Hace ya unos años hemos podido asistir a la organización de los habitantes de la ciudad de Valparaíso, los cuales, en distintos barrios y cerros, se han agrupado para rechazar el embate del negociado inmobiliario que remece la ciudad.
Lo que los vecinos han defendido es su calidad de vida, la que se ve alterada por los diversos proyectos que han tenido lugar, con la venia de los organismos municipales (al menos hasta antes de la nueva administración). Así, tenemos una serie de proyectos emplazados en los cerros que rompen el entramado urbano de los barrios, generando sobrepoblación en los mismos y en las arterias viales aledañas. No menor es el daño irreparable al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, lo que puede evidenciarse en la demolición del Hospital Ferroviario de Barón, el Hospital Alemán del cerro Alegre, o la centenaria casona del Jardín Suizo en el Barrio O’Higgins. No menos graves en este sentido son los emplazamientos de edificios de más de 22 pisos con vista al mar, en el sector de Yolanda, en Barón, alterando radicalmente la fisonomía misma de la ciudad como anfiteatro natural.
Todos estos casos – que constituyen sólo una parte de los numerosos edificios ya construidos o de proyectos aprobados o por aprobar – violan no sólo ciertos principios básicos de la arquitectura y del urbanismo, sino también de la ética.
Respecto de lo primero: al considerar el valor de los espacios barriales de la ciudad de Valparaíso, surgen bondades evidentes y cotidianas que tanto pobladores como visitantes pueden reconocer como idiosincráticas. Las más obvias son quizás la vista al mar, el emplazamiento de las viviendas en la pendiente natural o los peculiares espacios peatonales, escaleras y miradores que cruzan los barrios desde las quebradas hasta las cimas. Pero estas bondades son el escenario de interacciones cotidianas potentes aunque no siempre evidentes. La escala en la que Valparaíso ha sido históricamente construido insiste casi de manera inconsciente en la unidad personal y familiar, y su composición arquitectónica y urbana así lo refleja.
[cita tipo=»destaque»]Respecto de sus deberes: ¿han cumplido de buena fe las exigencias de la municipalidad, o han ocultado deliberadamente información importante? ¿Han realizado algún tipo de intervención ilegítima para obtener el permiso de construcción? ¿Han torcido el sentido de la norma para beneficiar a su proyecto? ¿Han establecido buenas relaciones con los vecinos, o por el contrario, han extorsionado a los grupos vecinales que se han opuesto al proyecto?[/cita]
La densidad de los cerros siempre ha tendido a las viviendas unifamilares o edificios de baja altura, y los espacios públicos han surgido desde la escasez de grandes espacios abiertos, ganando rincones de poco metraje pero de gran cualidad. Esta escala ha sido interrumpida y fragmentada por la irrupción de los edificios en altura que actualmente invaden cerros, quebradas y el plan de nuestra ciudad. La densificación acelerada e inesperada que generan en los barrios estas edificaciones es destructiva tanto en los valores formales como en los de habitabilidad, siendo estos últimos los más difíciles de cuantificar.
Respecto de lo segundo: hay varias aristas del problema que tienen implicancias claramente éticas. Una de ellas es la argumentación de los gestores de los proyectos de su apego a la ley. Tanto los dueños de las inmobiliarias como algunos arquitectos han señalado que los proyectos están apegados al plan regulador. Esto, como puede ser ya evidente, no es una garantía de que el proyecto sea bueno, ni siquiera en una parte mínima. Un razonamiento similar tuvieron los representantes de las empresas que construyeron las famosas “casas Copeva”: aún sabiendo que las especificaciones técnicas eran insuficientes, la empresa construyó de todos modos “apegado a la normativa”. La legalidad técnica y jurídica no es garantía de que el proyecto sea bueno, y los mismos motivos que son dados para legitimar las construcciones en altura en Valparaíso se han dado para justificar casos como el mencionado.
Ante esto se podría replicar lo siguiente: no existe una obligación de realizar una obra buena, sino sólo apegada a derecho. Desde el punto de vista jurídico dicha afirmación es efectiva; sin embargo, la obligación jurídica constituye un mínimo, y dicho mínimo puede o no estar efectivamente resguardado por el derecho. Pero si no está resguardado por el derecho en este sentido, no deja de haber una obligación moral de realizar una buena obra.
Cabe preguntarse también lo siguiente: ¿cuáles podrían ser las motivaciones de las empresas inmobiliarias para dejarse limitar únicamente por un criterio jurídico? Desde el punto de vista de una ética de la virtud, sugerimos dos posibles respuestas: la primera es la mediocridad, es decir, no querer hacer un esfuerzo mayor del mínimamente exigido. La mediocridad constituye un vicio para cualquier tipo de actividad humana. La segunda respuesta es otro vicio, la codicia. Pareciera ser que a menores exigencias legales, menores los costos económicos del proyecto y, en consecuencia, mayores los beneficios.
