Si el título de esta columna se presenta como una pregunta, esto se debe a que la coyuntura política presente pareciera ofrecer indicios que permiten pensar que los resultados de las reformas promovidas por el gobierno de Michelle Bachelet, magros y en ocasiones contraproducentes desde el punto de vista de sus objetivos declarados, pero muy característicos de aquello que he denominado como dinámica hegemónica transicional, parecieran estar conduciendo a una crisis de la legitimidad de los partidos históricos de la centro-izquierda.
* Hablar de la Transición y de conceptos derivados de dicho término, como lo ‘transicional’, expone a quien los utiliza para hablar del presente al escepticismo y la suspicacia, sobre todo en pleno año 2017. Eso, por supuesto, en la medida en que comprendamos el concepto mismo de transición de una manera muy específica; esto es, en la medida en que lo entendamos a la manera del concepto aristotélico de cambio, el cual entiende esta noción como el tránsito de un sujeto de un estado a otro estado, y en virtud del cual una o varias cualidades que inhieren a una substancia desaparecen para dar lugar a cualidades distintas, incluso opuestas, que pasan ahora a caracterizar a la substancia en cuestión.
Aristóteles entiende al cambio como sinónimo de movimiento, en el sentido en que, al igual que el desplazamiento físico, mediante el cual un cuerpo sólido recorre un trayecto espacial que va desde un punto de origen o a quo a un punto de término o ad quem, el cambio lleva a la sustancia que lo experimenta a recorrer una secuencia temporal dentro de la cual ciertas cualidades desaparecen paulatinamente para dar lugar a otras cualidades. La naturaleza temporal del cambio permite que sea analíticamente posible determinar un momento a quo en el cual comenzó el proceso de cambio y un momento ad quem en el cual terminó el proceso de cambio.
La pregunta, para una concepción aristotélica de lo transicional, es cuál es la substancia que experimenta los cambios y cuáles son aquellas cualidades que cambian; y la respuesta prevaleciente, tanto en los discursos académicos como políticos que se refieren a lo transicional, suele consistir en identificar como dicha substancia a las instituciones políticas y a su carácter autocrático o democrático como la cualidad que cambia.
Así, una importantísima pregunta empírica para una teoría aristotélica de las transiciones políticas pasa a ser aquella de cuándo se puede decir que comenzó la transición respectiva y cuándo terminó. Si bien la identificación del punto de origen y del punto de término de una transición se traducirá en la formulación de un juicio esencialmente controvertido, al menos la posibilidad de identificar esos momentos permanece como un ideal regulativo.
Por supuesto, no es mi intención poner en duda que existan procesos políticos cuyas particularidades sean idóneas para conceptualizar aristotélicamente la idea de lo transicional. Sin embargo, sí debiera resultar claro que esa conceptualización no es capaz de dar cuenta de aquello que en Chile ha sido denominado como Transición, en la medida en que en Chile este término no ha denotado simplemente un proceso de cambio institucional sino, más bien, a estas alturas, una verdadera etapa de nuestra historia política, económica y social. En ese sentido, más que entender la Transición de acuerdo a una teleología (ingenuamente) democrática, que nos hace pensar en una transición como un proceso definido en función de algún momento final en que las instituciones se han democratizado de una buena vez, vale más pensar nuestra Transición como un auténtico régimen político, económico y social que ha logrado desarrollar la capacidad de preservar su propia existencia, de reproducirse a sí mismo.
Ello la hace propicia para ser entendida recurriendo al arsenal de conceptos elaborados por Antonio Gramsci a fin de dar respuesta a la pregunta maquiaveliana sobre las condiciones que hacen posible la construcción y preservación de regímenes políticos. Los escritos de Gramsci sugieren que la reproducción de un régimen político depende de la capacidad de su clase dominante de mantener una posición de liderazgo moral o hegemonía de cara a las demás clases sociales que legitime el uso del poder estatal –y, por tanto, de su monopolio sobre la legalidad y sobre la coerción– que aquella clase hace.
