Señor Director:
Con asombro, he leído la carta publicada el martes 16 de mayo pasado en su medio, donde se hacía referencia a un supuesto comentario realizado por mí en el contexto de un seminario, sobre que no es necesario que Chile cuente con una ley que norme el Sistema de Gestión del Riesgo y Emergencia, afirmación que –taxativamente- no puede estar más alejada de mi posición y del foco que hemos impulsado como institución en estos últimos años.
Debo señalar que la mayor frecuencia y afectación por emergencias -producto de los nuevos escenarios asociados a las amenazas de origen natural y antrópico (como terremotos, tsunamis, aluviones e incendios forestales, entre otros)- exige que los países cuenten con una institucionalidad fuerte, proactiva, completa y transversal, que permita orientar en forma integrada las actividades en todas las fases del ciclo del riesgo. Esto, con el objetivo de transformar comunidades vulnerables en comunidades resilientes.
El Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por ONEMI, ha demostrado avances sustantivos en estas materias, lo que ha quedado claramente demostrado en las emergencias de los últimos años, siendo el país con el menor número de víctimas fatales en relación a los sucesivos desastres que nos han afectado. Este accionar ha desarrollado capacidades, sustentado en el Plan Nacional de Protección Civil, instrumento indicativo que depende mucho de la voluntad de los actores que integran el sistema. No obstante, dada nuestra condición de territorio altamente expuesto a diferentes amenazas, requerimos de una institucionalidad que proporcione un marco normativo y establezca claramente cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los organismos que intervienen en caso de desastre. Lo anterior está en discusión actualmente en el Congreso, representado en el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencia.
Esta iniciativa, además de formalizar y fortalecer nuestros avances, dispondrá de un organismo con mayores atribuciones y con una estructura acorde a los nuevos desafíos, en base a una planificación, como instrumento de gestión, que permita una coherencia e integración de todo el sistema a partir de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la que se encuentra firmada por la Presidenta de la República.
El sistema que utiliza Chile ha pasado a ser un referente en el ámbito internacional y lo que justamente no se comprende es que, a pesar de su efectividad, no esté regulado por una ley actualizada a los nuevos desafíos.
De esta forma, quiero establecer claramente que siempre he instado para que Chile cuente con una ley que corrija deficiencias y refuerce, potencie e institucionalice lo existente, por lo que cualquier interpretación de mis palabras, contraria a este propósito, es errónea.
Ricardo Toro, Director Nacional ONEMI
