Opinión
Tanto para la Agenda 2030 como para el trabajo en derechos humanos, la participación de la sociedad civil es un requisito irremplazable. No se trata solo de lograr una mayor cohesión social o adhesión a los proyectos democráticos, sino también de garantizar el derecho a participar en los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política pública en un creciente proceso de apropiación y empoderamiento de quienes son titulares de derechos.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), un plan de acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas, todas, gocen de paz y prosperidad. Se trata de un desafío que supera con creces lo que se buscó con los Objetivos del Milenio (ODM) y que amplía la agenda inicial, configurando un cuerpo integral e indivisible de resultados a lograr y comprometiendo a los Estados a adoptar las medidas y movilizar los recursos necesarios para su implementación, poniendo en el centro a las personas, y dentro de ellas a las más pobres y vulnerabilizadas. Si los objetivos ODM no lograron articular bien sus metas con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, los ODS los tienen como marco. En efecto, de las 169 metas, 156 responden a derechos reconocidos en tratados internacionales de amplia ratificación.
El Estado de Chile, y en particular el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ha entendido la relevancia de los ODS e informado, hace una par de semanas, del estado de avance en su cumplimiento. A la vez, promovió en el seno de Naciones Unidas la conformación de un grupo de países amigos para potenciar el trabajo de colaboración hacia el sistema de Naciones Unidas y, desde él, en relación con los ODS y los derechos humanos. En efecto, si bien los ODS tienen como referencia los derechos humanos, no es menos cierto que existen aún grandes brechas entre objetivos que tienen como propósito el desarrollo humano y el respeto y garantía de los derechos humanos.
[cita tipo=»destaque»]La Agenda 2030 deberá ser capaz de permear las estructuras internacionales de monitoreo de derechos humanos, puesto que facilita a los Estados el cumplimiento de los mismos. Así, debiéramos esperar del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratados una creciente referencia a los ODS, a la vez que, a nivel de las estructuras nacionales, una mayor apropiación de los requisitos que impone a la política pública la obligación de garantía y respeto de los derechos humanos.[/cita]
La Agenda 2030 deberá ser capaz de permear las estructuras internacionales de monitoreo de derechos humanos, puesto que facilita a los Estados el cumplimiento de los mismos. Así, debiéramos esperar del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratados una creciente referencia a los ODS, a la vez que, a nivel de las estructuras nacionales, una mayor apropiación de los requisitos que impone a la política pública la obligación de garantía y respeto de los derechos humanos.
Consiste en un proceso de aprendizaje mutuo de enorme impacto, tanto para los organismos estatales como para los ciudadanos(as), que están más cerca de la demanda por reconocimiento y protección de sus derechos que de la participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. En efecto, tanto para la Agenda 2030 como para el trabajo en derechos humanos, la participación de la sociedad civil es un requisito irremplazable.
No se trata solo de lograr una mayor cohesión social o adhesión a los proyectos democráticos, sino también de garantizar el derecho a participar en los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política pública en un creciente proceso de apropiación y empoderamiento de quienes son titulares de derechos.
Chile se encuentra hoy frente a una tremenda oportunidad. Junto con el compromiso adquirido para la implementación de los ODS a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, también está en elaboración el Plan Nacional de Derechos Humanos de cargo de esta Subsecretaría. Es el primer instrumento de priorización intersectorial que, basado en las recomendaciones que se le han hecho al Estado de Chile por parte de los organismos internacionales competentes en derechos humanos y con consulta a la sociedad civil, debe armonizar su quehacer de manera de integrar en un marco de derechos humanos la proyección de sus políticas públicas en áreas tan sensibles como la verdad y la justicia por las violaciones cometidas durante la dictadura, la discriminación sistémica de que son objeto determinados grupos y colectivos, el medioambiente y los derechos sociales y culturales, entre otros.
Los ODS refieren a estos y otros derechos, dotando por primera vez a los Estados de la posibilidad real de cambiar el paradigma de focalización por uno que avanza hacia la universalidad de los mínimos necesarios para un desarrollo que no deja a nadie atrás.
