Opinión
Si se mira con atención la votación en el caso Sename, queda la sensación de que la derecha defiende a los niños y el oficialismo se desentiende del problema. Eso no es así. Son el Estado de Chile y, finalmente, la sociedad chilena, los que se han desentendido de los niños en situación de riesgo ya desde hace años. Y, en sus juegos de política, una parte de la elite dice un día sí y, otro, no. Mientras tanto, en este caso, el modo autocrático presidencial eligió –como expresamente lo han declarado sus voceros– omitir la responsabilidad de Javiera Blanco para blindar la imagen presidencial de una hipotética acusación constitucional. Todo a costo de una política que apunta directamente a la responsabilidad moral del Estado chileno.
En época de predominio democrático, la autocracia es más un rasgo de personalidad en el ejercicio del poder político que un sistema de gobierno. Su característica básica es el ejercicio del poder sin otro propósito que la propia convicción y voluntad, omitiendo las acciones (más que de los controles políticos) de toda responsabilidad y ética colectiva pública. Alejándose así de la prudencia y equilibrio que debe predominar en la conducción de un gobierno.
Bachelet ha ejercido el poder democrático de que está investida como una autócrata, fuera de todo acuerdo, con lo cual ha golpeado –o simplemente está aportando a demoler– los fundamentos de algunas instituciones públicas, incluida la que inviste. Un ejemplo ha sido su actuar en el denominado caso Sename.
Nadie puede sostener que su actitud es reciente o imprevisible. Ya estuvo presente en el momento fundante de su candidatura para un segundo período presidencial, en el transcurso del cual sometió a su voluntad a los partidos que la apoyaban y diseñó a puertas cerradas el modelo de Gobierno que ejercería e, incluso, sus prioridades. Su primer gabinete fue una construcción extemporánea a la representación de la coalición política que la apoyaba, la cual desde un inicio hizo declaraciones de prescindencia sobre las decisiones de La Moneda.
Luego dejó actuar a su antojo a su inexperto ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en los casos de financiamiento ilegal de la política, lo que incluyó presiones indebidas al Servicio de Impuestos Internos para evitar que se investigara penalmente lo vinculado a Soquimich y otras empresas, y eludió de manera ostensible las responsabilidades por el financiamiento de su precampaña presidencial.
Dependiente de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Hacienda, el SII ha seguido el guión procedimental que lleva hacia la impunidad de los partícipes de los delitos vinculados al financiamiento ilegal de la política, que incluyen en algunos casos cohecho y la dictación de leyes espurias.
En dos sonados casos de corrupción que implican apropiación indebida de fondos públicos –el de Carabineros y el del Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre– y que ponen en riesgo aspectos sensibles de la seguridad nacional, la Presidenta ha mantenido una actitud ambigua y prescindente. Ninguna de las autoridades políticas de su dependencia –ministros de Defensa y del Interior– han sido exigidas en sus responsabilidades, y todo indica que los casos languidecerán tal como ha ocurrido en otras oportunidades. Con el agravante de que esta vez parte de los implicados con responsabilidad de mando, como es el caso del general Bruno Villalobos, pertenecen al círculo íntimo de la Mandataria.
Ahora, ante el Informe Sename II de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que contenía referencias a las responsabilidades políticas de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco en lo ocurrido en el Servicio, dos de sus ministros más íntimos –Nicolás Eyzaguirre y Paula Narváez– se desplegaron en el Congreso, como nunca antes lo habían hecho, para evitar su aprobación. Ese guión es enteramente de Michelle Bachelet. Peor aún, le agregaron la defensa del gasto fiscal bajo el pretexto de que, de aprobar el informe, se venía una avalancha de demandas en contra del Estado.
[cita tipo=»destaque»]Nadie puede sostener que su actitud es reciente o imprevisible. Ya estuvo presente en el momento fundante de su candidatura para un segundo período presidencial, en el transcurso del cual sometió a su voluntad a los partidos que la apoyaban y diseñó a puertas cerradas el modelo de Gobierno que ejercería e, incluso, sus prioridades. Su primer gabinete fue una construcción extemporánea a la representación de la coalición política que la apoyaba, la cual desde un inicio hizo declaraciones de prescindencia sobre las decisiones de La Moneda.[/cita]
La circunstancia de que la bancada de derecha se haya volcado en masa a apoyar el informe y la oficialista a rechazarlo, le da un tinte ideológico intrascendente y meramente circunstancial a una de las peores infamias institucionales del Estado chileno, de la cual no solo es responsable la ex ministra Blanco sino prácticamente todos los ministros de Justicia y directores del Sename desde que se recuperó la democracia y, por lo tanto, el Estado de Chile.
La actitud del Gobierno no tiene otra lógica que blindar a la ex ministra Blanco, para que la Presidenta Bachelet quede también protegida tanto de su decisión de nombrarla consejera del Consejo de Defensa del Estado, pese a las advertencias y críticas que recibió al momento de anunciarlo, como de su omisión imprudente en esta materia.
La manera autocrática de Bachelet va, eso sí, más allá del Sename. Pese a la necesidad de mantener un sentido de la prudencia y ponderación, sobre todo en temas que involucran a otro poder del Estado, como lo es el Jurisdiccional, ella mantuvo el cuoteo en la designación de altos cargos judiciales, hasta el punto de tener hoy prácticamente dividida en dos a la Corte Suprema, luego de la designación de Lya Cabello como fiscal, pese a conocer su vínculo íntimo con el ministro Haroldo Brito.
El papel jugado en este caso, y también en el Sename, por el actual ministro Jaime Campos, es una clara señal del descontrol que genera el estilo Bachelet en la estructura del Estado y una explicación del por qué el Gobierno no es un activo electoral para el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales, sino, por el contrario, un verdadero karma.
Los ejemplos podrían multiplicarse. Lo fundamental es que la manera autocrática de ejercer el poder encuentra incentivos en el exagerado presidencialismo y centralismo político, y en la obsecuencia parlamentaria a la hora de fiscalizar, o en la irracionalidad ideológica cuando se trata de juzgar hechos que son de interés nacional.
Si se mira con atención la votación, queda la sensación de que la derecha defiende a los niños y el oficialismo se desentiende del problema. Eso no es así. Son el Estado de Chile y, finalmente, la sociedad chilena, los que se han desentendido de los niños en situación de riesgo ya desde hace años. Y, en sus juegos de política, una parte de la elite dice un día sí y, otro, no. Mientras tanto, en este caso, el modo autocrático presidencial eligió –como expresamente lo han declarado sus voceros– omitir la responsabilidad de Javiera Blanco para blindar la imagen presidencial de una hipotética acusación constitucional. Todo a costo de una política que apunta directamente a la responsabilidad moral del Estado chileno.
