Señor Director:
Leo en la prensa, no sin inevitable asombro y estupefacción, los diversos acuerdos alcanzados en la comisión ad-hoc de la Cámara de Diputados que revisó la reforma de la educación superior. Uno de ellos no deja de llamar profundamente la atención y lleva a pensar en la forma de legislar que se ha ido imponiendo en los últimos años. Establece que la acreditación será obligatoria para todas las instituciones en cinco áreas de gestión: institucional, docencia de pregrado, investigación, aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio. Además, las entidades universitarias deberán conseguir esa certificación por un período de al menos cuatro años, de lo contrario se les asignará un administrador provisional; y si aún después de intentarlo nuevamente no logran alcanzar ese estándar, en el plazo de dos años, quedarán entregadas a un administrador de cierre.
Todas las universidades entregando docencia de alta calidad y generando investigación. Parece sin duda el mundo ideal, es lo que todos quisieran, lo que los países de verdad desarrollados han tardado decenios en acercarse a conseguir. En Chile, sin embargo, un grupo de legisladores tiene la absurda pretensión de saltarse mediante una ley décadas de trabajo para lograr un sistema universitario parangonable con los que existen en los países más avanzados. No deja de ser es una quimera ingenua, sin otra raigambre que un voluntarismo a la vez inane y sin límites; las cosas nunca son tan simples ni fáciles, menos en materia de formación superior de los cuadros profesionales y técnicos que el país necesita para su desarrollo.
Me pregunto, pensando en la mencionada norma aprobada: ¿cerrará el Estado alguna de sus universidades si no logra empinarse sobre los estándares de acreditación definidos? De hecho, sucede que en la actualidad algunas de ellas están por debajo de ese baremo. En este escenario idílico dibujado por los congresistas como nuevo marco regulador del sector, ¿cuál será el destino de las nuevas universidades públicas de las regiones de Aysén y O’Higgins, de reciente creación y trabajosa puesta en marcha? Por otro lado, ¿está en condiciones de asumir semejantes desafíos la actual Comisión Nacional de Acreditación, varias de cuyas certificaciones no han estado ajenas al escrutinio de expertos? En fin, son interrogaciones que afloran espontáneas en medio del asombro, la perplejidad y la decepción por el desempeño de los representantes.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Comunicador Social
Abogado
