La pudiente Municipalidad de Barnechea dio a conocer que establecerá un mecanismo para financiar medicamentos únicamente a residentes en la comuna y siempre que estén afiliados a Isapres. Esta decisión -que puede parecer excluyente- según declara el propio Alcalde Guevara, se debe a que los afiliados a Fonasa reciben con anterioridad este beneficio como un derecho normal del sector público. “El problema aquí lo tienen los vecinos que se atienden en el sector privado, que tienen isapre, porque ellos tienen que ir a la farmacia y comprar todo. Para ellos está pensado este beneficio”, asegura.
Lo que debe llamar la atención es que los medicamentos constituyen casi la mitad del gasto que desembolsan directamente las personas para completar sus tratamientos médicos, conocido como gasto de bolsillo. Sin embargo, según se señala en la Encuesta de Presupuestos Familiares (2012) los afiliados a Isapres gastan en promedio 3,7 veces más que los desembolsos de los afiliados a Fonasa como gasto de bolsillo, lo que muestra que la cobertura de las Isapres es menos importante que lo que se cree.
[cita tipo=»destaque»]Lo que cabe resolver con altura de miras es cuál es la combinación más equitativa y eficiente para resolver la salud de los chilenos. El alcalde de Barnechea -que pertenece a la actual oposición- relevó las debilidades del sistema privado recurriendo a la iniciativa de cubrir a quienes necesitan medicamentos en Chile y que no tenían tal cobertura.[/cita]
En efecto, otro estudio de la Superintendencia de Salud de Marlene Sánchez de marzo de 2017 calcula que, en promedio, la cobertura de los gastos con los planes de las diferentes Isapres es solo del 62% (69% en cobertura hospitalaria y 54% en cobertura ambulatoria) y que se ha reducido -aunque lentamente (3 puntos)- desde 2005 a la fecha.
Esta reducción de la cobertura -que, por cierto, perjudica a los beneficiarios- no se condice con otra información dada a conocer el 4 de agosto por un matutino nacional: “A junio, las aseguradoras de salud abiertas -excluyendo a Masvida y Óptima, cuyas carteras se fusionaron a partir de mayo- registraron ganancias por $43.813 millones, lo que implica el doble de utilidades que tuvieron las compañías en los primeros seis meses del año pasado”.
No obstante, las propias Isapres a través de una publicación afín (Altura Management) plantearon quejas acerca del proceso de judicialización que les aqueja y que en su gran mayoría se basa en protestas por el alza indiscriminada de los planes. “Entre 2010 y 2016 – señala Altura Management- se presentaron 695.545 Recursos de Protección contra Isapres”, de los cuales, “519.003 (75%) son por Adecuación del Precio Base de los Planes de Salud”. Las Isapres Cruz Blanca y Colmena concentran estos reclamos con alrededor de 60.000 cada una. Entonces, en estos casos, uno de cada 5 afiliados tiene algún problema legal con su aseguradora.
Con frecuencia, los ejecutivos de las aseguradoras privadas de la salud argumentan que la gente está contenta con ellos porque de otro modo podrían cambiarse al sector público. La judicialización es, sin duda, un indicador de malestar. No obstante, ello no exime las ineficiencias y debilidades de gestión que la gente también observa en la atención pública.
Lo que cabe resolver con altura de miras es cuál es la combinación más equitativa y eficiente para resolver la salud de los chilenos. El alcalde de Barnechea -que pertenece a la actual oposición- relevó las debilidades del sistema privado recurriendo a la iniciativa de cubrir a quienes necesitan medicamentos en Chile y que no tenían tal cobertura. El proceso de reducir los gastos y costos de los medicamentos para la población y la intervención de una red pública para este objetivo es un paso muy decisivo en el corto plazo para reducir los gastos de bolsillo en salud que en Chile son, proporcionalmente, los más altos la OCDE.
