La reciente modificación a las condiciones de retribución de Becas Chile, fruto de un largo proceso de diálogo entre la comisión Becas de Redes Chilenas (ReCh) y miembros del parlamento, ha generado reacciones diversas, a veces opuestas. Esta modificación fue el resultado de un proceso de diálogo. La posibilidad de retrasar el retorno al país luego de haber concluido los estudios de posgrado en el extranjero ha significado un alivio para cientos de chilenos que podrán continuar formándose o acumulando experiencia laboral en los países donde se encuentran actualmente… El Mercurio, por su parte, en su editorial del día domingo 14 de mayo celebró la medida argumentando que la inversión en investigación y desarrollo en Chile aún es muy escasa, la más baja como porcentaje del PIB de los países integrantes de la OCDE. Al no existir suficiente demanda por investigadores en el país, la flexibilidad en las condiciones de regreso aparecería como una solución natural, aunque de carácter momentáneo.
Por otro lado, La Tercera el día 17 de mayo publicó una crítica al ‘rediseño del programa Becas Chile’, en que se apuntaba básicamente a que la cantidad de recursos destinados al mismo estaría generando un mayor beneficio para los becarios que ‘bienes públicos’. Frente a este presunto escenario, la solución pasaría por instaurar “un sistema de créditos que, entendiendo que existen problemas de liquidez, permita acceder a los recursos necesarios y luego devolverlos con cargo a sus mayores ingresos”. En este argumento, dado que los posgrados incrementan el nivel de ingresos de quienes los poseen, la política pública pareciera estar financiando a los más privilegiados, reproduciendo las desigualdades que caracterizan nuestra sociedad.
Frente a esta última propuesta de transformar becas en créditos, cabe hacer dos observaciones. Lo primero es enfatizar lo extemporánea de la misma. El sistema de créditos para financiar educación superior en el caso de Chile ha mostrado ser, antes que todo, ineficiente para las arcas públicas, en tanto ha implicado un beneficio desmedido para la banca privada. Según datos de Fundación Sol, el 35% del presupuesto en educación superior se destina a financiar el CAE, política que ha estado en el centro del debate durante los últimos meses. Por lo anterior, la opción de reformar Becas Chile transformando al Estado en un aval, o bien en prestamista, amenaza con repetir los mismos errores de la pasada década en materia de educación superior. En lo que se refiere a la formación de capital humano avanzado, no pueden seguir anteponiéndose los intereses de la banca privada.
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Lo segundo, y no menos importante, es la falta de planificación respecto al futuro del capital humano que se está formando hoy en día en el país y en el extranjero. A este respecto, me parece que ni la reciente modificación a las condiciones de la beca, ni las opiniones entregadas en las editoriales mencionadas entregan ninguna clave. El hecho de que la mayor parte de las empresas en Chile no invierten en investigación y desarrollo, es un problema endémico que difícilmente CONICYT puede regular. Esto más bien remite al tipo de capitalismo que caracteriza al país, en que los principales activos para ofrecer a la economía global son una mano de obra barata y de baja cualificación, junto a la posesión de recursos naturales. En esta economía la demanda por trabajo puede castigar la especialización en lugar de premiarla; las empresas buscan beneficios de corto plazo antes que formar a su propia fuerza laboral.
Me parece que, por lo anterior, los problemas que enfrenta Becas Chile como política tienen su causa en las prácticas y la cultura del sector privado, pero también en que el Estado no ha logrado articular un mecanismo para acercar las ‘necesidades del país’ con su inversión en capital humano. Probablemente un primer paso en esa dirección sería definir qué es lo que se entiende por ese concepto, pues bien puede recurrirse a las ‘necesidades del país’ para criticar que Becas Chile constituye una inversión innecesaria, como ha hecho La Tercera. Por el momento, de acuerdo a cómo funciona la elección de los postulantes a la beca, son los propios evaluadores quienes definen si el programa que va a estudiar el beneficiario responde a un interés colectivo o no. Esto genera una situación paradójica: los postulantes son evaluados por un grupo de especialistas en su área, pero cuyos criterios no tienen por qué guardar relación con las ‘necesidades’ de los empleadores que luego les darán (o no) trabajo. Las consecuencias de esta disonancia pueden derivar entonces en la formación de posgrados que, si bien cuentan con el apoyo de la comunidad académica, no tienen campo en el sector público o privado.
En síntesis, las disfuncionalidades de Becas Chile parecen remitir a falencias del Estado, de los empleadores y de los criterios evaluativos de asignación de las mismas. En este panorama, si hay un actor que no es culpable de tales problemas, son los becarios. Como uno de ellos, reconozco el inmenso privilegio que significa recibir financiamiento para formarse en el extranjero. Pero no se sigue de lo anterior que se deba responsabilizar a los individuos por un problema que es más bien sistémico. La posibilidad de convertir esta beca en un crédito seguiría esa lógica, además de conllevar un gran desincentivo a la formación académica de los chilenos. Si en Chile hoy en día se invierte 0.38 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del 2.4 promedio de la OCDE, una política de esa estampa no sería sino un retroceso.
