El gobierno de Bachelet ha optado por una fórmula que desintegra a los actores sociales que hicieron posible –protesta mediante- el contexto de reforma educativa. La separación planificada de proyectos de ley que impactarán la nueva organización del sistema escolar y universitario ha disminuido la capacidad de organización y participación articulada de los diversos actores sociales. En un frente, un gremio docente altamente golpeado por la reforma a su profesión debe recibir otra iniciativa de reforma a la organización del sistema público de educación: la desmunicipalización vía ‘gerencialización’ de la administración pública de la educación, sin modificar el modelo subsidiario de financiamiento que ha ahogado y destruido la educación pública.
En otro frente, la reforma a la educación superior ha implicado la gratuidad para un mercado educativo, organizado bajo un mismo principio de subsidiariedad. Además, el gobierno separó hábilmente la discusión de la reforma a la educación superior con dos proyectos de ley: uno que da cuenta de un marco general del sistema, y otro que aborda a las universidades estatales. Así, el gobierno ha dividido y desactivado políticamente a los actores que pujaron por la reforma, desorientando sus focos de acción y aislándolos en un escenario en donde muchos están más preocupados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Esta iniciativa de reforma educacional, por motivos lógicos, impacta como una síntesis a los programas de formación docente. Algunas razones son: la ley se refiere de forma explícita a elementos de la formación docente que reorganizarás sin duda sus orientaciones y relaciones con la profesión; la ‘desmunicipalización neoliberal’ de la educación escolar impactará sobre las condiciones de los futuros docentes en sus espacios de ejercicio profesional; la nueva propuesta de organización de la educación superior influirá en las orientaciones que deberán tener las instituciones para comprenderse a sí mismas y su relación con el gobierno central.
[cita tipo=»destaque»]Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.[/cita]
En un escenario donde se ha culpado a los docentes, a la pedagogía y sus actores, de la crisis del sistema educativo, es justo dar cuenta de lo que ha pasado con su formación a raíz de la iniciativa neoliberal que ha sido ejecutada en instituciones públicas y privadas por los últimos gobiernos. Lo primero, algo no tan novedoso: la pedagogía ha sido históricamente un espacio de intelectualización formal de los sectores populares. Quienes la estudian son mayoritariamente mujeres que provienen de hogares donde el ingreso familiar es bajo.
Está documentado que los docentes egresados tienden a desempeñarse en establecimientos parecidos a los que cursaron durante su escolaridad, creando los llamados ‘círculos de segmentación’. Por lo tanto, al culpar a los docentes lo que se asume es una posición clasista con la vieja fórmula de ‘culpar a la víctima’. Lo segundo: la mercantilización dirigida por los gobiernos neoliberales de la dictadura y post-dictadura creó las condiciones para masificar la matrícula en pedagogía. Entre los años 2000 y 2011 la matrícula en formación inicial docente se triplicó, impulsada en gran parte por la política de créditos garantizados a la demanda conocidos como CAE. Esto significó, en la práctica, un gran influjo de dinero público a la banca y una multiplicación de programas en instituciones privadas con matrícula masiva, sin necesariamente atender de forma apropiada a las discusiones sobre los aspectos formativos de la pedagogía.
Lo tercero es que, ante el escenario de crecimiento desregulado, la reacción de los gobiernos fue estimular un debate normativo para un mercado, basándose en lenguaje empresarial: orientaciones mediante estándares, sistema de acreditaciones de carreras e instituciones, y sistemas de medición externa al desempeño educativo. En ese marco se inscriben la redacción del Marco para la Buena Enseñanza, la multiplicación de la aplicación del SIMCE a las escuelas, su uso en leyes gerencialistas para crear nuevos mercados con la educación -como la de Subvención Escolar Preferencial, la de Aseguramiento de la Calidad, los nuevos marcos legales de acreditación de carreras e instituciones, y los convenios de desempeño para la formación inicial docente.
