El panorama socio-político de las últimas décadas en Chile ha estado marcado por un desencanto ciudadano, un incremento en los niveles de desconfianza hacia las instituciones y una merma transversal en la participación en los procesos eleccionarios y en organizaciones políticas convencionales. Esta desafección política se ha observado principalmente entre los más jóvenes, grupo que ha mostrado una mayor distancia y falta de disposición para participar en los comicios.
De acuerdo a datos generados por el INJUV en sus encuestas de los años 2010 y 2012, entre los jóvenes existe una escasa valoración de la política en su vida cotidiana, así como una alta desconfianza hacia las instituciones y actores vinculados al mundo político tales como los partidos políticos y el Congreso así como senadores, diputados y alcaldes. Resultados similares se encontraron en el Estudio Internacional de Educación Cívica de 1999, donde los estudiantes chilenos mostraron una confianza menor en los partidos políticos, los tribunales de justicia y el gobierno municipal que el promedio internacional (Ver Informe de Comisión Formación Ciudadana 2004). Asimismo y respecto a la valoración de la democracia, menos de la mitad de los jóvenes prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno (43%), cifra de 2010 que es 14,1 puntos porcentuales menos que lo detectado en el sondeo de 2006 (57,1) (Ver Encuesta Instituto Nacional de la Juventud 2010). En efecto, el año 2011 se inicia una nueva etapa en el proceso político del país, que se caracteriza por un aumento y diversificación de la participación social en espacios informales en paralelo a un distanciamiento creciente de los espacios políticos convencionales.
De especial preocupación resulta la constatación de que luego de la implementación del voto voluntario, lejos de observarse una revitalización de la participación en los procesos eleccionarios, ésta se mantiene baja y concentrada especialmente en los sectores de capital social y cultural más altos. El sesgo de clase se pudo observar asimismo en los encuentros locales y provinciales del Proceso Constituyente llevados a cabo durante 2016, donde el número de encuentros por habitante fue superior en las comunas con mayores ingresos.
[cita tipo=»destaque»]Se vuelve clave la correcta inducción a docentes y directores respecto al rol que desde sus propias prácticas les compete en la formación de nuevas generaciones de ciudadanos activos e involucrados, requisito fundamental para alcanzar un adecuado funcionamiento de la democracia en la complejidad que reconocidamente han adquirido las relaciones entre sociedad y sistema político.[/cita]
Todo lo anterior se traduce en una reducción generalizada en la participación formal que afecta especialmente a los grupos más vulnerables, quienes comienzan a constituirse en un sector con menor presencia y representación en la arena política. Tal como señala el último Informe del PNUD centrado en el tema de la desigualdad, los grupos de altos ingresos en Chile pueden influenciar e incluso llegar a monopolizar la toma de decisiones políticas producto de su sobrerrepresentación y presencia desproporcionada respecto a otros sectores de la población.
Es en este contexto que el fenómeno de la socialización política, entendida como el proceso en que los individuos se exponen e internalizan los elementos necesarios para desenvolverse e involucrarse en la vida política de su comunidad o sociedad, ha surgido como objeto de interés público y académico, estimulado especialmente por los mencionados cambios en la cultura política y las instituciones sociales. Desde la investigación en este tema, la evidencia acumulada muestra que la familia es la fuente de socialización más relevante. Con ello, las familias transmiten a la siguiente generación actitudes, preferencias, habilidades y comportamientos ciudadanos, es decir, las ventajas o desventajas socioeconómicas se traducen en ventajas o desventajas políticas. Los jóvenes provenientes de familias con mayores recursos educativos y materiales presentan mayor intención de votar en la edad adulta, mayores niveles de confianza social y mayores niveles de interés político. El nivel de conocimiento cívico así como las actitudes ciudadanas tales como la predisposición a la participación futura se encuentran así fuertemente determinadas por los recursos del hogar de origen.
Frente a esta realidad que parece inalterable, surge la escuela como otro agente clave para la socialización y formación política de los niños y jóvenes. A principios de 2016, nace desde el Ministerio de Educación la iniciativa de implementar un Plan de Formación Ciudadana transversal a los niveles de enseñanza, junto a la incorporación de una asignatura obligatoria de Formación Ciudadana para 3° y 4° año de la enseñanza media. Según esto, la promulgación de la ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, irrumpe como una estrategia para socializar y transmitir valores democráticos y prácticas centradas en el fomento del bien común, el respeto a la convivencia, la participación, la asociatividad y la responsabilidad cívica desde la etapa más temprana.
Aun cuando la escuela representa un espacio de socialización política relevante, su efecto mitigador de la desigualdad política de origen no ha mostrado ser especialmente eficiente cuando se trata de aumentar el nivel de conocimiento cívico, tema al que apunta e intenta influir la reposición de la asignatura de Formación Ciudadana. Esto, pues dicho conocimiento, al igual que otras áreas de desempeño académico, se encuentra fuertemente enlazado a la influencia del nivel económico y educacional del hogar de origen. En cambio, la escuela ha mostrado mayor efectividad en el desarrollo de actitudes y prácticas tales como la predisposición a la participación política futura especialmente a través del clima democrático escolar. Es decir, escuelas en las que se observa una mayor apertura en las metodologías de aula y que propician una mayor participación e involucramiento de la comunidad escolar en los procesos de toma de decisión, se observa un mejor desarrollo de las competencias ciudadanas y prácticas democráticas de sus estudiantes.
En este último punto, la formación inicial docente y el liderazgo directivo juegan un rol fundamental. Diferentes estilos de liderazgo así como diferentes estrategias y procedimientos disponibles para los directores de las escuelas al ejercer su rol, tienen un impacto directo en el clima y la cultura escolar y, con ello, una influencia importante en las políticas, currículo formal e informal y resultados en educación cívica.
Asimismo, el nivel de participación e involucramiento de los profesores en la toma de decisiones en las escuelas, así como la medida en que éstos fomentan o llevan a cabo prácticas pedagógicas más abiertas o democráticas en el aula contribuirían al fomento de competencias cívicas al interior de dichas comunidades educativas. Al respecto, las noticias son inquietantes si se considera el estudio publicado en este medio[1] que identifica un déficit de competencias democráticas en la formación inicial docente.
En este sentido, sería importante concentrar esfuerzos no sólo en la implementación de un plan de formación ciudadana en términos del cambio en la normativa curricular. Esto, pues el aprendizaje cívico y civil no se trata exclusivamente de un proceso cognitivo, sino también contextual y relacional donde los estudiantes aprenden y desarrollan sus habilidades ciudadanas a través de sus experiencias. Con ello, se vuelve clave la correcta inducción a docentes y directores respecto al rol que desde sus propias prácticas les compete en la formación de nuevas generaciones de ciudadanos activos e involucrados, requisito fundamental para alcanzar un adecuado funcionamiento de la democracia en la complejidad que reconocidamente han adquirido las relaciones entre sociedad y sistema político. Estos actores, su rol y sus prácticas no deben ser desatendidos en la implementación del Plan de Formación Ciudadana para que de esta manera la escuela, como agente secundario de socialización y educación política, pueda idealmente contribuir a mitigar, compensar o corregir las desigualdades políticas que se arrastran desde el hogar.
[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/30/deficit-de-competencias-democraticas-en-la-formacion-inicial-docente/
