Creo necesario aclarar algunos aspectos de la columna de opinión “¿A qué costo garantizamos el agua para la Región Metropolitana?” de la señora Paola Chávez Madrid, activista socioambiental del Cajón del Maipo, reproducida por su medio.
Los cortes de agua de los últimos años son atribuibles al incremento extraordinario de los eventos de turbiedad de larga duración y no a una supuesta falta de planificación de Aguas Andinas. Hay que decir que el incremento de los eventos de turbiedad era impredecible con los datos disponibles hace diez años y aún hoy, con los datos recogidos hasta la fecha, los expertos no han llegado a una conclusión clara de cuál será su evolución más probable.
Históricamente, Aguas Andinas y las autoridades han trabajado con los datos disponibles en cada momento para identificar y dimensionar las actuaciones requeridas para la seguridad de abastecimiento de Santiago.
El evento y corte de 2008 fue el primero que se produjo con Aguas Andinas a cargo del abastecimiento de Santiago. La novedad respecto del registrado en 1993 es que inmediatamente después del evento de 2008 se diseñaron, planificaron y construyeron las obras necesarias para superar un evento similar en el futuro. Esas obras están listas desde fines de 2013 y han operado plenamente desde enero de 2014.
[cita tipo=»destaque»]En el sistema sanitario chileno son las empresas concesionarias, públicas o privadas, las encargadas de financiar las inversiones y no el Estado. Y no es hasta la completa construcción y puesta en servicio de una obra que la concesionaria tiene derecho a iniciar el cobro del incremento tarifario que esa inversión tuviese asignado por la autoridad. Aguas Andinas no ha cobrado un solo peso para la construcción del Estanque de reserva de agua cruda de Pirque.[/cita]
Pero en 2013 hubo dos nuevos eventos de magnitudes muy superiores al episodio del 2008, también con cortes, que no serían resistibles con las obras de seguridad planteadas hasta ese momento. Aguas Andinas buscó de inmediato nuevas opciones para superar eventos como los de 2013, que siguen siendo los mayores observados en la historia hasta la fecha, y la alternativa escogida por la autoridad fue la construcción de una reserva de agua cruda en San Juan de Pirque.
El proyecto Pirque cumple a cabalidad los requisitos pedidos por el Estado. Cabe destacar que esta reserva de agua de 1,5 millones de metros cúbicos habría permitido superar todos los eventos conocidos hasta la fecha, sin corte de suministro.
¿Qué pasa si se produce un evento mayor que los conocidos? La Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas Andinas están estudiando posibilidades para incrementar el nivel de seguridad a futuro, con el objetivo de alcanzar 48 horas de autonomía de producción. Es decir, ya estamos pensando en cómo enfrentar un evento aún sin precedentes.
El estanque de reserva de Pirque ha sido estudiado con gran detalle y el proyecto ha sido sometido al escrutinio de la institucionalidad ambiental. La participación ciudadana y la comunicación detallada de los alcances del proyecto, aspectos esenciales e inherentes a la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental, han dado lugar a numerosas consultas de las comunidades y autoridades locales, todas las cuales han sido analizadas y respondidas por Aguas Andinas. Dichas consultas representan un antecedente importante que permite complementar o perfeccionar las acciones dispuestas para mitigar los impactos generados durante el proceso de construcción de las obras, así como establecer formalmente los mecanismos de integración y comunicación futura con las comunidades y sus representantes.
El proyecto, lejos de plantear la habilitación de dos botaderos, considera el uso de dos predios para disponer en ellos parte de los excedentes del movimiento de tierra generado por el proyecto. Con esto no sólo se conseguirá mejorar la calidad del suelo de esos predios mediante la incorporación de la carpeta vegetal que extraída del terreno donde se emplazan las obras del proyecto, sino que además se permitirá la recuperación de zonas intervenidas mediante la ejecución de rellenos controlados y se logrará diversificar las rutas a utilizar en el transporte de excedentes.
Respecto de los riesgos, cabe señalar que los estudios específicos desarrollados en materia de sismicidad, mecánica de suelos, hidráulica, etc., sustentan el diseño del proyecto, el cual cumple a cabalidad las exigencias impuestas por la normativa nacional. Se ha puesto especial atención al análisis del riesgo sísmico, estudio que analizó, entre otras materias, la cercanía de la falla de Ramón.
La plantación de nogales existente no cumple el rol de barrera ante deslizamientos de tierra y rocas que le atribuye la columnista, toda vez que fue concebida estrictamente con fines productivos agrícolas. Los eventos climáticos en el Cajón del Maipo afectan sobre todo al propio cauce y el de los afluentes, y a las laderas inestables de la cuenca. La terraza en que se ubicará el estanque está a casi cuarenta metros sobre el nivel del cauce y la parte baja, a nivel del río, está bien defendida de los embates del agua por las estructuras propias de la captación de aguas y del canal La Sirena.
La posibilidad de incrementar el almacenamiento en la propia red de distribución también se analizó. Ya se construyeron una serie de estanques de seguridad que en conjunto aportan 225.000 metros cúbicos de agua potable. No obstante, la posibilidad de aumentar ese volumen en 1,5 millones de metros cúbicos es prácticamente inviable, siendo además preferible almacenar ese resguardo en forma de agua cruda y no potabilizada, para garantizar su calidad en el momento de la distribución.
En relación a costo y financiamiento de las obras y, en el fondo, de todo el servicio sanitario, cabe considerar que uno de los pilares del éxito del sistema sanitario chileno, que ostenta estándares de funcionamiento de nivel mundial, es el autofinanciamiento mediante tarifas. ¿Cómo se hace en países desarrollados? La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (2000), de carácter eminentemente medioambiental y de protección del medio acuático, consagraba como uno de sus principios fundamentales la “recuperación de costos” en el ciclo del agua.
La razón de la necesidad de consagrar tal principio es clara: en Europa, donde las tarifas de servicio son mucho más elevadas que en Chile, existe el problema de los subsidios cruzados y de las inversiones que, financiadas por el Estado, acaban recayendo sobre el ciudadano vía impuestos, o las que, por falta de presupuesto del Estado, terminan por no ejecutarse. La Directiva concluye que no trasladar el costo de la gestión del agua al usuario termina por incidir en un uso irresponsable del agua y una mayor afectación al medio ambiente. En efecto, una de las causas de la degradación del medio ambiente acuático en los países europeos ha sido el derroche del agua y la carencia de financiamiento por muchos años de los sistemas de saneamiento necesarios.
En el sistema sanitario chileno son las empresas concesionarias, públicas o privadas, las encargadas de financiar las inversiones y no el Estado. Y no es hasta la completa construcción y puesta en servicio de una obra que la concesionaria tiene derecho a iniciar el cobro del incremento tarifario que esa inversión tuviese asignado por la autoridad. Aguas Andinas no ha cobrado un solo peso para la construcción del Estanque de reserva de agua cruda de Pirque.
Me pongo a disposición de la autora del referido artículo para ampliar o conversar sobre la información ofrecida en este breve texto.