Aquí es relevante la distinción que Gramsci hace entre la gran política, dimensión vinculada al acto mismo de darle una organización al estado y, a través de ello, darle protección institucional a determinadas “estructuras orgánicas económico-sociales” en las cuales encuentra sustento material la clase dominante, y la pequeña política, la política del día a día en que se enfrentan las diversas fracciones de la clase política dentro de los términos ya establecidos por la gran política.
Cuando Gramsci observa que la gran política intenta “excluir la gran política del ámbito interno de la vida estatal” y “reducir todo a política pequeña”, asocia su distinción a aquella que la teoría constitucional hace entre poder constituyente y poder constituido, y que se manifiesta como una relación de subordinación en la cual el primero circunscribe substantiva y procedimentalmente al segundo, determinando así la gran política los límites (el nec plus ultra, lo indisponible e intransable) y la forma (las instituciones y su funcionamiento efectivo) de la pequeña política.
Gramsci observa, con ecos maquiavelianos, que es un error de aficionados el permitir que “que cada elemento de pequeña política deba necesariamente convertirse en problema de gran política, de reorganización radical del Estado”. De aquí podemos extraer una interesante conclusión: que la hegemonía de una clase dominante sana y vital se expresa en que el entramado constitucional que le protege y que delimita la pequeña política se mantenga fuera del conflicto político mismo, y que las demandas de los diversos grupos sociales puedan ser procesadas y los malestares sociales satisfechos institucionalmente.
La distinción entre gran política y pequeña política da cuenta, en el caso del régimen de la Transición, del hecho de que durante esta etapa de nuestra historia presente los partidos políticos de la centro-izquierda histórica y de la derecha han antagonizado, en el plano de la pequeña política y de su manifestación electoral e institucional, dentro de los límites establecidos por la gran política expresada en el modelo de estado subsidiario inscrito en la Constitución de 1980, dejando así fuera de la dicha pequeña política la discusión sobre las estructuras orgánicas económico-sociales que efectivamente existen en nuestro país y que sirven de sustento a las grandes riquezas privadas que han financiado las campañas electorales de la pequeña política transicional.
Así, si bien dentro de la arena política transicional hay competencia y conflicto, a menudo muy reales en cuanto a la intensidad fenomenológica de sus antagonismos, estos se desenvuelven dentro de los límites de lo aceptable para nuestro modelo económico-social periférico de acumulación privada, en el cual la ganancia del gran capital no proviene de la innovación tecnológica ni de la creación de valor agregado, sino de la apropiación de la riqueza colectiva o de precarizar el empleo y esquilmar a los consumidores.
Los nichos de acumulación privada de nuestro modelo económico-social periférico, debido precisamente a que funcionan extrayendo valor a las grandes masas, producen malestar social de diversas maneras; y si bien parte de ese malestar puede ser racionalizado mediante la acción de diversos mecanismos de cooptación, y otra parte puede ser derechamente suprimida mediante la represión estatal, sigue siendo necesario el concurso de voluntades expresadas social e institucionalmente a fin de producir hegemonía, es decir, de legitimar políticamente el funcionamiento estatal que es condición necesaria de la subsistencia del modelo económico-social.
El modelo, entonces, necesita que la pequeña política sirva de espacio de contención del malestar social; no sólo para preservar, ante eventuales cuestionamientos al modelo provenientes del malestar social, cuanta legitimidad para el modelo en su conjunto sea posible, sino también para preservar la legitimidad del aparato estatal mismo. Mal que mal, la “condensación material” del modelo económico-social periférico de acumulación privada consiste en el conjunto de normas legales que establecen condiciones excesivamente favorables para el gran explotador de recursos naturales, el gran contribuyente, el gran empresario, el gran empleador, el gran vendedor al público. Entonces, para preservar ese estado que protege al gran capitalista, es necesario que desde ese estado aparezcan señales de que se intenta domesticar al gran capitalista.
