En el contexto del debate sobre la Ley de Educación Superior, cuya tramitación está a la espera de la resolución que determine la Comisión de Hacienda de la Cámara, salió a la luz pública un tema que desde el Colegio de Dentistas venimos advirtiendo hace ya buen tiempo. Tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de formación profesional, proceso que en nuestro país tiene a la acreditación como mecanismo de validación.
Al respecto, debemos aclarar que hasta este momento sólo a las carreras de Pedagogía y Medicina se les exige esta certificación, dejando de lado a Odontología. Lo anterior, a pesar de que tanto cirujano dentistas como médicos están facultados por el Código Sanitario para diagnosticar, prescribir y tratar pacientes.
Como profesionales de la salud, los dentistas tenemos el deber de advertir los irremediables perjuicios que ésta inexplicable y arbitraria exclusión genera. Hoy en día nuestra población no tiene garantía alguna que asegure la calidad de formación de quienes atienden su salud bucal.
[cita tipo=»destaque»]El espíritu de nuestro Colegio es proponer mayores niveles de control para la formación. Abordar esta problemática es imprescindible para iniciar la reconstrucción de la salud bucal de nuestras y nuestros compatriotas, que por años ha sido una zona de catástrofe.[/cita]
El escenario país es crítico en materia odontológica. La desregulación de la enseñanza se ha traducido, entre otras cosas, en un crecimiento exponencial del número de carreras. De tres escuelas que existían, en poco más de una década tenemos 34 programas de pregrado de los cuales menos de la mitad cuentan con su respectiva acreditación.
El Estado tiene la obligación de asegurar la calidad de atención en salud y con la grave exclusión que se hace hacia la Odontología, además de perpetuar el daño oral que enfrenta el país, se recae en una inconstitucionalidad.
Garantizar el estándar de formación en Medicina a través de la exigencia de acreditación nos parece muy adecuado en atención de la alta responsabilidad que tiene su ejercicio profesional. No obstante, resulta incomprensible no extender dicha obligatoriedad hacia Odontología, pues ambas actúan directamente en el ser humano, por lo cual se debe asegurar que ese profesional y la formación que tuvo sean adecuados.
El espíritu de nuestro Colegio es proponer mayores niveles de control para la formación. Abordar esta problemática es imprescindible para iniciar la reconstrucción de la salud bucal de nuestras y nuestros compatriotas, que por años ha sido una zona de catástrofe.
Estamos comprometidos con la calidad profesional y así se lo hicimos ver a la Comisión de Educación de la Cámara, cuyos integrantes comprendieron que el centro de la discusión es la calidad de atención de nuestra población. A pesar de lo positivo que significó la aprobación del Proyecto de Ley en ésta instancia legislativa, no podemos cantar victoria.
Mientras por un lado aún faltan etapas en el Parlamento para que el texto se transforme en Ley, proceso que esperamos se desarrolle sin obstáculos, por otro debemos lidiar con la oposición del Gobierno. No obstante, estamos seguros que la situación se revertirá si todos ponemos a los pacientes en el centro de la discusión.
Lamentablemente, si el tema no se resuelve en el Parlamento, nos veremos en la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional, pues no sólo se está cayendo en una discriminación arbitraria, sino que además se está vulnerando la obligación que tiene el Estado de resguardar la calidad de atención en salud.
