Pareciera que el periodo pre-eleccionario sensibilizó a algunas autoridades y como una epifanía vieron por vez primera los mancillados “guetos verticales”. Tribulación, sorpresa e indignación ante tamañas aberraciones ¿Cómo es posible que haya pasado esto?¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasará con la ciudad si esto continua?
Preguntas que surgen como si las torres hubieran aparecido por generación espontánea o una suerte de intervención alienígena. Estas torres, de un momento a otro, se han convertido en tema de análisis nacional, objeto de especiales noticiosos, de reportajes matinales y un sinfín de intercambios en 140 caracteres. De igual manera, esta discusión desaparecerá en un par de semanas y los llamados “guetos verticales” volverán a ser parte de nuestro paisaje.
¿Cuál es la sorpresa que señalan algunos académicos y autoridades? Básicamente ninguna. Este tipo de desarrollo urbano es consecuencia de unas políticas públicas urbanas que obligadamente primero (dictadura) y voluntariamente después (post dictadura) privilegiaron el interés privado y la ganancia individual antes que la construcción de una ciudad integradora que privilegia el interés colectivo. Así de simple, así de duro. De este modo lo que sí es sorpresivo –aunque siendo sinceros tampoco tanto- es el asombro de algunos académicos y de las autoridades de turno ante efectos totalmente esperables de nuestra política urbana.
No es la primera vez que grandes edificios en altura se legitiman por el simple hecho de construirse ya que las políticas públicas no los derribará por más fuertes que sean sus efectos negativos. No es la primera vez que se aprueban grandes edificios en altura aún cuando impactan de manera inmanejable a la vialidad del sector –Torre Costanera-. No es la primera vez que se concentra a grupos vulnerables en bloques de departamentos o edificios en altura –torres al sur de Av. Matta. Entonces, nuevamente nos preguntamos ¿dónde está la sorpresa?
[cita tipo=»destaque»]Lo que nos impacta, como grupo de profesionales del urbanismo, es: Primero, la escasa capacidad de las autoridades y sus asesores de sacar la discusión de un problema ético de los agentes inmobiliarios que no tienen por qué velar por una ciudad integradora. Segundo, la sobre valoración que las autoridades ponen en los planes reguladores como si fuesen el único instrumento efectivo de planificación urbana y no necesitara de otras políticas más allá de lo meramente técnico.[/cita]
No existe sorpresa. Lo que nos impacta, como grupo de profesionales del urbanismo, es: Primero, la escasa capacidad de las autoridades y sus asesores de sacar la discusión de un problema ético de los agentes inmobiliarios que no tienen por qué velar por una ciudad integradora. Segundo, la sobre valoración que las autoridades ponen en los planes reguladores como si fuesen el único instrumento efectivo de planificación urbana y no necesitara de otras políticas más allá de lo meramente técnico.
El trabajo que realiza el Centro de Estudios Urbano Territoriales de la Universidad Católica del Maule quiere destacar el déficit nacional en planificación territorial y cómo este ha provocado, provoca y provocará la construcción de territorios marcadamente desiguales. Desde esta perspectiva, proponemos que su superación involucra un esfuerzo consciente de las autoridades por construir una institucionalidad planificadora densa y fuerte como demanda la sociedad civil hace años. Esta institucionalidad se diferencia de recetas mágicas como la personalización de autoridades –el deseado alcalde mayor- o grandes instrumentos tecnocráticos –los iluminados planes integrados- como soluciones efectivas. Estas dos respuestas sólo serán exitosas si cuentan con una institucionalidad que proponga una ciudad justa y desde allí, ofrezca respuestas a los desafíos dinámicos del territorio.
El modelo de transición democrático chileno ha sido cuestionado en los últimos años por la liberalización en la provisión de servicios públicos –educación, salud, previsión. Pero este discurso ha mantenido aún en las sombras cómo la apropiación y el dominio del territorio, con la consecuente concentración espacial de privilegios y desventajas ha estado en la base de nuestra imperfecta democracia. Este tema debe ser un eje primordial de reflexión en la especial coyuntura de este año electoral, así, los programas de futuro gobierno deben considerar propuestas específicas para enfrentar estos desafíos, más allá de declaraciones de buenas intenciones y “descubrimientos” de signos evidentes de la desigualdad urbana y territorial de nuestro país.
Como urbanistas consideramos que el cambio urbano que se requiere para evitar los bautizados “guetos verticales”, la exclusión social de nuestras ciudades, la concentración de contaminación y desventajas en el territorio, implica una reforma institucional. Reforma tan importante como las discutidas reforma educacional, previsional o de salud.
