Señor Director:
Cumpliéndose casi 6 años desde aquel bello momento en que se pensó modernizar el Sistema de Protección Civil para enfrentar desastres, no puedo dejar pasar esta ocasión para reflexionar sobre el encabezado de esta carta.
Tras todo este largo tiempo, el proyecto original ha sido transformado en una especie de “Elefante Blanco”, tan ambicioso que genera altas expectativas, pero que ha olvidado dos grandes aspectos de nuestra cultura: nuestra realidad y nuestro presupuesto.
Nuestra realidad, y tal como señalaran al unísono la Presidenta, el Ministro y el Intendente, es que el Cambio Climático llegó para quedarse, (algo ya sabido, pero que parece el síndrome de “materia pasada, materia olvidada”). Esta realidad, sumada al “rápido olvido” de los fuertes desastres que han producido los eventos naturales o aquellos provocados por el hombre, dan cuenta no solo de que aún no entendemos que los desastres se producen por la vulnerabilidad de nuestros habitantes y no porque llueva mucho, y que el sistema entero tiene falencias conceptuales que dan paso a la descoordinación y a la emergencia de teorías tipo “hay que hacer todo de nuevo”.
Muchos dicen que justamente para ello está el nuevo proyecto, no obstante, no es menester señalar que primero debe haber un cambio de actitud y de conciencia tan grande en nuestros gobernantes – en todos los niveles político-administrativos- que a nadie le quepa duda de que Chile ha sido erigido, casi en su totalidad, sobre zonas vulnerables en algún grado a alguna amenaza de origen natural. Ciudades enteras cercanas o atravesadas por el cauce de un río, o bajo una cota adecuada en caso de tsunami, o incluso sobre alguna falla geológica como la Falla de San Ramón.
El propio Director de Onemi indicó en un Seminario recién realizado en Sofofa, que el Sistema Nacional de Protección Civil, como está ahora, funciona. Señaló que solo se requiere reforzarlo y potenciarlo, pero no era necesario un nuevo proyecto.
Por otro lado, nuestro presupuesto da cuenta de un excesivo centralismo que se traduce, entre otras cosas, en que el grado de descentralización fiscal, en función del gasto público de los gobiernos regionales dentro del gasto total del gobierno general, Chile se encuentra en un rango cercano sólo al 20% (Cetrángolo, 2006). Asimismo, un análisis de la evolución de la descentralización fiscal para el período 1996-2004 (Daughters y Harper, 2006), indica que Chile se encuentra entre los países de bajo grado de descentralización y con nulo o negativo crecimiento en el período de la participación de los gobiernos locales y regionales en el gasto público total. En este sentido, el nuevo proyecto requiere varios miles de millones de pesos anuales para su puesta en marcha y luego para su funcionamiento.
¿Que implica la descentralización en materia de desastres? Que no importa como vistamos al “Elefante Blanco”, tramitado eternamente en el Congreso, mientras no estemos dispuestos a descentralizar, efectivamente y con antelación, el presupuesto nacional para prevenir, mitigar y responder ante la ocurrencia de desastres.
Pero como la descentralización presupuestaria no ha sido eficiente, nos pasa lo que publica El Mercurio (14 de mayo 2016), que los Municipios destinaron en promedio solo $ 20 millones para emergencias en 2016. Ese dinero, si usted hace un cálculo simple, no alcanza para nada. Por supuesto, el resto del dinero que se gasta en desastres viene de Santiago.
Ante tal “desastre” aparecen entonces los “opinólogos” que creen que la solución pasa por que “los Militares se hagan cargo” o que “ya que los bomberos saben más de emergencias, que ellos se hagan cargo” o que “se necesita manejo político para dirigir el sistema”.
Sin ir más lejos, el nuevo proyecto, en su artículo 41 modificado, señala que el Jefe de la Emergencia -cargo que recaerá en el Director del nuevo servicio a nivel local, provincial, regional o nacional-, Cesará en sus funciones si es decretado estado de Excepción Constitucional, debiendo dar cuenta de las acciones realizadas, en el más breve plazo posible y sin formalidad. Recordemos que Estado de Excepción Constitucional es una situación en que se permite, por la propia Constitución, restringir las libertades individuales, recayendo el mando de las acciones en el Jefe de la Defensa, las que incluyen subsanar los efectos de la calamidad pública.
Entonces, este nuevo proyecto potencia la dualidad de funciones entre autoridades políticas y fuerzas militares, vale decir, que cada vez que se decrete estado de excepción constitucional, las fuerzas armadas asumirán el control total de la zona afectada, debiendo las autoridades políticas ponerse a disposición o colaborar con el Jefe de la Defensa o dar un paso al costado. Por supuesto viene la pregunta ¿Cuándo se decrete el estado de excepción y asuma el Jefe de la Defensa, los planes de gestión de cada comuna, provincia, región o nacional, serán utilizados o respetados por la autoridad militar? ¿Las fuerzas militares harán lo que saben hacer y para lo cual se entrenan permanentemente o se apegarán a los planes elaborados por civiles y que generalmente se encuentran desactualizados?
Las soluciones, tomando en cuenta el título de esta carta, deben pasar por fortalecer a las autoridades políticas con habilidades y/o capacidades de mando y gestión, liderazgo y trabajo en equipo, y por supuesto, habilidades comunicacionales y manejo de conflictos. Da lo mismo si los Jefes de la Emergencia son civiles o militares, bomberos o periodistas, políticos o apolíticos, lo que realmente importa es la capacidad de gestión que se adquiere en primer lugar a través de una formación académica universitaria, o equivalente, adecuada y en segundo lugar del conocimiento, al menos básico, del sistema nacional de protección civil y manejo de emergencias.
Estos Jefes de la Emergencia deben saber trabajar en equipo con el Jefe de la Defensa o las autoridades militares que apoyan el Desastre, deben dejar de lado intereses políticos y resentimientos, deben saber dirigir operaciones complejas y equipos de trabajo mixtos y muy diversos, deben ser excelentes facilitadores y no entorpecedores del fluido accionar de un COE y deben tener el rango de ministro, asumiendo que los desastres generalmente han involucrado una o más regiones.
Debemos entregar los fondos a las municipalidades para que creen sus departamentos o direcciones de gestión del riesgo de desastres y emergencias, con personal con dedicación exclusiva y recursos para afrontar los niveles I y II de una emergencia. Y entregarles recursos para que presenten proyectos de mitigación y preparación de acuerdo a sus realidades locales, no un “cheque abierto” para manejo de desastres, que probablemente vaya a parara a otras necesidades más urgentes y corto placistas de cada comuna.
Debemos entender quién manda, quien ejecuta y quien asesora, tal como señala el DS 156. Y en este sentido, es mi opinión, que las autoridades o Jefes de la Emergencia, ya sea en estado de excepción constitucional de catástrofe o sólo en zona de catástrofe (que no son lo mismo) deben ser del estamento Político-Administrativo respectivo, pero con la preparación en Gestión Operativa adecuada.
A estas alturas, de no ser por la Norma Sísmica, genialmente elaborada varias décadas atrás, con cada terremoto estaríamos en el suelo. Entonces resulta hasta ingenuo pensar en hacer gestión del riesgo mientras no subsanemos errores conceptuales del sistema.
En fin, debemos involucrarnos todos, ya que nos afecta a todos.
Ian Gorayeb
Observatorio de Reducción del Riesgo de Desastres