En cuarto lugar, el sistema y la profesión docente recibieron todo la batería discursiva que implicó agresivamente una intervención del mercado sobre sus carreras. A raíz de la explícita culpa atribuida a los docentes dispuesta en informes como el de McKinsey & Company y otros documentos asociados al Banco Interamericano de Desarrollo, emergen un conjunto de organizaciones que sistematizaron esta crítica y la multiplicaron en un conjunto de iniciativas. En Chile, organizaciones no gubernamentales como Educación 2020 y Elige Educar estimularon públicamente un discurso de culpa a los profesores del sistema y a sus cualidades “de calidad”, asumiendo una posición de abierto enfrentamiento social con quienes eran formados en el sistema masificado de educación: las mujeres de origen popular.
El discurso agresivo contra la profesión docente se asocia también a una fórmula de influencia política construida desde los medios y el lobby desregulado. Es decidor que hoy el Ministerio de Educación y la reforma está en manos de quienes formaron Educación 2020. Por otro lado, otras iniciativas, de corte más ideológico pero no menos agresivo, formularon en la práctica la posibilidad de prescindir de la pedagogía como carrera ética y profesional y la asumieron como un voluntariado formativo, dedicado a los más pobres como forma de acumular “capital humano”. Hablamos de EnseñaChile, inspirado en la iniciativa estadounidense TeachforAmerica, que promovió la idea de labor docente como una forma individual de acumular las competencias que necesitan las empresas. En todo este recorrido quedan varias cosas fuera, como la introducción de mecanismos como la prueba INICIA, pero lo central es señalar que la formación docente se ha visto impactada de forma muy dinámica y agresiva con las reformas y discursos de carácter neoliberal de la última década, y que eso tiene impacto en cómo se concibe, hoy mismo, la ley que reorganizaría a la educación superior en general y estatal en particular.
Un reciente reporte del Observatorio de Formación Docente permite estimar el impacto nacional que han tenido las políticas educacionales sobre la formación inicial docente. Algo notable es que desde el 2011, año en que estarían ingresando los estudiantes masivamente financiados por el CAE a las aulas como docentes, se ha notado un descenso en las matrículas de pedagogía en primer año. En 2017, éstas son menores que lo que había el 2005. El descenso se puede explicar por las adecuaciones que hacen a su matrícula las instituciones privadas: los institutos profesionales que no pueden seguir impartiendo pedagogías, y las universidades privadas que deciden acomodarse a las nuevas exigencias de ingreso y funcionamiento. Otro dato relevante es que las tasas de deserción de la profesión, que, de acuerdo a reportes de investigación, se acercan al 45% hacia el quinto año de ejercicio profesional.
Si bien en lo oficial se dice otra cosa, el espíritu de la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, fue impactar de forma drástica las carreras de pedagogía para desprofesionalizarla. Ha sido un pilar central de la reforma educativa de Bachelet, y constituirá sin duda parte de su legado declarado. La moneda de cambio para desprofesionalizar la pedagogía fue la asignación competitiva de mejores ingresos para docentes que se han adaptado de mejor forma a las lógicas neoliberales del desempeño educativo. Es decir, el sometimiento a un frecuente proceso de vigilancia sobre competencias profesionales mediante pruebas estandarizadas descontextualizadas. Sospecho que ninguna otra profesión en Chile aceptaría tal nivel de control del Estado.
Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.
En ese escenario, para la formación docente, la reforma a las instituciones estatales tal como está propuesta –y en conjunto con el resto de iniciativas- puede resultar en un mayor retroceso social, que situará a la pedagogía como una carrera tecnificada y no una profesión con saberes propios que deben desarrollarse como campo disciplinar, tanto intelectual como profesional. Enfrentarse a ese escenario en la soledad del aislado actuar institucional de los rectores o las federaciones de estudiantes es una invitación a perder. Es importante recuperar iniciativa crítica, unitaria, política y socialmente relevante, si es que buscamos recuperar la centralidad de lo público en la construcción del derecho a la educación. Hoy, estamos perdiendo esa batalla, tanto dentro como fuera de nuestras neoliberalizadas instituciones.
