su contenido (y causa tanto interés como indignación). En un tono de ingenuidad demasiado parecido al balido de un cordero, la Universidad Católica afirma que “ha tenido noticias de que existiría un conflicto entre algunos trabajadores de la empresa Interservice con esta última”. “Según entendemos ‒continúa el cordero, desentendiéndose‒ dicho conflicto se estaría desarrollando entre trabajadores que pertenecen al Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas Sintrac y trabajadores de la misma empresa que no pertenecen a dicho sindicato” (las cursivas son nuestras).

¿Leímos bien? ¿Dice que la Universidad Católica solo ha tenido noticias? ¿En verdad aparece la expresión según entendemos? ¡Qué descaro! ¡Qué mentira! ¡Qué mala fe! Tras el balido del cordero (que se hubiera sacrificado para salvar a su pueblo del pecado), se esconde sin duda el aullido, la risa pecadora de la hiena.

¿Cómo puede la universidad seguir desentendiéndose, cuando desde abril ha sido notificada de rotaciones injustificadas en la Facultad de Ingeniería, cuando hace meses se están sosteniendo reuniones entre trabajadores(as) afectados(as) y el Ombudsman, cuando el 25 de mayo trabajadores(as) y estudiantes informamos personalmente a Administración de Campus acerca de las infracciones a la ley por parte de la empresa Interservice, cuando la misma Administración recibió por escrito nueve testimonios de trabajadores(as) acosados(as)?

¿Cómo puede decir la universidad que tan solo ha tenido noticias, cuando el 9 de agosto la Feuc informa directamente de lo ocurrido a Dirección de Personal y al Director de Asuntos Estudiantiles, cuando el 28 de agosto la Delegada Sindical del Sintrac entrega una carta al rector en sus propias manos, cuando el rector es interpelado directamente por los(as) novatos(as) en el Diálogo UC-Novatos 2017?

¿Cómo puede la Universidad Católica, que está siendo informada periódicamente por el estudiantado sobre abusos laborales, seguir excluyéndose de un conflicto que ella misma ha permitido hacer surgir en su seno?

Pero al parecer la universidad no es capaz de reconocer que la explotación, el acoso laboral y las infracciones a la ley no son obra del Espíritu Santo, sino de sus propias políticas de contratación. Como se dijo hace un tiempo en otra columna, es la estructura organizacional del trabajo subcontratado, y no otra cosa, la que somete a los(as) trabadores(as) a la explotación y la vulneración de derechos. La Ley de Subcontratación indica que la empresa principal (PUC) “es solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos” (artículo 183-B), y que la empresa principal “deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores” (artículo 183-E). Pero estas disposiciones son insuficientes para impedir que el trabajo subcontratado se desenvuelva de un modo que fomente el abuso, el acoso, la explotación y los incumplimientos legales.

La realidad que se impone es bien distinta. El primer aspecto de esta realidad es que la universidad se despreocupa de las responsabilidades laborales y de higiene y seguridad, pues toda denuncia por vulneración de derechos o por faltas en las normas de higiene y seguridad irá dirigida a la empresa contratista (solo de manera indirecta podría verse afectada la empresa principal).

Respecto de las responsabilidades laborales, una investigación encargada por la Feuc 2016 a la Fundación Nodo XXI sacó a la luz que, aunque las autoridades administrativas tengan una valoración positiva de las medidas de fiscalización, el estamento estudiantil y el personal subcontratado consignan varios problemas que ellas “no lograrían prever ni captar: extensión no remunerada de la jornada laboral, remuneración del trabajo debajo del mínimo establecido, intensificación del trabajo para suplir ausentismos, irregularidad en el traspaso de los beneficios entregados por la PUC, malos tratos, no pago de cotizaciones, prácticas antisindicales e insuficiente estructura mínima” (pp. 24-25).

[cita tipo=»destaque»]¿Cómo puede la universidad seguir desentendiéndose, cuando desde abril ha sido notificada de rotaciones injustificadas en la Facultad de Ingeniería, cuando hace meses se están sosteniendo reuniones entre trabajadores(as) afectados(as) y el Ombudsman, cuando el 25 de mayo trabajadores(as) y estudiantes informamos personalmente a Administración de Campus acerca de las infracciones a la ley por parte de la empresa Interservice, cuando la misma Administración recibió por escrito nueve testimonios de trabajadores(as) acosados(as)?[/cita]

Para hacerse cargo de las responsabilidades de higiene, seguridad y protección de la vida, la Universidad, al contratar con una empresa externa, firma y hace firmar un Reglamento especial para empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios. Este documento es letra muerta. Explica detalladamente un “sistema integral de gestión de seguridad y salud del trabajo” que no es empleado de manera eficiente porque no existen canales de comunicación y fiscalización que insten a los(as) supervisores(as) de las contratistas a cumplirlo. Como si fuera poco, el documento se toma la libertad de contar un chiste. Dice la PUC: “Se mantendrá en forma periódica una comunicación oportuna, abierta y confiable con sus trabajadores, tanto internos como externos, de modo de asegurar la satisfacción de sus requerimientos” (p. 8).

