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Carabineros de Chile, pérdida estructural de nuestro Estado democrático

por El Mostrador

13 junio, 2017

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¿Cuál es el valor real de una policía honesta y eficiente para un Estado democrático? Definitivamente no se puede expresar en dinero. La policía es un componente estructural del Estado moderno, y el mecanismo institucional que permite garantizar la plena vigencia de las libertades públicas y el servicio de orden y seguridad como bien público permanente para todos los ciudadanos. De ahí la dificultad de una evaluación simplemente financiera. Amén de la gravedad de evidenciar estar sin gestión gubernamental clara para solucionar los problemas en la policía de Carabineros.

Además de la pérdida de dineros públicos generada por los desfalcos, que hoy ya sobrepasan los 20 mil millones de pesos, cifra que seguramente va a aumentar, la mayor pérdida para el Estado de Chile derivada de estos delitos –por las razones antes expresadas– son de tipo profesional y moral, golpeando la ética profesional y su cultura de probidad largamente trabajada en esa policía.

Lo ocurrido lesiona profundamente la confianza y la certeza en sus operaciones de servicio de orden y seguridad, aspecto continuo e irremplazable en todo el territorio de la República, que podría estar desarrollándose con una merma importante de eficiencia y profesionalismo, producto del desánimo y  desorientación que los hechos –presumiblemente– han provocado en la institución.

Desde el punto de vista valórico y de control gubernamental, la conducción del Gobierno, en apariencia prudente, resulta prácticamente ciega frente a este daño moral e institucional que requerirá de muchos años para recuperarse. Todo se ha centrado en la cantidad de dinero perdido y en el apoyo a un general director, como el eje sobre el cual gira la administración de la crisis, pero que no apunta a una decisión drástica de recomposición institucional y de probidad de Carabineros.

Esa postura, meramente táctica, muy posiblemente alimentada por la confianza interpersonal entre ese general director y el círculo político más íntimo del poder presidencial, no revierte los hechos a una situación de control y confianza, que permita acuerdos y decisiones de Estado frente a la gravedad de lo ocurrido, a los que concurra un amplio consenso de fuerzas políticas de todos los sectores. El Gobierno no solo ha sido ineficiente técnicamente para enfocar el tema sino que, además, se ha caracterizado por la ausencia de acción de su gabinete político. El Ministerio del Interior ha sido particularmente errático y la Secretaría General de la Presidencia ha tenido una ausencia imperdonable en el accionar gubernamental.

Además de la pérdida de dineros públicos generada por los desfalcos, que hoy ya sobrepasan los 20 mil millones de pesos, cifra que seguramente va a aumentar, la mayor pérdida para el Estado de Chile derivada estos delitos –por las razones antes expresadas– son de tipo profesional y moral, golpeando su ética profesional y su cultura de probidad largamente trabajada en esa policía.

Por otra parte, la  verdadera autarquía institucional de Carabineros frente al poder civil, se caracteriza por un diseño de mando interno donde el general director es una especie de monarca institucional. Eso puede funcionar en situaciones normales, no en una realidad como la actual, donde ha sido precisamente el alto mando, no se sabe hasta qué punto, el que ha perforado la esencia profesional de la institución. Todo su profesionalismo, desarrollado durante décadas, se ha visto oscurecido por los fraudes cometidos, golpeando hasta el fondo a las propias bases del Estado, lo que, seguramente, llevará años recuperar.

La gran chance para que opere la recuperación está en el valor práctico y simbólico de la tropa y la oficialidad de menor rango, pero debe ser sostenida por una voluntad política fuerte y una acción decidida para mantenerla intacta, y que es precisamente de lo que el Gobierno ha carecido hasta ahora.

En una sociedad democrática, con un Estado en forma, los poderes policiales se conciben para proteger las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero es regla general que la delegación de esos mismos poderes generan simultáneamente la posibilidad de que sean objeto de graves abusos y, por lo tanto, también conlleva la obligación del estricto control.

El carácter y la eficiencia de una policía dependen en gran medida de lo que el poder civil que la controla y supervisa desea hacer de ellas, y no solo de su autorregulación y su desarrollo cultural interno.

En todas  partes la policía tiene amplios poderes para hacer cumplir la ley y es sobre la base de eso que ocurre su desarrollo profesional. Pero la calidad y la doctrina que subyacen a su acción es lo que hace la diferencia y esta proviene no solo de su formación inicial sino también del patrón cultural e interlocución técnica que aplica el control civil. Si este es desaprensivo o indolente, el resultado será el desorden y la corrupción. Es lo que acaba de ocurrir en Chile.

Devolver a la institución su cualidad de ser honrada y moralmente recta es una tarea que va más allá del dinero perdido, y es una tarea urgente y prioritaria.

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