Varios gobiernos han pretendido que la emisión periódica de “Libros de la Defensa” es la expresión de Políticas de Defensa. La simple lectura de esos documentos muestran que definitivamente no tienen las características ni calidades de políticas públicas; el modesto Decreto Nº 53 del Ministerio de Defensa del 29 de enero del año 2010 que dice que el Libro de la defensa de ese año “vale por”, no basta para transformar ese documento en una política pública de país desarrollado.
Al término del Gobierno Militar las FFAA de Chile requerían una profunda revisión en su organización, gestión y doctrina. Durante 17 años habían sido sometidas a un intenso esfuerzo político, estratégico, logístico y operativo.
La amenaza vecinal del Perú de Velasco Alvarado, con apoyo soviético y cubano, los años 1975 y 1976; el embargo norteamericano de Kennedy; la cuasi guerra con la Argentina de Videla el año 1978 y de nuevo con Galtieri y las Malvinas en 1982, mas el sostenido esfuerzo antiterrorista para controlar el intento de Rebelión Popular de Masas del Partido Comunista, llevado a cabo con apoyo cubano y del bloque soviético desde 1984 hasta su fracaso final con el intento de internación masiva de armas por Carrizal Bajo y el fallido asalto a la comitiva del Presidente Pinochet.
El cambio de régimen nacional por un lado y la rápida evolución de la situación mundial y regional por el otro, planteaba a la Defensa y a las FFAA una serie de desafíos institucionales, políticos y sociales urgentes.
El gobierno de Aylwin se abocó a restablecer las reglas del juego tradionales en la democracia chilena, desmantelando las estructuras políticas y militares establecidas por el gobierno que lo precedió y confirmando que los comportamientos observados por el gobierno de Allende no volverían.
Es por eso que el comienzo de la aplicación de una política de defensa en el Chile moderno se ubica en el gobierno de Ricardo Lagos desde el año 2000.
Lagos, con aguda percepción y franqueza, definió su política de defensa estableciendo reglas claras y precisas asi como tareas concretas a materializar:
“La responsabilidad de la defensa es del Gobierno y ella no es delegable”; “se requieren modificaciones constitucionales y legales para restablecer la autoridad real del gobierno sobre las FFAA, particularmente la del Presidente de la República”; “sujeción de las FFAA al escrutinio publico”; “cuando la autoridad evidencia voluntad política para actuar no siempre es necesario dictar nuevas leyes”; “es menester responder satisfactoriamente las interrogantes en orden a que tipo de FFAA necesitamos para el próximo siglo, cuánta defensa nacional el país está en condiciones de proporcionar y cuáles son los roles que le asisten en una sociedad realmente democrática”; “racionalizar los recursos y las estructuras existentes”; “modificar la organización y el funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional”; “revisar y perfeccionar el proceso de formación y ascenso de sus integrantes”; “una mayor coordinación con los entes del Estado encargados de impulsar la política exterior de nuestro país”, pero sin duda su mayor acierto fue identificar el fondo de la situación que se enfrentaba: “En un país que, como Chile, se ha propuesto la renovación de sus estructuras políticas, económicas y sociales como un medio para superar el subdesarrollo, la modernización sectorial de la defensa debe transformarse en un desafío del futuro gobierno, dentro del gran objetivo de la actualización de todo el sector publico”, “El Estado chileno actual requiere un rediseño de sus funciones y estructuras en términos que lo habiliten para orientar y gestionar eficazmente las nuevas realidades económicas y sociales” y “la modernización del Estado no es solamente una tarea técnica. Ella requiere un tratamiento y un respaldo politico al más alto nivel posible, de los partidos politicos y del gobierno”.
Fue una agenda ambiciosa y sin duda se avanzó, pero muchas tareas quedaron inconclusas o no se iniciaron, sea por la existencia de cuellos de botella que lo impidieron; porque no fueron identificadas con precision; porque no contaron con suficiente apoyo político o porque tuvieron menor prioridad frente a otras demandas más urgentes:
Me parece que las tareas más significativas que quedaron pendientes fueron la falta de direccionamiento político y estratégico de la defensa a nivel presidencial y la deficiencia de la gestión estratégica y administrativa a nivel ministerial.
Esto nos lleva a dos asuntos claves que aun no se resuelven y siguen trabando esta modernización, a saber, la dificultad del gobierno para establecer políticas públicas[i] y controlar su ejecución y resultados, y la carencia de un Ministerio de Defensa eficiente y realmente democrático.
Actualmente la necesidad de una Política Pública de Defensa (o una Política de Defensa) es necesaria por cuatro razones fundamentales:
– Porque existen carencias objetivas de probidad y eficiencia en la administración de los recursos asignados a la defensa;
– Porque no hay dirección ni control explícito de la defensa a nivel presidencial.
– Porque existe evidencia objetiva de falta de autoridad, voluntad política y capacidad de gestión ministerial, y
– Porque los actores con poder califican esta situación cómo problema público.
Es decir, se require una Política de Pública de Defensa porque diversos grupos politicos, sociales y militares consideran que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención de política pública para remediarla.
La solución de este problema pasa por resolver las dos deficiencias fundamentales ya enunciadas; a nivel Presidencial y Ministerial.
En este sentido, muchas de las deficiencias sectoriales observadas por la opinión pública en la conducción de la defensa, como sueldos, pensiones, carreras, remuneraciones, eficiencia en la gestión de recursos, adquisiciones, dimensiones de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación de la Ley Reservada del Cobre y otras, son el resultado del potenciamiento mutuo entre ellas.
Varios gobiernos han pretendido que la emisión periódica de “Libros de la Defensa” es la expresión de Políticas de Defensa. La simple lectura de esos documentos muestran que definitivamente no tienen las características ni calidades de políticas públicas; el modesto Decreto Nº 53 del Ministerio de Defensa del 29 de enero del año 2010 que dice que el Libro de la defensa de ese año “vale por”, no basta para transformar ese documento en una política pública de país desarrollado.
De la misma manera, la evidente pasividad y ausencia de liderazgo del Ejecutivo y del Ministro de Defensa muestran una situación insostenible que debe ser enfrentada en forma enérgica y pronta para controlar el riesgo de deteriorar severamente el prestigio, la eficacia y la moral de las FFAA y afectar negativamente la del gobierno.
