En una nota aparecida en este mismo medio, se exponían las palabras del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, respecto de los dueños de los camiones quemados en La Araucanía, señalando que ellos:
«Tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe».
En una instancia posterior, el mismo fiscal reafirmó sus palabras:
«Que los empresarios tomen conciencia que realizan ciertas actividades que generan un riesgo. El tener 35 camiones en un lugar de alto riesgo como es la macrozona de La Araucanía donde los camiones son un blanco (…) y sin la mayor custodia, simplemente con un nochero, sin cámara de seguridad, un lugar donde había un dispensador de bencina, me parece que no es cumplir las reglas básicas de custodia respecto de una operación de riesgo. Ese riesgo debe asumirlo. Traspasárselo al Estado, que el Estado debía tener carabineros, policías custodiando esos camiones, más todos los camiones que existen entre la Octava Región a la Región de Los Ríos, me parece un exceso. También los particulares tienen en esto una responsabilidad».
Los dichos del Fiscal Nacional no han dejado a nadie indiferente. Sin embargo, pocos han reparado en la significación de sus palabras.
Una de las cosas que más llama la atención es su atribución de la responsabilidad de la seguridad personal y patrimonial a los individuos particulares. Esto parece, a primera vista, sumamente extraño. Una cosa es una norma prudencial que indica ciertas precauciones que hay que tener para evitar ciertos males (como no caminar por ciertos sectores a ciertas horas o no ostentar ciertos objetos que puedan ser objeto de interés de un delincuente) y otra cosa muy distinta es que uno sea responsable de dichos males. La primera responsabilidad es de quien realiza el mal y, en segundo lugar, del Estado, que tiene por deber garantizar la seguridad pública y la libertad de movimiento. Este deber es afirmado incluso por aquellos que plantean una concepción minimalista del Estado, quienes reconocen que esta es una de sus responsabilidades. De hecho, más concretamente, plantean que es una de sus únicas responsabilidades.
[cita tipo=»destaque»]Es una curiosa contradicción que, quienes defienden esta aproximación del problema deseen, respecto de otras áreas, aumentar el poder del Estado. Un curioso mosaico plantean quienes consideran adecuado forzar las conciencias de los médicos para realizar abortos, o aumentar el poder, la influencia y los recursos del Estado para manejar una educación pública robusta, pero que, a su vez, carezca de poder para proteger la vida y los bienes de las personas.[/cita]
Desde la moderna teoría política se ha entendido que el Estado reúne en sí el monopolio de la fuerza bajo el argumento de garantizar los derechos fundamentales (también llamados “derechos naturales”) de los individuos, entre ellos, la propiedad y la vida. Si bien esta es la idea presente en los liberales clásicos (como John Locke, por dar un ejemplo) vuelve a cobrar fuerza en las teorías libertarias más recientes. Así, Robert Nozick plantea que el Estado mínimo es el más extenso que se puede justificar, y cualquier otro intento de maximizar su tamaño y poder atenta contra los derechos de las personas. El Estado mínimo incluye: 1) el monopolio del uso de la fuerza en su territorio y 2) el deber de proteger los derechos de las personas. Se entiende que estos derechos son, esencialmente, los derechos naturales identificados por los liberales clásicos.
Las palabras del Fiscal Nacional permiten concluir que su concepción de los derechos y deberes del Estado es incluso menor de lo que plantea la teoría del Estado mínimo.
Si acaso existe un deber mínimo del Estado, correlativo a su derecho de poseer el monopolio de la fuerza, es la protección de los derechos de las personas, entre los que se cuentan la vida y la integridad personal, la propiedad y la libertad de movimiento, por mencionar los más básicos. Si, como piensa Abbott, la protección de la seguridad personal y la propiedad no son deberes del Estado, entonces hemos de concluir que su concepción política va más allá del Estado mínimo, asemejándose peligrosamente a una visión anarquista de la política.
O quizás, haya que concluir que, en la visión del Fiscal Nacional, el Estado se ha visto superado en estas circunstancias y no queda más que articular una defensa privada. Esto último sería de una extrema gravedad y pondría en cuestión la soberanía estatal en algunos lugares del territorio nacional.
Muchos han apoyado las palabras de Abbott, argumentando que el Estado no debe servir de “guardia privada” de las empresas forestales. Muchos de quienes piensan así rechazan las actividades comerciales que generan estas empresas aduciendo una serie de argumentos, incluyendo el daño ecológico que generan los monocultivos y el escaso aporte a la economía regional que suponen estas actividades, además de las reivindicaciones de la denominada “causa Mapuche”. En lo personal, estoy de acuerdo con todos los argumentos que pueden darse contra la industria forestal en La Araucanía, incluyendo aquellas relativas a las reivindicaciones de los pueblos originarios. Pienso que la actividad de las forestales es altamente perjudicial para la región en términos ambientales y políticos.
Sin embargo, todas esas razones no tocan el problema mencionado en un inicio, sino que lo agravan. Quienes hacen eco de las palabras de Abbott se pliegan con un anarquismo solapado, en el cual la ley del más fuerte se termina por imponer. Si bien es cierto que hoy son grupos localizados y marginales, la ausencia de un poder unificado, que goce del monopolio del a fuerza, terminará, a la larga, por beneficiar a quienes hayan acumulado suficientes recursos como para poder imponer su voluntad sin restricciones jurídicas y políticas.
Es una curiosa contradicción que, quienes defienden esta aproximación del problema deseen, respecto de otras áreas, aumentar el poder del Estado. Un curioso mosaico plantean quienes consideran adecuado forzar las conciencias de los médicos para realizar abortos, o aumentar el poder, la influencia y los recursos del Estado para manejar una educación pública robusta, pero que, a su vez, carezca de poder para proteger la vida y los bienes de las personas. Curiosa visión, además, porque quienes se pliegan a esta visión anarquista van incluso más lejos que aquellos neoliberales que, como Friedman y Hayek, planteaban la necesidad de un Estado mínimo para garantizar una economía libre.
