Actualmente en Chile, el agua no está garantizada como un derecho humano en nuestra constitución. Si bien nuestro código de aguas señala que es un bien nacional de uso público, en la práctica es el mercado el que regula lo que se hace con este recurso, otorgando derechos de por vida a privados y despojando al Estado de la facultad de intervenir incluso en el caso de que una comunidad vea comprometida la disponibilidad de agua para el consumo de su población.
Como país, hemos abordado el problema de forma reactiva y basándonos en la idea de que estamos frente a una sequía prolongada. Esto es un error, ya que la existencia de un periodo de sequía es temporal, lo que significaría que luego de un periodo de tiempo volveríamos a contar con niveles normales de agua, cosa que no sucederá. En realidad a lo que nos estamos enfrentando es a los efectos de un cambio climático permanente, que requiere ser afrontado de una manera proactiva y radicalmente distinta.
Debemos considerar que el ciclo del agua que se nos enseñó cuando niños, es en realidad más complejo. El ciclo que mostraba el paso del agua congelada de las montañas derritiéndose y bajando por los ríos para luego llegar al mar, evaporarse y volver nuevamente a las montañas en forma de nieve, no considera las acciones humanas que intervienen en el proceso, ni cómo hemos cambiado el entorno.
Hoy más que del ciclo del agua, debe hablarse del ciclo hidrosocial, ya que el impacto humano influye drásticamente en este recurso, por lo que es de vital importancia considerar cómo el agua es manipulada por los diferentes actores sociales, a través de factores tales como actividades económicas, obras hidráulicas, legislación e instituciones.
Las relaciones de poder, así como las desigualdades existentes en la sociedad se manifiestan materialmente también en el agua, sobre todo respecto a los patrones de acceso del recurso, a su uso y también a su forma de gobernarlo. Esto explica el hecho de que la escasez de agua afecte en mayor medida a los más pobres y que aún en zonas con altos promedios de agua per cápita, existan comunidades que sufren con la falta del recurso hídrico.
Para actuar debemos hacerlo con responsabilidad, y ante ello, el agua debe ser declarada un derecho humano garantizado en nuestro país, donde el consumo de las comunidades sea una prioridad y las actividades productivas como la agricultura y la minería que son las que en mayor porcentaje hacen uso de este elemento, avancen a paso firme hacia la utilización de las más altas tecnologías de eficiencia hídrica.
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Pensar a largo plazo y con una mirada estratégica implica necesariamente la defensa irrestricta de nuestro ecosistema, para lo que debemos elevar nuestros estándares normativos y de fiscalización de todos los procesos que impliquen un alto impacto ambiental. Esto a futuro nos ahorraría costos de diversa índole, ya que los daños de un eventual desastre ambiental son tan incalculables como irreparables.
Un manejo del recurso hídrico que esté a la altura de las circunstancias actuales, lo podremos lograr a través de una fuerte disminución de la burocracia existente que se refleja en la abultada cantidad de instituciones públicas relacionadas al agua que se encuentran desperdigadas en el gobierno, las que debemos agrupar en una gran institución pública, encargada de velar por el agua, las cuencas hidrográficas y oceánicas, teniendo amplias facultades para planificar de manera estratégica, realizar investigación e innovación, fiscalizar, y sancionar a quienes hacen un mal uso de nuestra principal fuente de vida.