Una visión tradicional de la responsabilidad moral de la empresa sostiene, siguiendo a Friedman, que no existen deberes morales más allá del incremento de sus propios beneficios. Sin embargo, dicha perspectiva (el de la llamada “empresa amoral”), desde el punto de vista de la literatura vigente en ética de la empresa, está obsoleta. Hoy se afirma que el ámbito de responsabilidad de las empresas alcanza a todos los involucrados: inversionistas, empleados, proveedores, clientes y todos los afectados por el accionar de la empresa. Es el llamado enfoque de los “stakeholders”.
Claramente, desde la perspectiva antedicha, el apego a derecho es una aproximación insuficiente, por no decir mediocre, de la responsabilidad que tienen las empresas inmobiliarias. Si aplicáramos dicho enfoque al problema que vive Valparaíso, caemos en la cuenta, de modo inmediato, que están siendo violentados los legítimos intereses de los ciudadanos de Valparaíso. Dichos intereses, a su vez, no se fundan en inquietudes subjetivas, esencialmente contingentes, sino en la realidad misma del territorio en el cual está emplazada la ciudad, y en la dinámica que se genera en su virtud. Por ello, no sólo no es legítimo “ningunear” dichos intereses, como lo han hecho algunos arquitectos, empresarios y representantes gremiales, sino que éstos se encuentran sólidamente fundados en la dinámica vital y territorial misma de la ciudad.
En síntesis: el enfoque vigente en responsabilidad de la empresa funda la obligación moral de las inmobiliarias a considerar los legítimos intereses de la ciudadanía. No hacerlo constituye una violación clara de la ética empresarial. Dichos intereses están fundados en criterios objetivos relativos al espacio y la dinámica de los barrios. El criterio del cumplimiento jurídico es insuficiente, incluso como un mínimo ético. Una perspectiva minimalista no puede sino estar fundada en vicios como la mediocridad o la codicia.
Tomando esta última idea, y considerando los vicios explicativos del minimalismo jurídico de nuestros empresarios inmobiliarios, cabe preguntarse por los criterios éticos de un buen cumplimiento de su rol. Para ello, la ética de las profesiones nos brinda una serie de elementos de juicio. Dichos elementos pueden ser aplicados tanto a los empresarios, en cuanto organizadores de las fuerzas productivas, como a los arquitectos y constructores. Estos elementos son los siguientes: el fin o propósito de la actividad, sus bienes internos, y las virtudes y deberes relativos a sus funciones. Respecto de lo primero, los autores plantean que la plenitud humana es, en último término, el propósito de las actividades profesionales. El modo específico en que estas actividades contribuyen a dicha plenitud radica en los bienes internos de la misma. Dichos bienes son las necesidades sociales que satisfacen estas actividades. Las virtudes son los elementos del carácter que hacen posible la prosecución de los bienes internos. Finalmente, los deberes son las acciones mínimas indispensables y obligatorias que deben realizar quienes estén involucrados en estas actividades.
¿Cómo es posible aplicar estos criterios al negocio inmobiliario en Valparaíso? En primer lugar, las empresas deben tener claridad de cuál es el propósito de su propia existencia. Desde un punto de vista ético, no es posible atenerse sólo al beneficio económico; es necesario considerar el modo en que la actividad de la empresa contribuye a la plenitud humana. En segundo lugar, es necesario tener claridad acerca de los bienes internos que son satisfechos y cómo son satisfechos: la habitabilidad, la intimidad, la proyección, la conectividad y la integridad barrial, son algunos de los bienes que parecen estar involucrados en la construcción de departamentos. ¿Son viviendas habitables, cómodas? ¿Permiten la intimidad de la familia? ¿Es posible proyectarse en ese lugar, o constituye sólo un lugar de paso? ¿Se puede acceder al resto de los servicios urbanos? ¿Cómo se integra el hogar y la vida de las personas al contexto barrial? ¿En armonía, o como un quiebre? ¿Permite una auténtica vida de barrio, o es más bien un lugar para dormir y encerrarse?
Respecto de las virtudes de los profesionales e inversionistas involucrados: ¿realizan un trabajo con excelencia o sólo con el mínimo esfuerzo? ¿Es su motivación para el trabajo el desarrollo profesional y el de la ciudad o sólo conciben su rol como un medio de enriquecimiento? Respecto de sus deberes: ¿han cumplido de buena fe las exigencias de la municipalidad, o han ocultado deliberadamente información importante? ¿Han realizado algún tipo de intervención ilegítima para obtener el permiso de construcción? ¿Han torcido el sentido de la norma para beneficiar a su proyecto? ¿Han establecido buenas relaciones con los vecinos, o por el contrario, han extorsionado a los grupos vecinales que se han opuesto al proyecto?
Todas las preguntas anteriores pondrán en evidencia el sentido ético del negocio inmobiliario que se gesta desde hace ya un buen tiempo en Valparaíso. Lamentablemente, a la luz de los hechos, la situación dista mucho de ser buena, éticamente hablando. Esperemos que la nueva autoridad política pueda promover, aún en razón de una imposición heterónoma, conductas conformes a una sana moral empresarial.