Denominaré dinámica hegemónica transicional a la manera en que se ha dado este fenómeno de legitimación del modelo económico-social a través de la pequeña política durante el ciclo político que se inicia en 1988 con las negociaciones constitucionales entre la Concertación y la dictadura y que continúa hasta el presente. La dinámica hegemónica transicional podría ser descrita como un repertorio de estrategias de conflicto y colaboración entre los dirigentes orgánicos de la Concertación y de la derecha mediante las cuales algunas demandas provenientes del malestar con el modelo económico-social y con su marco constitucional son parcialmente asumidas por los primeros, disminuidas en su intensidad en el transcurrir institucional de la pequeña política, y postergadas en su adopción todo el tiempo que sea posible.
Para usar una metáfora de gran resonancia en los textos gramscianos, podríamos decir que la dinámica hegemónica transicional toma la forma de una “guerra de posiciones” en las “trincheras” institucionales, en la cual un sector intenta llevar a cabo unas pocas reformas –constitucionales, laborales, tributarias, educacionales, etcétera– para ser previsiblemente derrotado por el otro sector, logrando menos de lo que se había anunciado que se deseaba, y quedando así sentadas las condiciones para que al cabo de algunos años se vuelva a retomar la misma propuesta reforma, a veces en forma aún más disminuida. Hay, como se ve, un importante dimensión temporal en esta dinámica, en la medida en que, parafraseando a Wolfgang Streeck, ella permite comprar tiempo para la clase política, para el estado, para el modelo económico-social y, en última instancia, para la clase dominante y sus estrategias de acumulación.
Esta guerra de posiciones cuyo resultado está predeterminado, en consecuencia, tiene un efecto hegemónico en un doble sentido: deja incólume el modelo económico-social; pero también produce una dosis de liderazgo moral para la fracción de la clase política que asume la posición aparentemente progresista en ella. Su hegemonía política puede entonces cimentarse en victorias morales y victorias pírricas, las que pueden fácilmente articularse en la forma de una narrativa política que combine un fingido sentido de la responsabilidad histórica con un contenido político más contemporizador que reformista.
Desde luego, a largo plazo, el efecto acumulativo de esta dinámica hegemónica en que cada cierto tiempo se logra algún pequeño resultado pareciera transmitir la impresión de que se “ha avanzado”, facilitando así la construcción de un discurso que pretende haber avanzado en la satisfacción del malestar social. Sin embargo, el mismo efecto acumulativo nos remite al largo plazo que supone su propia acumulación residual, y que tarde o temprano termina evidenciando el carácter falaz del conflicto político en la pequeña política transicional, sus puntos ciegos y sus nec plus ultra. Si al cabo de 27 años se sigue pidiendo lealtad al electorado argumentando que se “ha avanzado” pero que aún “falta mucho por avanzar”, eso significa que han pasado 27 años en que el modelo periférico de acumulación privada ha seguido existiendo. Eso ya no solamente es una cantidad considerable de tiempo en las vidas de los seres humanos; incluso lo es en la vida de los regímenes políticos.
Si el título de esta columna se presenta como una pregunta, esto se debe a que la coyuntura política presente pareciera ofrecer indicios que permiten pensar que los resultados de las reformas promovidas por el gobierno de Michelle Bachelet, magros y en ocasiones contraproducentes desde el punto de vista de sus objetivos declarados, pero muy característicos de aquello que he denominado como dinámica hegemónica transicional, parecieran estar conduciendo a una crisis de la legitimidad de los partidos históricos de la centro-izquierda. Este agotamiento no se evidencia tanto en la suerte electoral de alternativas políticas a la izquierda de la Concertación, sino en el hecho mismo de la conformación de estas alternativas.
Lo que ese hecho dice es que hay sectores que han percibido una oportunidad política en la debilidad objetiva del adversario electoral. Que esos sectores lleguen a lograr aprovechar esa oportunidad para llegar a efectivamente hacer lo que la dinámica hegemónica transicional impidió, por supuesto, es algo que todavía resulta demasiado temprano para ser planteado incluso como hipótesis. Pero al menos es importante dejar registrado, incluso para efectos de tener presente el tipo de influencias que el día de mañana se dejarían sentir en esas fuerzas, que el actual modelo de acumulación necesita de una facción de la clase política que le provea de legitimidad al estado y al modelo a través de sus victorias pírricas.
