Opinión
Mientras la reforma educacional de la gratuidad empezó y tiene un cronograma creíble, la descentralización ha tenido manipulación histórica y hoy tambalea.
El llamado de las directivas centrales del PPD, PS y PR al Gobierno para postergar la elección de gobernadores provinciales hasta el 2020 –a contrapelo de lo que muchos parlamentarios y dirigentes de base desean– demuestra una doble inconsistencia:
a.– Una corrupción programática que venimos denunciando desde el año 2006, en que se prometió esta elección y que no se hace debido a la oposición de la oligarquía burocrática que domina a esos partidos, y que constituye una anomalía respecto de los criterios dominantes en las centroizquierdas democráticas del mundo, las cuales dispersan el poder y crean sistemas de contrapesos.
Ello se ve agravado, en este caso, porque no hay “partidos” sino decisiones directivas que parecen golpes de mano, y redes de intereses clientelares territoriales. Hay que recalcar que ninguno de los partidos que torpedea la elección de gobernadores el 2017 ha entregado una propuesta articulada y acordada por sus entes colegiados que explicite qué proponen para “mejorar” el proyecto de traspaso de competencias.
Esa falta de coherencia instala un cinismo estructural y el desprecio por sus bases: Felipe Harboe, del PPD, ha trabado la creación de la Región de Ñuble por su rechazo a la elección de intendentes, que sí respalda activamente el profesor Herex Fuentes y todo el Movimiento Ñuble Región; Carlos Montes, del PS, y que fue clave en la coordinación programática de Bachelet II, que explícitamente prometió esta elección, veta la idea. Y, así, un largo etcétera.
Lo del PR es doblemente insólito, por el peso de la descentralización en sus propios orígenes de partido político, como continuidad de los “liberales rojos federalistas” liderados por Gallo y Matta en el norte de Chile, que hoy no tiene autonomía, renta minera compartida ni gobernanza sobre los recursos naturales de la zona, donde el agua y las cuencas de los ríos golpean, en catástrofes “anunciadas”, la paciencia de los ciudadanos. Pero, además, es incoherente con el rol clave que han jugado al apoyar a un candidato presidencial creíble en estas lides, como Alejandro Guillier, quien como senador ha sido incansable en promover y hacer realidad estas reformas regionalistas, sin quedarse en simples promesas que a corto plazo se truncan.
[cita tipo=»destaque»]La falta de coherencia instala un cinismo estructural y el desprecio: Felipe Harboe, del PPD, ha trabado la creación de la Región de Ñuble por su rechazo a la elección de intendentes, que sí respalda activamente el profesor Herex Fuentes y todo el Movimiento Ñuble Región; Carlos Montes, del PS, y que fue clave en la coordinación programática de Bachelet II, que explícitamente prometió esta elección, veta la idea.[/cita]
b.- La segunda inconsistencia es la manipulación del tiempo que, como bien expone Heinrich Von Baer –quien ha hecho firmar a los candidatos sus compromisos con las regiones de manera presencial ante ellas–, entrega un verdadero “prontuario” de la promesa incumplida: Lavín (1999), elección de intendentes; Lagos (1999), ley de rentas regionales y elección de Ejecutivo regional; Bachelet I (2005) y II (2013); Piñera y su “revolución descentralizadora” (2009).
En lo personal, he vivido un grotesco “síndrome de Estocolmo” atrapado por estas oligarquías que traban el proceso: el laguismo me pidió en 1999 encabezar su comisión programática en descentralización a fines de septiembre de ese año, cuando Lavín lo empató en las encuestas (se ponen “reformistas en tiempos electorales”), prometiendo elección de Ejecutivo regional, rentas y gobernanza metropolitana tras el documento consensuado desde la DC hasta el PS, en reuniones realizadas en la Fundación Friedrich Ebert. Todo ello concluyó en un sexenio con cero empoderamiento regional, a pesar de las recomendaciones de Messner, Marcel, Joan Prats y de la OCDE.
Luego Bachelet promete la elección directa tras trece cabildos regionales, y solo logra la reforma para los consejos regionales electos, pero no hubo traspaso de la Corfo ni de servicios ni elección propiamente tal. Muchos rompimos con la Concertación y yo acusé la “corrupción programática” el año 2006. Por eso, la “sorpresa” por el interés de la Mandataria de reunirse y persuadirnos a encabezar tanto su comisión programática del 2013 como la Comisión Presidencial del 2014, porque “esta vez iba en serio”. Le creí y ella cumplió, no sus partidos. Le propusimos, en igualdad con las regiones, la creación de las universidades públicas en O’Higgins y Aysén, los Centros de Formación Técnica en las provincias sin oferta de educación superior, un fondo de convergencia regional y un modelo de servicios municipales garantizados que avanzan con fondos de zonas de rezago y articulación con la Subdere.
Luego la Comisión Presidencial, tras 16 cabildos regionales (Ñuble exigió la presencia en Chillán) y con la “unanimidad” de sus miembros. consensuó un avanzado y pragmático modelo de elección de intendentes (gobernadores regionales) que asumieran tres roles conjuntos (Ejecutivo regional, presidentes del Core y responsables de la gobernanza metropolitana en sus territorios), un modelo de traspaso de competencias mayor y con fechas del que está en juego (el cual es un paso enorme, no obstante) y una ley de rentas regionales que combinaba la coparticipación en la tributación nacional con tasas moderadas de tributación en los territorios para mineras, eléctricas, forestales, portuarias. Además de sistemas participativos de control social con revocatoria y poder regional en planificación y medio ambiente.
En cada cabildo regional, ante el escepticismo fundado de muchos dirigentes sociales y políticos, dijimos una y otra vez lo mismo: “Si no se cumple, ¡marcharemos!”. Es la convocatoria a reaccionar y movilizarse a Valparaíso el 1 de junio, con motivo de la cuenta presidencial, como interpelación a los senadores para la coherencia en esta materia. Ello lo haremos como Federación Regionalista Verde, junto a otros movimientos regionales. Ojalá el alcalde Sharp de Valparaíso se sume, porque, en este juego de dominó y póker, se ha dicho que destrabada la elección de gobernadores debe venir la “ley de rentas regionales”, que incluye desde la corresponsabilidad, hasta la tributación parcial de los puertos en sus comunas, como un acto de reapropiación municipal del impuesto predial, ante la grotesca evasión de dicha responsabilidad del 81% de los propietarios en Chile, los mismos que demandan mejores servicios a sus gobiernos locales. Con austeridad, responsabilidad, foco, probidad, eficiencia y “recaudación” se prueban las administraciones transformadoras del mundo.
Mientras la reforma educacional de la gratuidad empezó y tiene un cronograma creíble, la descentralización ha tenido manipulación histórica. Tras el golpe portaliano de 1830 se quitó ese poder a las provincias, y las guerras civiles de 1851, 1859 y 1891 concluyen sin poder municipal real, con la elite reconciliada e integrada al poder central, y nunca más una provincia autónoma. Lo de la Constitución de 1925 fue otro descaro: se estableció en la Carta Magna y nunca el Congreso lo reglamentó ni los gobiernos lo impulsaron.
