Señor Director:
En nuestro país hay poco más de 3 mil mujeres en recintos penitenciarios entre imputadas y condenadas. El año 2015, la Fundación San Carlos de Maipo dio a conocer el primer Estudio de Exclusión de Personas Privadas de Libertad, en conjunto con Paz Ciudadana y Gendarmería. Este informe mostró la dura realidad de las mujeres que llegan a la Cárcel, dónde incluso encuentran menos violencia que dónde vivían y muchas veces las oportunidades que siempre les fueron negadas. Sin embargo, a su egreso más de la mitad volverán a reincidir, muchas antes de los seis meses, cuando sea imposible reunificar su familia o poder encontrar un trabajo.
Los programas de empleabilidad, capacitación y colocación laboral han demostrado bajar la probabilidad de reincidencia, pero la mayor dificultad reconocida por las mujeres a la hora de acceder a un trabajo es tener antecedentes registrados al término de la condena.
La legislación vigente establece, a través del decreto 409, la posibilidad de eliminación del prontuario y, en el DS 64, la posibilidad de omitir antecedentes según fines especiales. Sin embargo, el proceso es burocrático y no es automático, a diferencia de lo establecido en legislaciones más contemporáneas. Adicionalmente, muchas veces el prontuario es un antecedente visto en las causas de tribunales para negar la posibilidad de revincular una familia cuyos hijos se encuentran internados por alguna medida de protección.
En la práctica, el proceso de eliminación de antecedentes opera como una pena accesoria para quien ya ha cumplido su condena. No parece justo que habiéndose avanzado en otros cuerpos normativos más modernos, cuyo énfasis es promover la reinserción, se olvide a este grupo prioritario, que bien sabemos impacta no sólo en su realidad sino directamente en la de sus hijos.
Por esta razón, y frente a la visita pastoral del Santo Padre al Centro Penitenciario Femenino, queremos invitar a las autoridades a proponer un gesto concreto hacia las mujeres privadas de libertad que cumplan su condena, para la eliminación automática de antecedentes para condenas cumplidas por las faltas y simples delitos. Que esta sea una ocasión de encuentro y de inclusión con quienes merecen una segunda oportunidad.
Marcelo Sánchez, Fundación San Carlos de Maipo
