La situación política, económica y social se ha complicado dramáticamente en algunos países de América del Sur en los últimos meses. Por un lado, como consecuencia del cambio climático y de catástrofes naturales de toda indole han azotado a diversos países del continente. El mega incendio desde la zona central al sur de Chile arrasó a más de 467 mil hectáreas, provocando un gran daño para la economía del país, al sector forestal y, a las comunidades de esas zonas; las avalanchas de lodo y escombro en el Perú, llevó al presidente PPK ha declarar estado de catastrofe nacional. En Colombia avalanchas e inundaciones en Mocoa-Putumayo han cobrado la vida de más de 300 personas y miles de damnificados. América Latina y el Caribe, como otras regiones del mundo no están ni estarán a salvo de este tipo de tragedias en el futuro, por lo que los gobiernos y todos los actores sociales, empresariales y políticos, deberán tomar en cuenta seriamente los efectos del cambio climático, el calentamiento global, y tendrán que diseñar políticas efectivas de mitigación al respecto.
Paraguay sorprendió a la región con la noticia de que miles de manifestantes enfurecidos incendiaban el primer piso del Congreso Nacional. Esta, es la respuesta a la aprobación irregular en el Senado de una enmienda que permite la reelección presidencial, cuestión que en la Constitución Nacional de 1992 en su artículo 229 señala que: “El Presidente de la República y el Vicepresidente duraran 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser reelectos en ningún caso”. Estos sucesos derivaron en una fuerte represión, causando la muerte de un joven dirigente político. La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a través de su Secretario General, Luis Almagro, a las fuerzas políticas de Paraguay a la paz y al respeto al sistema democrático, señalando “No es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”. Con las recientes declaraciones del presidente Horacio Cartes del Partido Colorado, en el sentido de afirmar que no irá a la reelección presidencial, se ha buscado aplacar la crisis política que desató el proyecto destinado a cambiar la Constitución y, con ello posibilitar la reelección presidencial. Habría que añadir, que el repudio generalizado y masivo de la ciudadanía a estos intentos del parlamento paraguayo, aún se mantienen.
En Ecuador, los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tensionaron política y socialmente a la sociedad ecuatoriana.. Recordemos que la primera vuelta, realizada el 19 de febrero, el candidato Lenín Moreno, sucesor del actual presidente Rafael Correa, se impuso con el 39,3% por sobre el representante de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, él cual obtenía el 28,1% de los votos. Lenín Moreno quedó a 7 décimas de ganar en primera vuelta electoral. El balotage del 2 de abril los resultados fueron más estrechos, imponiéndose el el candidato oficialista, L. Moreno, de la coalición Alianza País por más de 229.000 mil votos con el 51,7% por sobre el postulante, G.Lasso, del conglomerado opositor SUMA-CREO que obtuvo el 48, 84%. Hubo rudeza entre las candidaturas, y una constante campaña de difamación llevada a cabo por parte de los medios de comunicación, la que afectó mayormente al candidato oficialista. Causó preocupación la impugnación, y un posible no acatamiento de los resultados entregados por CNE por parte del candidato derrotado, G. Lasso. Observadores internacionales, como los de la OEA, presentes en esta elección señalan categoricamente el triunfo de Lenín Moreno. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a L. Moreno como triunfador de estas elecciones presidenciales. Este triunfo de Moreno y Alianza País, en opinión del destacado polítilogo brasileño, Emir Sader: “cierra la racha de la derecha latinoamericana”, a propósito de un fin de ciclo de los gobiernos progresitas.
El caso, quizás más grave que tenemos en la región, es la situación de la República Bolivariana de Venezuela, pais que vive una de las crisis política e institucional más grave de los últimos tiempos. Esto es tan solo comparable con el fallido Golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en el 2002. Recordemos, que este levantamiento contra el orden democrático -que el 11 de abril cumplió 15 años- abrió una profunda grieta política y social al interior de la sociedad venezolana, división que se ha venido agudizando dramáticamente en los últimos años entre la oposicón y los seguidores de Chávez, hoy del presidente Maduro.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional -desde 2015 de mayoría opositora- de anular las funciones legislativas de ésta, traspasándola al TJS, entregando plenos poderes al presidente Nicolás Maduro y quitándole la inmunidad parlamentaria a los miembros del Congreso, provocó una conmoción política de alta intensidad, tanto en lo nacional, como también en la opinión pública internacional. El argumento central del TSJ para esta decisión fue la actitud de “desacato” de este poder legislativo por supuesta incorporación indebida de 3 miembros de la Asamblea Nacional. Amparándose en la sentencia 156 de este tribunal que indica que mientras persista una situación de desacato, es el TJS, el llamado a hacer valer el Estado de derecho. En su comunicado del sábado 1 de abril, el ejecutivo da marcha atrás al Fallo del TJS, señalando que el tribunal suprime las partes de las polémicas sentencias, y ya no se atribuye poderes de la Asamblea Nacional, corrigiendo claramente que los parlamentarios no perderán su inmunidad. Esta situación provocada por el TJS -más allá de su revocatoria posterior- no tan solo tienen un impacto político al interior de la sociedad venezolana, en donde la oposición ha convocado a movilizaciones sociales permanentes, casi diarias, en todo el país con el objetivo de expresar su repudio a estas medidas y otras. En este marco, encontramos la no convocatoria a las elecciones de gobernadores, el dilatamiento de la realización de un referendo revocatorio sobre el ejercicio presidencial de Maduro y la oposición al reciente llamado del presidente Maduro de un proceso de reforma de la Constitución y, finalmente la incredulidad de realizar elecciones presidenciales el 2018.