Cuando en la reunión del 25 de mayo con Administración de Campus sacamos a colación este pasaje, las dos autoridades presentes respondieron diciendo que con frecuencia salían de sus oficinas para conversar con los(as) trabajadores(as). ¡Cuánta miopía es necesaria para hacer calzar un “sistema integral de gestión de seguridad y salud del trabajo” con dos personas paseando al sol de mediodía!

Lo que las autoridades de la universidad no han querido reconocer es que conocen el segundo aspecto de la realidad del subcontrato, a saber, que este se fundamenta en la imposición del miedo y la ignorancia en los(as) trabajadores(as) por parte de las empresas contratistas. Esto es lo que impide que los(as) trabajadores(as) puedan ejercer las disposiciones legales que los(as) protegen. Las empresas quieren maximizar sus ganancias; por lo tanto, buscan a toda costa minimizar los costos. El primer paso es forzar la eficiencia de los(as) trabajadores(as). Explotar: lograr que pocas personas hagan mucho trabajo. El segundo, ocultar la explotación a la vista, el oído y el olfato ajenos.

En el conjunto de estos pasos entran a jugar la vigilancia, la prohibición de comunicarse con estudiantes y profesores, los retos, las amenazas, la no asignación de reemplazos, las horas extras no remuneradas, las irregularidades en el marcaje de las horas de llegada y salida, la escasez de materiales, etc. A continuación, para evitar que los(as) demás (incluyendo a la Inspección del Trabajo) nos percatemos de estas maniobras, se echa mano del miedo y la ignorancia.

¿Dónde está el miedo? Los(as) trabajadores(as) tienen miedo de hacer uso de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pues sus compañeros(as) que son delegados(as) están cooptados(as) por la empresa. ¡Cuántas veces hemos escuchado: ¡no, si voy al Comité me van a llegar represalias! Los(as) trabajadores(as) cuyas empresas tienen sindicatos sienten miedo de acudir a ellos, porque las directivas están compuestas por las mismas personas de los comités. Si es que las empresas no tienen sindicatos, los(as) trabajadores(as) son amenazados(as) con represalias cuando muestran interés por organizarse.

¿Por qué no acuden a sus supervisores(as)? Pues los(as) mismos(as) supervisores(as) son quienes ejercen el miedo. ¿Por qué no acuden de manera individual a la Inspección del Trabajo? Porque las garantías se reducen al denunciar de manera individual, porque salir del trabajo implica un descuento y porque los(as) supervisores(as) los(as) tienen convencidos(as) de que “no va a servir para nada”. Todos estos organismos, por tanto, quedan inhabilitados. ¿Dónde está el fomento de la ignorancia? Ni la universidad ni las empresas se esfuerzan por que los(as) trabajadores(as) conozcan sus contratos, tampoco explican los contenidos de los anexos, en menor medida dan cuenta del contenido de los reglamentos internos de las empresas y, por último, insisten en que no se ponga atención a las liquidaciones de sueldo (“porque lo que importa es lo que llega a la cuenta Rut”).

Estas dos realidades que se imponen explican por qué, como indica la respuesta de la UC a las interrogantes de El Mostrador, “los trabajadores que pertenecen al sindicato en conflicto… representan cerca del 5% de los trabajadores de Interservice”. Con este dato, la UC intenta deslegitimar las denuncias de los(as) trabajadores(as) para mostrarlas como un problema menor, que se encuentra tan solo en una empresa y apenas en un campus. Por el contrario, lo que se muestra de manera contundente es la gravedad del problema del subcontrato en la universidad.

En todas las empresas contratistas, es tanto el miedo de los(as) trabajadores(as) que solo una pequeña fracción, con ayuda del estudiantado, ha tenido el coraje suficiente para levantarse y denunciar los malos tratos. Tras más de dos años de observación e investigación directa, estamos seguros(as) de que en todas las empresas y en todos los campus se repite este esquema. Si es que no hubieran estado sometidos(as) a un régimen del terror, los(as) trabajadores(as) se habrían levantado en protesta hace muchos años. Pero ya se ha dado el paso más difícil: reconocer que no hay razones para tener miedo. Ahora solo es cosa de organización. Invitamos a todos(as) los(as) trabajadores(as) y estudiantes a sumarse en esta lucha. Somos muchos(as) y seremos muchos(as) más. ¡Todos(as) juntos(as) acabaremos con el subcontrato!

Al final de su respuesta, la Universidad Católica indica que “debido al compromiso de esta Casa de Estudios con el derecho de las personas, los trabajadores, ya sean sindicalizados o no sindicalizados, es que continuaremos prestando apoyo a las partes en conflicto e intercediendo en lo que nos sea posible”. Esperemos que tras la inocencia del cordero no se esconda la maldad de la hiena. Esperemos que la UC no solo haga lo que sea posible, sino lo que, según sus propios principios, debe hacer: acabar con el subcontrato, acabar con la distinción entre trabajadores de primera y segunda categoría, y asumir el desafío de hacerse responsable ella misma de resguardar la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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