[cita tipo=»destaque»]El escenario en donde se lleva a cabo esta disputa entre gobierno y opisición se da en el marco de una grave crisis política, económica, social y humanitaria. Crisis humanitaria expresada por una escasez de alimentos y de medicinas, crisis política e institucional que se expresa en el bloqueo de los poderes del Estado y una compleja situación de preservar los DDHH en el caso de los presos políticos. Todo esto, lleva a una agudización y polarización de las posiciones entre el gobierno y la oposición, expresado en las constantes movlizaciones sociales en pro y contra del gobierno.[/cita]
Este cuadro, ha tensionando fuertemente el escenario político nacional, catalogado por algunos analistas como “quiebre” institucional, o bién como un estado “dictatorial”, tiene un enorme repudio a nivel internacional. Los diferentes gobiernos de la región manifiestan constantemente su condena tajante a este “que hacer” del gobierno del presidente Maduro. Es así como la Unión Europea a través de Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo, denuncia la violación a los canones democráticos con la actuación del TSJ; el MERCOSUR, advierte acerca de la rúptura del orden constitucional y llama a restablecer las instituciones democráticas, a respetar las garantías individuales y los DDHH y a garantizar el cronograma electoral de este país. La OEA, organización que ha tenido fuertes discrepancias con el gobierno venezolano en los últimos meses advierte acerca de la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana en el caso de que Venezuela persista en la violación de los derechos constitucionales, invocando el capítulo IV, que dice relación al Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática. 19 países miembros de la OEA, aprobaron una resolución por consenso para denunciar una “violación del orden constitucional”. La cancillería venezolana ha expresado su determinación de abandonar la OEA y, ha iniciado los pasos en este sentido. Por su lado. el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, J.M. Vivanco constata: “La degradación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es tal que Nicolás Maduro ha optado por abandonar incluso su fachada democrática. Los hechos hablan por si solos” (www.latercera.cl ,13 de mayo de 2017)
Chile ha manifestado su desazón frente a esta situación. Recientemente la presidenta Bachelet daba su opinión al respecto: “La situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina, debemos defender la convivencia democrática de nuestras sociedades”. En este contexto, la cancillería Chilena llamó el pasado mes a su embajador, Pedro Felipe Ramírez a informar a las autoridades competentes, el embajador Ramírez hasta el día de hoy, no retorna a Venezuela. Habría que añadir, que el refugio que se le ha concedido en la Embajada chilena en Caracas, al lider opositor demócrata cristiano y presidente del COPEI y Vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Roberto Enríquez contribuirá a enturbiar las relaciones chileno-venezolana. El ex presidente Lagos, alerta sobre la posibilidad de que toda esta confrontación, termine en una guerra civil.
Resumiendo, el escenario en donde se lleva a cabo esta disputa entre gobierno y opisición se da en el marco de una grave crisis política, económica, social y humanitaria. Crisis humanitaria expresada por una escasez de alimentos y de medicinas, crisis política e institucional que se expresa en el bloqueo de los poderes del Estado y una compleja situación de preservar los DDHH en el caso de los presos políticos. Todo esto, lleva a una agudización y polarización de las posiciones entre el gobierno y la oposición, expresado en las constantes movlizaciones sociales en pro y contra del gobierno. Estas demostraciones de fuerza, virulentas de ambos sectores, pero con un uso desmedido de la represión de parte del gobierno, en este mes y medio de convulsiones sociales ha costado la vida a más de 40 personas y la cifra sigue aumentando. Las sentencias judiciales hacia los opositores políticos, como el caso de Henrique Capriles, lider opositor, gobernador del Estado de Miranda, dos veces candidato presidencial, y que el 2013 enfrentó al presidente Maduro, que ha sido inhabilitado a ejercer cargos públicos, muestran que el Estado de Derecho en este país, esta muy lejos de funcionar. Por consiguiente, podríamos finalizar señalando, que la democracia en este país, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y con pronóstico reservado.
